COMUNICADO 048 de 2021

 

La JEP rechaza el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña en Caldono (Cauca)​

 
- Cada asesinato de un líder o lideresa social, afecta sus derechos y los de sus familias, priva a los colombianos de importantes voces de liderazgo y compromete la consecución de una paz estable y duradera.
- La Jurisdicción Especial para la Paz exhorta al Estado a evaluar si son suficientes, eficaces e idóneas las políticas que se han adoptado para proteger a los líderes sociales.
 
Bogotá, 20 de abril de 2021.  La Jurisdicción Especial de para la Paz lamenta profundamente el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, en el municipio de Caldono (Cauca). Además, se solidariza con su familia por su pérdida y los momentos de angustia y dolor que enfrenta el pueblo Nasa por cuenta de este atroz crimen.
 
A los miembros del resguardo indígena La Laguna - Siberia, en el territorio ancestral Sat Tama Kiwe, este martes la violencia les arrebató a una mujer que luchó incansablemente por la verdad y la justicia para la paz, que se opuso, hasta sus últimos días, a la presencia de actores armados en su territorio, que trabajó por fortalecer la cultura y por rescatar los saberes ancestrales de su pueblo.
 
Para el pueblo Nasa las mujeres son Uma, es decir, tejedoras de vida. Y, en este caso, cuando ejercen el cargo de autoridad Ne´jwexs, son el máximo referente de orientación y portadoras de la palabra mayor en nombre de su pueblo. Por eso, el asesinato de la gobernadora indígena, que también era madre, hermana, lideresa y autoridad, debilita enormemente los procesos en la comunidad.
 
Sandra Liliana Peña era una de las 178.217 víctimas acreditadas ante la JEP. Participó activamente dentro del Caso 05 que priorizó la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle. Allí, la Sala de Reconocimiento investiga las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por todos los actores armados.
 
La violencia paraliza procesos y fortalece la barrera de acceso a la justicia transicional. Con el asesinato de la gobernadora indígena en Cauca, se afecta directamente el trabajo de la JEP a la hora de llevar justicia, con un enfoque étnico, pero también de género, a estos territorios que históricamente han sufrido la crudeza del conflicto armado.
 
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz y hasta el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha identificado 904 líderes asesinados. Cada crimen vulnera sus derechos y los de sus familias, priva a los colombianos de importantes voces de liderazgo, transformación social y compromete la consecución de la paz estable y duradera.