JEP avanza en estudio de medidas cautelares en el resguardo indígena de San Lorenzo (Caldas)

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad escuchó en audiencia territorial a más de una decena de víctimas, organizaciones e instituciones que precisaron los riesgos que se ciernen sobre los lugares de posible inhumación de personas no identificadas.

Atendiendo todos los protocolos de bioseguridad, solicitados en medio de la emergencia por el Covid-19, la Sección de Ausencia de Reconocimiento escuchó las demandas de verdad y justicia de los miembros de la comunidad indígena de San Lorenzo. La magistra Reinere de los Ángeles Jaramillo, el gobernador indígena José Jairo Tapasco, el magistrado Alejandro Ramelli y la magistrada María del Pilar Valencia.

Arahugo Gañán, representante de los exgobernadores del resguardo indígena de San Lorenzo, les dijo a los magistrados de la JEP durante su intervención: “Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”.

La JEP llegó al municipio ante la solicitud de proteger posibles lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada que se hallarían en 18 puntos de interés forense identificados por la comunidad en el resguardo indígena San Lorenzo.

La JEP constató el insuficiente conocimiento y apropiación de las entidades territoriales sobre las funciones relacionadas con la inhumación, custodia y conservación tanto de cuerpos no identificados como de cuerpos identificados que no han sido reclamados.

Con un ritual de armonización, la comunidad indígena San Lorenzo (Caldas) hizo un homenaje de memoria de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

“Agradecemos la importancia de esta audiencia de la JEP para el pueblo Embera de nuestro territorio ancestral", dijo José Jairo Tapasco, gobernador del resguardo indígena San Lorenzo, mientras a su lado estaba la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo.

Para responder a la actual emergencia sanitaria, la JEP convocó una audiencia semipresencial. Mientras 50 personas de la comunidad se ubicaron en el Centro de Pensamiento del resguardo los funcionarios expusieron sus informes vía internet.

Luis Arbey Gañán, consejero del CRIDEC, aseguró: "Tenemos 126 desaparecidos aquí en San Lorenzo. En los otros resguardos estamos en conteo para ver cuántos han desaparecido".

Al cierre de la jornada, la Sección encontró que el cumplimiento de algunas competencias del Estado con estas comunidades se ve limitada por una confusión en torno al funcionamiento y autonomía de los pueblos indígenas para regular su vida interna y administrar sus territorios. Aquí las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo y María del Pïlar Valencia.

Entre las decisiones que adoptó la Sección, ordenó al Ministerio del Interior capacitar a las autoridades del nivel territorial sobre sus funciones relativas a cementerios y en especial sobre la inhumación, conservación y custodia de cuerpos no identificados y cuerpos identificados que aún no han sido reclamados.

A la parroquia de San Lorenzo la Sección le ordenó restringir el ingreso al cementerio de esta localidad mediante: 1) El aseguramiento de sus puertas y otros puntos de acceso. 2) El establecimiento de horarios para visitas y 3) La implementación de un control de acceso durante los horarios de visitas. La JEP recibió el informe ‘Somos memoria’.

Durante un receso, los magistrados de la JEP que dirigían la audiencia, rindieron un homenaje a las víctimas que se hallarían en uno de los puntos identificados por la comunidad en el cementerio del resguardo indígena de San Lorenzo.

Tras escuchar a más de una decena de víctimas, organizaciones e instituciones del orden nacional y departamental, la JEP encontró, por ejemplo, que en el caso de la Unidad de Víctimas no se reportan los hechos de desaparición forzada declarados por víctimas del resguardo.