COMUNICADO 133 de 2020

 

 

Así avanza la JEP en el caso que prioriza Urabá

 

  • 35.210 víctimas se han acreditado en el caso 04, Situación Territorial de la región de Urabá.
  • La JEP ha vinculado a 242 comparecientes de la fuerza pública, ex miembros de las Farc- EP y terceros civiles en este caso.
  • El caso 04 investiga nueve conductas ocurridas en el marco del conflicto armado. Una de estas es la violencia sexual, en la que se han identificado más de 400 hechos en los municipios priorizados.

 

​Bogotá, 06 de octubre de 2020. Dos años después de la apertura del caso 04 de la JEP, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá, la Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez, entrega un balance con los principales resultados:

 

  • Se construyó la herramienta Matriz Vsx 04 para ordenar, clasificar, agrupar y estructurar la información de hechos de violencia sexual contenidos en informes de organizaciones sociales, previamente sistematizados por el Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP.
  • Han sido procesados 7 informes de Violencia Sexual, entregados por las organizaciones a la JEP y con hechos victimizantes directamente relacionados con el Caso de Urabá. Esta información ya se encuentra en la Matrix Vsex 04.
     
  • Se han realizado 4 inspecciones judiciales, con el fin de avanzar la revisión de expedientes provenientes de Fiscalía General de la Nación y con el equipo de Violencia Sexual de la Unidad de Investigación y Acusación se ha establecido una ruta de trabajo, para el apoyo y búsqueda de seudónimos o nombres de guerra, información de las estructuras Farc-EP e información sobre unidades militares de la fuerza pública con operación en los municipios priorizados y su tránsito o permanencia en el lugar de los hechos durante las fechas específicas.
  • Se han acreditado 35.210 víctimas que corresponden a 103 sujetos colectivos: 9 Consejos Comunitarios; 1 sindicato; 3 organizaciones de campesinos; 19 comunidades con pertenencia étnica negra; sujetos colectivos indígenas pertenecientes a 71 comunidades, 69 territorios ancestrales y 4 pueblos indígenas [Embera (Dobida, Eyabida, Katio), Wounaan, Senú y Guna Dule]. Asimismo, como víctimas individuales se han acreditado 108 personas: 13 LGBTI, 5 hombres, 13 mujeres (7 violencia sexual), 37 integrantes del barrio la Chinita de Apartadó, 15 integrantes de la Vereda Guacamayas, 25 campesinos de las zonas de Tulapas, Macondo, Blanquiceth, Lomas Aisladas y Belén de Bajirá. Los territorios colectivos reconocidos como víctimas del conflicto armado se han estimado en 192.275 hectáreas.
  • Entre el 21 de noviembre de 2019 y hasta la fecha, la JEP ha escuchado en 35 diligencias de versión voluntaria a 30 comparecientes: 19 de estas a exmiembros de la fuerza pública, 10 a exmiembros de FARC-EP y 1 de terceros civiles.
  • Se ha vinculado a 241 personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (Ejército Nacional), exmiembros de Farc-EP como comparecientes obligados y 1  tercero civil que se presentó voluntariamente, y se ha corrido traslado de los informes que los comprometen con el caso, para retomar la citación y práctica de versiones voluntarias de forma virtual o mixta en atención a criterios de seguridad, conectividad de comparecientes y víctimas y niveles de riesgo por COVID 19, monitoreados de forma conjunta por la Secretaría Ejecutiva y la UIA- Prevención de riesgos.
  • La Sala de Reconocimiento ha presidido cinco “Diligencias colectivas de construcción dialógica de la verdad" con los comparecientes notificados, centradas en los primeros diez años del conflicto armado en Urabá.

  •  Se han expedido 193 autos de trámite solicitando información, ampliación y/o coordinación interinstitucional.
  • Se han ordenado y practicado inspecciones judiciales a por lo menos 284 expedientes y han sido incorporados 30 informes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos al expediente del caso.

​Estos son los municipios que prioriza el caso 04 de la JEP 

El Caso 04 de la JEP prioriza e investiga graves violaciones a los derechos humanos en la región de Urabá entre el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, en los municipios Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Departamento de Chocó, cometidos presuntamente por miembros de las Farc-EP e integrantes de de la fuerza pública.