COMUNICADO 137 DE 2021

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MÁS DE 300.000 VÍCTIMAS SE HAN ACREDITADO EN LOS 7 GRANDES CASOS QUE INVESTIGA LA JEP

 

-  Durante la última rendición de cuentas de 2021, realizada en Bogotá, la JEP entregó un balance de gestión de la entidad.

- A 13.311 se elevó el número de comparecientes sometidos ante la JEP que se comprometieron a entregar verdad plena, exhaustiva y detallada y a atender los llamados del Sistema Integral para la Paz.

 

Bogotá, 13 diciembre de 2021. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) superó con sus investigaciones y hallazgos el umbral de verdad conocido hasta ahora por el país, y avanza en el esclarecimiento de los hechos más graves y representativos ocurridos en la guerra. Con contundencia la JEP continúa trabajando para impartir justicia a los máximos responsables de los crímenes más atroces, y con ello aportar en la construcción de un mejor futuro para los colombianos. 

 

Solo en el último año, la JEP ha hecho imputaciones sin precedentes contra los responsables de los peores crímenes ocurridos en el conflicto. Tanto en el caso 01, conocido como el de secuestro, así como en el 03, que investiga los 'falsos positivos', los comparecientes han empezado a reconocer responsabilidad y se han comprometido a reparar el daño causado a las víctimas. Otros están por hacerlo, y si no lo hacen y son vencidos en juicio, se exponen a sanciones con penas de cárcel de hasta 20 años.

 

Para llegar hasta este punto ha sido determinante la labor de la magistratura, de la Secretaría Ejecutiva, que soporta toda la operación administrativa de la entidad (y representa a las víctimas y comparecientes ante la JEP), y el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación de la entidad.

 

En esta tarea, la JEP ha consolidado su presencia en los territorios y este año abrió su oficina territorial en Turbo (Antioquia). Esta se sumó a las otras que ya operan en Bucaramanga, Medellín, Pasto, Quibdó, Villavicencio, Corozal, Cúcuta, Neiva y Florencia.

AVANZA LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD PARA HACER JUSTICIA

 

Entre las cifras presentadas que dan cuentan del trabajo de la entidad, hay que destacar los 13.311 comparecientes que ya se han sometido ante la JEP y que vienen siendo vinculados a los 7 macrocasos que investiga la Sala de Reconocimiento. De ellos, 9.819 son exintegrantes de las Farc, 3.329 de la fuerza pública y 151 terceros civiles.

 

Aunque la mayoría de comparecientes continúa por el camino dialógico, este año, tanto dentro del caso 01 así como el 03, se dieron las primeras tres remisiones a la Unidad de Investigación y Acusación de comparecientes que no asumieron su responsabilidad frente a las imputaciones que les hizo la Sala de Reconocimiento. Ellos iniciarán la ruta adversarial dentro de la Jurisdicción.

 

La JEP ha asumido con determinación los casos de quienes no contribuyen a los objetivos de la paz y ha actuado con severidad. En total, se han adoptado 53.011 decisiones judiciales, entre estas, las de la expulsión de 36 personas, que incumplieron gravemente sus obligaciones.

 

Además, se han realizado 941 sesiones de versiones voluntarias en las que la magistratura ha recogido los testimonios de por lo menos 958 comparecientes, a fin de avanzar en el esclarecimiento y sanción de los crímenes que investiga.

 

Más de 486 informes, entregados a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, ilustran la confianza que depositan en la JEP quienes más sufrieron los vejámenes del conflicto. De hecho, la Jurisdicción amplió hasta el 21 de marzo de 2022 la fecha límite para que ellas continúen presentando sus informes. Pero esa no es la única vía con la que cuentan para sumar su voz en el proceso judicial. Son más de 300.000 víctimas las que se han acreditado para participar y 4.719 las que han sido representadas ante procesos judiciales de la Jurisdicción.

 

En 2021, la JEP siguió desenterrando la verdad e intervino cementerios en Antioquia, Sucre y Caquetá. Luego de avanzar en la investigación de los casos 03, conocido como el de 'falsos positivos', así como el 04 que prioriza la región de Urabá, se completaron 13 entregas dignas de cuerpos, además se han adoptado más de 26 medidas cautelares de protección en zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.

 

Durante la presentación de la rendición de cuentas que la JEP llevó a cabo este lunes en Bogotá, el Secretario Ejecutivo de la entidad, Harvey Suárez; el presidente de la Sección de Apelación, el magistrado Danilo Rojas; Giovanni Álvarez, director de la UIA y Mireia Villar Forner, coordinadora residente interina de la ONU en Colombia, adelantaron un diálogo sobre la presencia territorial de la Jurisdicción, sobre cómo el alto tribunal garantiza la centralidad de las víctimas y qué se está haciendo para ofrecer garantías a quienes allí participan.

 

“La JEP se propuso ubicar a las víctimas en el centro del proceso y, luego de cuatro años, podemos decir que esa apuesta ha sido exitosa. Esta afirmación se sostiene en el número de acreditaciones, la intensa participación de ellas en los macrocasos, la presentación de informes y la formulación de observaciones a las versiones. Continuaremos actuando con eficiencia y con el mayor compromiso en el cumplimiento de los deberes consignados en la Constitución para que todas estas condiciones se mantengan", señaló Harvey Suárez.

 

Por su parte, Giovanni Álvarez hizo énfasis en el lanzamiento del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, a cargo de la UIA, que busca alertar sobre las atrocidades del conflicto que se mantiene y mitigar los riegos de los colombianos que participan activamente del modelo de justicia transicional. De acuerdo con los reportes que entregó el director de esta dependencia de la JEP, este año se ha realizado la caracterización y diagnóstico de 15 sitios de interés forense en el país en los municipios de San Onofre, Norcasia, Samaná, Puerto Berrío, Aguachica, Neiva, Marsella y San José del Guaviare. Además, se dio trámite a 1.364 solicitudes de protección de intervinientes ante la JEP, 589 de ellas, durante el 2021.

 

UNA JUSTICIA MÁS DIGITAL

 

La Secretaría Ejecutiva, por su parte, avanza con pasos agigantados en la consolidación del buscador especializado que facilita el acceso público de las decisiones de la JEP: Relati. Este cuenta con más de 20.000 visitas y 8.000 búsquedas de providencias judiciales. A través de esta herramienta tecnológica de fácil acceso, los colombianos pueden consultar en línea sentencias, protocolos y otros documentos que produce la Jurisdicción.

 

Pero la apuesta tecnológica se ha dado en todos los niveles. La JEP también cuenta con su propio sistema de gestión: Legali, que cuenta con más de 14 millones de folios digitalizados, que permiten consultas simultáneas y la ejecución de tareas paralelas entre las diferentes instancias involucradas en las investigaciones en esta Jurisdicción.

 

“El presupuesto apropiado por la JEP para la vigencia fiscal 2021 es de 337.548.287.686 de los cuales 218.390.800.000 corresponden a gastos de funcionamiento y 119.157.487.686 a gastos de inversión. La apuesta por una justicia más digital ha permitido que la JEP siga adelante con su mandato, mitigando las restricciones derivadas de los limitados recursos. En ese contexto, a 30 de octubre los compromisos presupuestales logrados fueron del 84% lo que nos ha permitido avanzar en lo trazado", agregó Suárez.

 

TEJIENDO PAZ

 

Desde la firma del Acuerdo de Final de Paz, Colombia ha vivido una reducción importante en los índices de violencia. También les ofreció a miles de víctimas un escenario inédito en el que reivindican sus derechos a la verdad y a la justicia. Muchas de ellas han dado testimonio de cuán satisfechas y dignificadas se sienten con su participación en la JEP. Los comparecientes, por su parte, adquirieron la oportunidad de volver sobre su pasado, reconocer los delitos cometidos y reiniciar su vida lejos del conflicto.

 

El Acuerdo de Paz permitió que surgiera una sociedad renovada y mejor. Por eso, la JEP seguirá trabajando por cerrar las heridas del conflicto armado, manteniendo la centralidad de las víctimas, y aportando, desde la justicia transicional, a acabar con décadas de impunidad.