​NOTA DE PRENSA 


JEP CITA A AUDIENCIAS PÚBLICAS EN SAMANÁ, CALDAS, Y PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA

 

Bogotá, 11 de agosto de 2021. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a dos audiencias públicas en los departamentos de Caldas y Antioquia para recaudar la información sobre una posible extensión del tiempo de las medidas cautelares sobre lugares donde se presume la existencia de cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada.

 

La primera diligencia se realizará los días 22 y 23 de septiembre de 2021 en el municipio de Samaná (Caldas) y la segunda, se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de 2021 en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia).

 

Para ambas audiencias fueron citados el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organizaciones regionales de víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el Equipo Colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia Psicosocial (EQUITAS), el Centro de estudios sobre el conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT) de la Universidad de Caldas, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y otras entidades del Estado.

 

Además, deberán asistir los administradores de los cementerios Central de Nuestra Señora del Carmen, de Norcasia; San Agustín y San Diego, de Samaná; San Maximiliano María Kolbe y cementerio Pradera, en Victoria; el Cementerio Central, de La Dorada; y el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío; Antioquia.

 

En articulación del Sistema Integral para la Paz, a la fecha se han logrado realizar acciones humanitarias en los lugares que han sido objeto de las medidas cautelares, concertadas con la JEP. En ellas, se logró la recuperación de cuerpos del cementerio San Agustín de Samaná que se encuentran en proceso de identificación, y la recuperación de cuerpos ubicados en celdas de custodia en el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío, que habían sido exhumados sin orden judicial y se encuentran en proceso de identificación.

 

El estudio para decretar las medidas cautelares se originó ante la petición de protección a lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR) de víctimas del conflicto armado realizada por el MOVICE, a través de Auto AT- 009 de 10 de mayo de 2019.