"Son muchas las acciones, decisiones y actuaciones
realizadas y adoptadas por la Jurisdicción en los últimos 10 meses":
Patricia Linares, presidenta de la JEP
Con motivo del primer año de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, su presidenta, Patricia Linares, entregó el siguiente balance:
"Bogotá, 16 de enero de 2018. Hace un año, con gran expectativa, inició sus funciones la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Gran parte del país le abría las puertas a un nuevo y novedoso sistema en el cual cifra sus esperanzas de un presente y un futuro ajeno a los dolores irreparables de la guerra. En paralelo, otra gran parte del país ratificaba su falta de confianza frente a un modelo desconocido, inédito, sobre el que pesa la incertidumbre de generaciones que vieron naufragar otros intentos de paz.
Ha sido un camino complejo, difícil, como sólo puede serlo el camino que como sociedad debemos recorrer para dar el paso definitivo, añorado durante medio siglo, de la irracionalidad de la guerra a la humanidad de la paz.
Un año intenso durante el cual hemos debido, de manera célere pero rigurosa, construir los cimientos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, al que se le impone el difícil reto de garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad a una verdad plena, reparadora, que garantice no impunidad, memoria, no repetición y allane el camino a la reconciliación.
Creo firmemente que este propósito es común y nos une a todos y cada uno de quienes nos decimos y sentimos colombianas y colombianos, cosa diferente es que coincidamos o no en cómo alcanzarlo, por eso la suscripción del Acuerdo Final de Paz y el desarrollo normativo y jurisprudencial del mismo, ha sido el avance histórico fundamental y definitivo para iniciar la compleja ruta al postconflicto.
A partir de ese Acuerdo y su incorporación en la Constitución Política, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición hoy es una realidad que día a día se abre paso. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV); la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; y la JEP, son hoy realidades jurídicas y éticas, que avanzan articuladamente con el único y principal propósito de contribuir a la paz y a la reconciliación de Colombia.
Por eso, la respuesta desde la Jurisdicción para unos y otros sectores, no puede ser otra que nuestras propias actuaciones y decisiones, las cuales, en tanto jueces, se supeditarán, como hasta ahora, siempre e inequívocamente a la Constitución y a la ley, pues nuestra responsabilidad implica desarrollar un modelo de justicia, atípico, transicional, de rango constitucional, que responda a la confianza de quienes desde los inicios del proceso han creído en él y la afiancen, y venza el escepticismo de aquellos sectores que lo cuestionan.
Eso y sólo eso consolidará la legitimidad que necesitamos y que reclaman las víctimas, la sociedad y la Comunidad Internacional que generosamente ha volcado todos sus esfuerzos para que la paz estable y duradera en Colombia se haga realidad. Ese proceso de construcción de confianza y legitimidad, a un año escaso de que la Jurisdicción iniciara sus funciones, presenta resultados tangibles y demostrables, algunos de los cuales queremos compartir hoy con ustedes.
El primer resultado tiene que ver con el reconocimiento de un universo aproximado de 32.200 de víctimas en los cinco grandes casos que ya están en marcha en la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, la que los seleccionó y priorizó, a partir de dos criterios: (1) los tipos de victimización que azotaron al país durante cinco décadas, afectando la conciencia nacional y universal, como la retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP (Caso 001) y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (Caso 003); y (2) el impacto devastador que sufrieron extensos territorios y comunidades altamente vulnerables que se convirtieron en víctimas de múltiples formas de violencia en el Suroccidente de Nariño (Caso 002), en el Urabá antioqueño y chocoano (Caso 004) y en el Norte del Cauca (Caso 005).
El segundo resultado que nos anima es la participación efectiva de 105 víctimas en el marco de las 13 audiencias públicas y privadas convocadas por las diferentes Salas de la Jurisdicción, en las cuales han tenido la oportunidad de ser oídas y atendidas con el máximo respeto y consideración a su dolor y a sus historias de resistencia y resiliencia.
El tercer resultado se concreta en 168 informes recibidos por parte de diferentes actores, incluyendo instituciones del Estado, de los cuales 62 han sido elaborados por organizaciones sociales, por las propias víctimas y las organizaciones que las representan, que han querido confiarle a la Jurisdicción la verdad de la que son depositarias, para que con ella avancemos en el cumplimento de nuestras funciones: administrar justicia restaurativa, que significa reparar integralmente a las víctimas escudriñando en las causas estructurales de la confrontación, lo que se traduce en ofrecerles una verdad plena y reparadora y sanciones rigurosas supeditadas estrictamente a los dictados de la Constitución y la ley; todo ello orientado a la reconstrucción del tejido social de la población y de los pueblos que debieron afrontar la guerra, así como a la reconciliación.
Pero también necesitamos construir confianza y legitimidad entre los comparecientes, pues el modelo que aplicamos se fundamenta en el principio constitucional de buena fe que soporta el paradigma de sociedad consignado en la Carta Política de 1991, aplicado entre las partes que negociaron el Acuerdo Final, lo que hizo posible que éste se materializara, y que ahora impregna el desarrollo de las funciones a cargo de la Jurisdicción, dada la premisa principal que opera en el ámbito no adversarial de la Jurisdicción: la voluntariedad del sometimiento. Ese proceso nos permite reportarle a las víctimas, al país y a la Comunidad Internacional, que 11.661 personas han suscrito acta de sometimiento ante la Jurisdicción, de las cuales:
- - 9.687 corresponden a comparecientes provenientes de las FARC-EP, de los cuales el 99% han acudido y atendido los requerimientos de la JEP.
- - 1.938 corresponden a integrantes de la Fuerza Pública, que han solicitado su admisión a la Jurisdicción, número que se incrementó con la suscripción de 42 nuevas actas de compromiso incluso después de expedida la Ley 1922 de 2018, cuyo artículo 75 estableció su no comparecencia forzosa durante 18 meses.
- - Similar situación se presentó con los Agentes del Estado y terceros, que si bien sólo serán competencia de la JEP si acuden voluntariamente, de manera significativa han acudido a ella, tramitándose actualmente 38 solicitudes.
- - Estos avances se han hecho con estricto cumplimiento del marco normativo que se nos impone, constitucional y legal, y acudiendo a novedosos instrumentos con los que nos dotó la Constitución y la ley, el de la movilidad, por ejemplo, que nos permite tener hoy una Jurisdicción en pleno funcionamiento con todos su magistrados y magistradas, junto con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), cumpliendo funciones judiciales en sus respectivas Salas y Secciones, apoyándose unas a otras, todo ello posible gracias al esmerado y comprometido trabajo de nuestra Secretaría Ejecutiva.
- - Teniendo presencia en los territorios, en los cuales, en menos de 10 meses, se han fortaleciendo las relaciones con las organizaciones sociales y los entes territoriales en 19 zonas del país; asesorando a las víctimas para la elaboración de informes escritos y orales; compartiendo con ellas los instrumentos que paulatinamente se diseñan para el cumplimiento de nuestras tareas, impulsando, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución Política, la consulta con las comunidades étnicas en tanto receptoras de los más graves impactos de la guerra, y abonando mecanismos para articular con las distintas jurisdicciones, incluida la Jurisdicción Especial Indígena.
Durante este primer año hemos debido desarrollar el proceso de alistamiento que exige la puesta en marcha de la Jurisdicción y a la par, no obstante las dificultades que ello supone, producir decisiones judiciales en cumplimiento de nuestras funciones y competencias.
Sabemos que algunas de esas decisiones son reclamadas como urgentes, las mismas, como todas las que nos correspondan, se adoptarán con el máximo rigor jurídico, serán producto del ejercicio judicial autónomo e independiente que se le impone a un juez que actúa en democracia, y serán ajenas a presiones mediáticas o políticas que, aunque en algunos casos entendibles, no pueden interferir nuestra tarea, pues el costo pondría en riesgo el proceso mismo y desconocería la esencia de nuestro mandado y por ende de nuestro ordenamiento superior.
Las víctimas, el país, los distintos poderes públicos, la Comunidad Internacional, quienes apoyan el proceso y quienes mantienen reservas sobre él, pueden tener la certeza y la tranquilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz actúa y actuará respetando el Estado de Derecho y el marco normativo nacional e internacional que se le impone.
Somos una Jurisdicción de Paz, no de venganza o retaliación, nuestro cometido es la verdad plena como presupuesto necesario para la reparación integral de casi 9 millones de víctimas y el aporte a la superación de las causas estructurales de una guerra interna que ha cobrado más de 280 mil víctimas mortales, más de siete millones de desplazados internos, medio millón de refugiados y exiliados alrededor del mundo, 84 mil desaparecidos, 37 mil secuestrados, 15 mil víctimas de violencia sexual y 9 mil víctimas de minas antipersona y munición sin explotar, entre otras.
Nuestra competencia es sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cuya barbarie degradó el conflicto y comprometió la responsabilidad de miles de colombianas y colombianos hoy comparecientes. Esta responsabilidad, frente a conductas no amnistiables, desde luego, debe analizarse y tramitarse para efectos de verdad y sanción de manera simétrica, simultánea pero diferenciada, para eso contamos con dos Salas especializadas cuyos resultados dan cuenta de las reales posibilidades de administrar justicia restaurativa, distinguiendo el origen de los actores, que satisfaga plenamente los derechos de las víctimas y contribuya a la reconciliación.
El trabajo durante este año ha sido intenso, los debates diarios, los cuestionamientos reiterados, todo ello lo hemos recibido teniendo presente que las diferencias, mientras se tramiten acudiendo a los cauces que para el efecto establecen la Constitución y la ley, servirán para consolidar el Sistema y avanzar en el propósito final que es la paz. Seremos receptivos a la observación respetuosa, a la divergencia, a la sana crítica, sin que ello implique renunciar a la autonomía e independencia a la que estamos obligados los servidores públicos que administramos justicia.
En la fortaleza del Estado Social de Derecho se ha soportado la Jurisdicción Especial para la Paz para avanzar en su proceso de implementación y consolidación. Han sido fundamentales en ese propósito las víctimas y todos los poderes públicos, que asumiendo con responsabilidad sus funciones, y desde la diferencia frente al proceso de paz, le han aportado al mismo.
Especial reconocimiento debo hacer a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, que con el más profundo sentido democrático han aportado desde el cumplimiento estricto de sus funciones a la paz del país.
A la Fiscalía, especialmente a los equipos de trabajo de esa entidad, que con el máximo de dedicación y rigor han elaborado más de 17 informes que constituyen importantes insumos para la construcción de los casos que debe tramitar la JEP.
También a los órganos de control, a la Procuraduría General de la Nación que asumió de manera acuciosa su función de representante de la sociedad y titular de las funciones de Ministerio Público; a la Contraloría General de la República que vigila con esmero los recursos asignados a la Jurisdicción; a la Defensoría del Pueblo que apoya nuestro trabajo en las regiones.
Al Congreso de la República, que ha propiciado profundos y complejos debates que, estoy segura, seguirán aportando a la consolidación del proceso y del modelo de justicia transicional por el que optó Colombia.
A aquellos medios de comunicación que, de manera responsable, acogiendo los dictados del artículo 20 de la Constitución, informan, observan, siguen y controlan el proceso de implementación.
Pero especialmente debo agradecer a miles de víctimas que a diario se comunican con nosotros pidiéndonos verdad, reparación, dignificación y visibilización, conceptos que integran su noción de justicia, noción que han construido a partir del dolor y que las hace especialmente comprometidas y solidarias con el Proceso de Paz.
Son muchas las acciones, decisiones y actuaciones realizadas y adoptadas por la Jurisdicción en los últimos 10 meses. Mis colegas compartirán con ustedes de manera sucinta ese balance y lo que proyectamos para el año 2019, información que encontrarán desagregada y detallada en nuestra página web, la cual les invito a consultar.
Maestra Doris Salcedo, sabe usted porque se lo expresamos, la impresión profunda y vital que tuvimos al conocer su obra, creo que solo una artista como usted, empeñada en hacer del arte un vehículo que nos acerque a la paz, podía confrontarnos con la necesidad de entender que el único camino certero a la paz es enterrar la guerra sin olvidar el horror que ella produce para no repetirla.
Por eso quisimos realizar este primer encuentro en este solemne lugar que estremece, que conmueve, que confronta, un lugar que activa la memoria brindando alternativas, un lugar que servirá para evitar que el horror de la guerra nos haga perder la capacidad de conmovernos, como decía la filósofa Hanna Arendt, "nada de lo que usemos, escuchemos o toquemos podrá expresarse en palabras de igual manera a como lo percibimos a través de los sentidos".
"Fragmentos" nos recordará siempre que la apuesta por la construcción de la paz debe comenzar por darnos la oportunidad de sentir el inconmensurable dolor que deja consigo el paso de la guerra, ese dolor que hoy sienten más de 164 familias de los líderes sociales y las víctimas que han sido asesinadas en los últimos meses, a ellas nuestro reconocimiento y solidaridad y el llamado categórico de nuestra parte para que nos unamos como sociedad y las defendamos, contribuyendo así a que se silencien definitivamente los fusiles".
CONSULTE LAS PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA JEP,
CON MOTIVO DEL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA ENTIDAD.
Discurso de Patricia Linares, Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, a un año de la JEP.pdf
