04

Situación territorial de la región de Urabá

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Descripción del caso

Prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Apertura

Fecha: 

11 de septiembre de 2018
Lea el auto de apertura del caso

Víctimas acreditadas

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Guía para presentar informes

- perfil del caso -

La JEP abrió el caso 04, a través del Auto 040, el 11 de septiembre de 2018. Este caso prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. Este es uno de los tres casos territoriales que ha abierto la JEP junto con el del Norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca, y el de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en Nariño.

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En este caso se han analizado 29 informes, de los cuales 21 son de fuentes institucionales como la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los otros provienen de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual, de dos organizaciones de derechos humanos que relatan hechos de desplazamiento forzado y despojo, de tres organizaciones de derechos humanos y uno de una organización indígena.

Concretamente, el caso 04 estudia los hechos victimizantes ocurridos en los siguientes diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó).

En esos municipios, la Jurisdicción ha identificado hasta el momento, alrededor de 1.000 hechos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario agrupados cronológica y contextualmente de la siguiente manera:



La Sala de Reconocimiento hizo un análisis detallado de las víctimas en los diez municipios del Urabá e identificó su nivel de vulnerabilidad. La Sala tuvo en cuenta que, según la Unidad para las Víctimas, de los 747.340 habitantes del Urabá, 504.933 han declarado ser víctimas de la guerra.

Hasta la fecha, en el caso 04, han comparecido integrantes de los frentes 5, 34 y 57 del Bloque José María Córdoba de las Farc– EP y sus respectivas unidades móviles, así como miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional.


Conductas que investiga


El caso 04 ha identificado y agrupado los hechos en nueve conductas genéricas que fueron constantes en el marco del conflicto armado en la región de Urabá. Estas conductas, sin discriminar territorio o comunidad, impactaron gravemente la región y corresponden a:

  1. Muerte violenta.
  2. Desaparición forzada.
  3. Tortura.
  4. Desplazamiento forzado.
  5. Violencia sexual.
  6. Privación grave de la libertad.
  7. Métodos y medios prohibidos por el DIH.
  8. Omisiones de la fuerza pública.
  9. Daños ambientales y daños a bienes de la población civil.

Adicionalmente, el caso 04 indaga sobre los bienes adquiridos de manera ilegal, entre otros temas que comprometen el régimen de condicionalidad de los comparecientes.


Participación de las víctimas


En este caso se han acreditado 35.174 víctimas, la mayoría de ellas lo hicieron agrupadas, asociadas o como sujetos colectivos, que en total suman 103 y se dividen de la siguiente manera:

72 víctimas se han acreditado individualmente, entre ellas se encuentran personas LGBTI, mujeres víctimas de violencia sexual, una ex funcionaria pública elegida por voto popular, algunas víctimas de la masacre del barrio La Chinita y campesinos de la vereda Guacamayas.


Versiones


A la fecha, la Sala de Reconocimiento ha presidido 4 diligencias colectivas de Construcción Dialógica de la Verdad, que han permitido reconstruir el contexto de violencia en los periodos en los que se adelanta la investigación del caso, mediante metodologías de cartografía social y líneas de tiempo. Tres de estas diligencias se han desarrollado con comparecientes de las Farc EP en los ETCR de Urabá y Bajo Atrato, y una con comparecientes de la fuerza pública en Bogotá.

Igualmente, han rendido versión 16 comparecientes de la fuerza pública y 10 comparecientes de las Farc-EP, entre los que se encuentran los comandantes de los Frentes 5, 34, 58 y 57 que operaron en los municipios priorizados en este caso.

En estas versiones siempre se han generado escenarios de preguntas por parte de los apoderados judiciales de las víctimas que se encuentran acreditadas en el caso.


Medidas cautelares


La Sala de Reconocimiento de la JEP, ante la solicitud presentada por la Comisión de justicia y Paz, decretó medidas cautelares en favor de las comunidades habitantes del pueblo indígena del Alto Guayabal - Coredocito del resguardo Urada - Jiguamiandó, específicamente el Cabildo Mayor Cameruj y las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (municipios de Riosucio y Carmen del Darién).

Mediante Auto SRVR 175 del 30 de julio de 2019, la SRVR impartió órdenes a varias entidades públicas responsables institucionalmente de la protección a la vida, la seguridad y la integridad personal de estas comunidades, así como de toda la población habitante en la región de Urabá y bajo Atrato.

En cumplimiento de dichas medidas, las instituciones vinculadas han desplegado actividades conjuntas, articuladas y concertadas con las comunidades. Esto ha fortalecido su presencia en el territorio y ha mejorado las capacidades de autoprotección de estas comunidades.

En otras palabras, las medidas cautelares están repercutiendo positivamente, pues se ha disuadido en alguna medida a los actores armado de atacar a la población, han garantizado la participación de las comunidades reconocidas en el caso 04 como sujetos procesales y con ello se les está garantizando los derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición.

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