06

Victimización de miembros de la Unión Patriótica

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Descripción del caso

Este caso fue abierto a partir del Informe No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”; del Informe de la Corporación Reiniciar “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, y del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”.

Apertura

Fecha: 

26 de febrero de 2019
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Informes entregados

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Guía para presentar informes

- perfil del caso -

La JEP abrió el caso 06 el 26 de febrero de 2019. Este caso prioriza la situación de victimización de los miembros de la Unión Patriótica.

Para priorizar el caso 06, la JEP consideró los informes presentados por su Secretaría Ejecutiva, por la Fiscalía General de la Nación, por el Centro Nacional de Memoria Histórica y por la Corporación Reiniciar. Adicionalmente, estudió sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Unión Patriótica (UP) es un partido político que nació en 1985 en medio de los diálogos de paz de Uribe (Meta), entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur.

El partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y solo la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP.

La Sala de Reconocimiento consideró que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización. En el estudio previo del material disponible, la Sala de Reconocimiento constató la existencia de una violencia sistemática y generalizada contra los miembros del partido político Unión Patriótica (UP).

Asimismo, se identifica que los miembros de la UP fueron víctimas de hechos que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Distintas hipótesis en los informes señalan a agentes del Estado, a miembros de la fuerza pública, a civiles y a paramilitares de ser los responsables de estos hechos.

La Sala de Reconocimiento estableció que las víctimas de la UP son especialmente vulnerables por el papel social que desempeñaban (líderes, dirigentes, activistas, campesinos), por su condición de civiles (personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario) y por la aparente afectación sistemática a los Derechos Humanos de la que fueron víctimas debido a sus convicciones políticas.

El Estado colombiano, a través de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, ha reconocido a la UP como sujeto colectivo de reparación. El caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP cumple el criterio subjetivo de impacto relativo a la "afectación de sujetos colectivos". De hecho, el Consejo de Estado declaró dicho daño colectivo al señalar que la persecución por razones políticas sufrida por los miembros de la UP tuvo como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado la existencia de un déficit de justicia frente a la victimización de la UP caracterizada por "una impunidad con múltiples facetas: fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes; y una relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos".

Sobre el particular, el informe de la Fiscalía General de la Nación establece que ha habido avances significativos, aunque aún insuficientes sobre este fenómeno criminal. "De los 863 radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 906. En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59.21% de los casos, no han superado la etapa de investigación previa. Adicionalmente, 267 procesos, es decir el 33% de los casos, se encuentran en etapa de instrucción y 53 procesos, el 6.55% de los casos, están en juicio". Además, de las 246 sentencias proferidas, solo se ha condenado a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía.



Número de víctimas

El informe de la Fiscalía General de la Nación entregado a la JEP establece un universo de 1.620 víctimas fatales. Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 al 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones (esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho victimizante).

La Corporación Reiniciar también reporta información sobre 2.049 víctimas sobrevivientes de hechos de violencia como amenaza, tentativa de homicidio, tortura, violencia sexual y violación de garantías judiciales como la detención arbitraria o las judicializaciones infundadas, desplazamiento forzado y exilio.

Entre estas, 1.098 son víctimas de desplazamiento forzado y exilio, 353 lo son de amenaza, 249 de tentativa de homicidio, 151 de detención arbitraria, 116 de tortura, 80 de judicializaciones infundadas y 2 de violencia sexual”.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) identificó 6.201: documentó 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, en hechos ocurridos entre mayo de 1984 y diciembre de 2002. Señala además que, entre ellas, "3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia".

Los informes señalan que los perfiles de las víctimas de la UP están conformados por:

  1. La base campesina y obrera que actuó como agente de movilización social de la UP.
  2. Los militantes del partido ya fueran dirigentes nacionales o regionales o solo aquellos que participaban de manera activa, cuyo rol en la función pública agravó su vulnerabilidad pues los hizo visibles a los ojos de los aparatos criminales.
  3. Simpatizantes de la UP, es decir, personas que no militaban ni participaban activa o formalmente en el partido, pero tenían algún grado de afinidad.
  4. Personas que no pertenecían al partido, pero que sí compartían intereses o identidades de izquierda.

Instrucciones: Deslice el cursor sobre la gráfica para conocer la información en detalle.



Territorios donde se concentra la violencia contra la UP

Los cuatro informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país.

Según la Fiscalía "el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos". Y, como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra los miembros de la UP se presentó en 367 municipios, de los cuales 40 "concentran el 63,4 por ciento de las víctimas, es decir, 2 de cada 3".

Por eso, la Sala estimó que desde distintas hipótesis de victimización se puede dimensionar la gravedad de los hechos por la afectación sufrida por los miembros de la UP y sus familiares, y por el daño causado a la sociedad colombiana y la afectación a valores supremos como la democracia y la confianza cívica en las instituciones del Estado.

Instrucciones: El tamaño de cada círculo es proporcional al total de cantidad de casos entre 1984 y 2016 en los municipios señalizados. Deslice el cursor sobre los círculos para conocer la información en detalle.



Presuntos responsables

La Sala advierte que los informes señalan como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares que actuaron a través de diferentes alianzas criminales público-privadas.

La Sala estableció que 110 personas que se han acogido a la JEP o están en proceso de acogimiento están relacionadas con victimizaciones sufridas por miembros de la UP, las cuales incluyen miembros de la fuerza pública, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad y otros agentes del Estado.

La Sala de Reconocimiento le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que le remita las solicitudes de acogimiento de los exagentes y funcionarios del antiguo DAS y de los miembros de la fuerza pública vinculados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP o cuya vinculación con estos hechos se esté investigando, que solicitaron su acogimiento ante la Jurisdicción, con el fin de darle trámite prioritario a dichas solicitudes.



Proceso actual

En octubre de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en un ejercicio inédito, adelantaron una serie de jornadas de escucha de víctimas de la Unión Patriótica (UP) en el exilio.

En Ginebra, la Comisión y la JEP recibieron 16 informes orales y testimonios en profundidad de víctimas y sobrevivientes de España, Portugal, Suiza, Bélgica, Grecia, Suecia y Noruega, que dan cuenta de los hechos, el contexto, las consecuencias e impactos, así como las demandas de las víctimas respecto la verdad y la justicia.

Otras sesiones de escucha conjunta se han realizado en Canadá y en Buenos Aires, Argentina.

Las víctimas de la UP entrevistadas que se encuentran en el exilio tuvieron que salir de Colombia entre 1987 y 2004. Con estas jornadas se busca avanzar en el reconocimiento de su dignidad y garantizar la satisfacción de su derecho a la verdad y a la justicia de la que son titulares, en el contexto del trabajo independiente que ambas entidades desempeñan sobre el caso de la UP.

Además, recientemente la Sala de Reconocimiento acreditó como víctima al partido político Unión Patriótica que le permitirá conocer el expediente del proceso, participar en las versiones voluntarias, aportar observaciones, solicitar nuevas pruebas y tener representación jurídica y asesoría sicológica dentro del caso.

Además, la Sala de Reconocimiento ha acreditado a cuatro víctimas individuales y está estudiando más de 50 solicitudes.

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