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Palabras de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz en el evento: "La JEP dignifica a las víctimas"



 

El mandato constitucional de la JEP, que emana del Acuerdo Final para una paz estable y duradera, vigente desde el 1 de diciembre de 2016, establece que su razón de ser y su principal propósito son las víctimas y sus derechos, más de 10 millones de colombianos y colombianas, que sin distingo han sufrido las consecuencias de una guerra que se ha prolongado por más de medio siglo.

La primera víctima de la guerra es la verdad, señalaba en los albores de la segunda guerra mundial el congresista estadounidense Warren Johnson, por eso y para cumplir con su mandato la jurisdicción debe arribar a la verdad plena de lo ocurrido: obtenerla, reconstruirla y con ella dignificar a las víctimas, escudriñar en las causas que originaron el conflicto; identificar y sancionar a los máximos responsables de los delitos más graves acaecidos en medio de la que sin duda ha sido una confrontación armada prolongada, cruenta, irregular, que como tal ha contribuido a minar, pero no ha destruido, como lo advirtiera el gran escritor Henry Miller, el espíritu de una sociedad que ha hecho de la resiliencia su fortaleza.

Hoy, 15 de enero del 2020, se cumplen dos años de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, 24 meses de un trabajo sin tregua que hemos cumplido los tres componentes de la JEP: la Magistratura, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Investigación y Acusación.

Desde el primer día nos comprometimos a presentar anualmente un informe de nuestro trabajo, de los avances y realizaciones, de las metas propuestas y cumplidas, de las dificultades sorteadas y de las proyecciones a futuro.

Somos un modelo de justicia transicional, como tal excepcional y con un horizonte de tiempo definido: 10 años prorrogables por 5 más para cumplir a cabalidad con el propósito de administrar justicia restaurativa y contribuir, como órgano de cierre judicial, a la terminación del conflicto. Por eso es tan importante que periódicamente el país sepa cómo hemos avanzado en un camino tan difícil como difícil es terminar una guerra.

Hoy por segunda vez quisimos invitarlos para cumplir esa promesa, compartiremos con ustedes los avances logrados durante el año pasado, avances de los que nos sentimos orgullosos pues son cimientos sólidos, firmes, que nos permiten asegurar que cumpliremos a cabalidad con nuestras obligaciones éticas y jurídicas como jueces de transición y que así honraremos la confianza que han depositado en nosotros.

El año pasado, en este mismo recinto, que llama a una profunda reflexión, gracias Maestra Doris Salcedo, les contábamos cómo crecía el número de comparecientes sometidos a la jurisdicción y el número de víctimas que depositaban su confianza en nosotros; del progreso en la formulación del marco normativo necesario para el cumplimiento de nuestras tareas; de los avances en el diseño y puesta en marcha de los diferentes sistemas que soportan la operación de la jurisdicción: sistema de información, sistema de monitoreo y vigilancia de los comparecientes, sistema de asesoría jurídica y psicosocial para las víctimas, sistema autónomo de defensa de los comparecientes entre otros, todos los cuales actualmente se encuentran en proceso de consolidación.

Hoy damos cuenta de avances significativos y definitivos alcanzados en el 2019, uno de ellos el cierre del proceso de diseño y aprobación del marco normativo que nos rige.

La sentencia C-080 de la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la JEP, fue promulgada el día 15 de agosto de 2018. Esperábamos entonces la sanción inmediata de la misma para acelerar el cumplimiento de nuestras tareas y el desarrollo de los macrocasos priorizados, ello porque somos conscientes de la necesidad de agilizar al máximo nuestra operación, sin que esto implique sacrificar el rigor y el sometimiento estricto que como jueces se nos impone a la Constitución y a la Ley.

No obstante, en un contexto que se caracterizó por un debate democrático difícil y complejo, se discutieron las objeciones presidenciales, presentadas el 11 de marzo de 2019, las cuales rechazó el Congreso, dando vía entonces, previo pronunciamiento de la Corte Constitucional, a la sanción de la Ley estatutaria el día el 6 de junio de 2019. Nuestro empeño, a partir de esa fecha, ha sido recuperar esos diez meses durante los cuales carecimos de herramientas fundamentales necesarias para el cumplimiento pronto de nuestras funciones.

Con ese marco normativo completo avanzamos en el diseño y puesta en marcha de los macrocasos, a la fecha siete que se priorizaron dada su envergadura y representatividad, como todos saben, la justicia que administramos no es caso a caso, nos rigen los principios de selección y priorización, que en el marco del modelo que operamos garantizan más justicia para más víctimas, más verdad y sanciones que descartan la impunidad, dando cumplimiento a los compromisos internacionales que nos vinculan como Estado.

El principio de selección que nos rige antes que descartar o excluir se orienta a abarcar de manera incluyente el mayor número de víctimas posible, atendiendo modalidades de victimización o el impacto en los territorios, de manera tal que se realicen integralmente los derechos de las víctimas, se proscriba la impunidad y se contribuya a la erradicación de las causas estructurales del conflicto a tiempo que se allane el camino a la reconciliación de una sociedad fragmentada por la guerra.

Produjimos durante el 2019 aproximadamente 16.500 decisiones judiciales, todas de la mayor importancia, pues constituyen precedentes que consolidan una jurisprudencia que nos rige y orienta, en el desarrollo de una labor inédita en el mundo, por lo mismo carente de precedentes.

Afrontamos también otras serias dificultades: El rearme anunciado por una docena de antiguos miembros de las Farc, entre ellos dos de los principales negociadores del Acuerdo de Paz, situación que no dudamos en calificar como una traición de esas personas a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, y que sorteamos en el menor tiempo posible, acudiendo precisamente a los instrumentos jurídicos que nos brinda el marco normativo que nos rige, procediendo a su expulsión, en tanto se erigieron como desertores manifiestos del proceso.

Hechos aislados de corrupción también interfirieron el complejo proceso de implementación de la Jurisdicción, los cuales hemos afrontado, adoptando medidas orientadas a garantizar los filtros necesarios para evitar que personas motivadas por intereses ilícitos afecten el cabal cumplimiento de nuestro mandato y poniendo, como lo hicimos, a disposición de las autoridades competentes toda la información y recursos de que disponemos para que las investigaciones avancen en debida forma. 

Durante el año pasado la Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción avanzó de manera importante en los trabajos de dotación de la infraestructura requerida para el cumplimiento de nuestras funciones, de hecho, en los próximos días inauguraremos las salas de audiencias diseñadas atendiendo todos los requerimientos técnicos que se exigen para que las diligencias se cumplan en el marco de pleno respeto y dignificación de las víctimas. Una de esas salas llevará el nombre de Albert Camus, como muestra de agradecimiento al gobierno francés que nos ayudó con equipos especializados para la transmisión y grabación de las mismas, a su embajador, señor Gautier Mignot, muchas gracias.     

Estuvimos presentes en los territorios, especialmente aquellos más afectados por la guerra, llevando la justicia restaurativa que allí se reclama. Por eso muchas de las 82 audiencias; 256 versiones presenciales; 43 versiones escritas; 350 comparecientes escuchados en versiones colectivas y 249 informes entregados el año pasado, se practicaron o recibieron en esos territorios, diligencias que contaron con la intervención rigurosa de la PGN como Ministerio Público, entidad con la cual también dimos espacio a Las Voces de las Víctimas, en la Guajira, en Nariño y en el Tolima, un ejercicio que continuará este año.

Con la Defensoría del Pueblo, que está presente en todo el territorio nacional, celebramos un convenio de apoyo y colaboración mutua, que estamos seguros nos aproximará más a las regiones.

Con la SE avanzamos en labores de información, promoción, pedagogía y asistencia, técnica y jurídica, estamos presentes en 28 departamentos, contamos allí con 138 profesionales que asesoran, atienden y apoyan a las víctimas y a los comparecientes.

Abrimos 3 sedes territoriales gracias a la colaboración de las autoridades locales en Pasto, Corozal y Cúcuta y después de ejercicios de aproximación con los nuevos gobernadores hemos iniciado ya la concreción de convenios de colaboración con autoridades locales que recién inician su gestión, para que de la mano garanticemos mecanismos de colaboración armónica que se traduzcan, por ejemplo, en la inclusión en los respectivos planes de desarrollo de las previsiones presupuestales y financieras necesarias para atender compromisos ineludibles a la hora de imponer sanciones propias, que reclamarán el concurso de la institucionalidad nacional y regional, tarea en la que hemos contado con el acompañamiento técnico del gobierno nacional a través de la señora Ministra de Justicia y de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, un mandato que queremos cumplir de manera organizada, planificada y sistemática en el marco del programa que hemos denominado JEP 2030, ojalá contando también con el apoyo de la comunidad internacional.

Una comunidad internacional a la cual una vez más presento mis sinceros agradecimientos pues de manera decidida ha apoyado nuestro trabajo, observando constructiva y críticamente el desarrollo de nuestras tareas. Reportando ante organismos multilaterales cómo se construye día a día la jurisdicción, me refiero por ejemplo a los informes de la Misión de Verificación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que han destacado esos avances; y al monitoreo permanente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en ese ámbito visitamos en audiencia a la Comisión Interamericana y recibimos al pleno de la Corte Interamericana en nuestra sede de Bogotá.

Sostuvimos reuniones bilaterales con Magistrados y representantes de  la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Bogotá y en La Haya y compartimos nuestras necesidades y logros con los países que hacen parte del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas : Alemania, Noruega, Suecia, Suiza, Canadá, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos, República de Irlanda entre otros muchos, así como con el PNUD, la MAPP-OEA, la OEI, la OIM, ACNUR, ONU Mujeres, UNICEF, UNESCO y el CICR, encontrando siempre receptividad, disposición de colaboración y respeto pleno a nuestra labor.

Un agradecimiento y reconocimiento expreso quiero darle a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, especialmente al señor Alberto Brunori por el acompañamiento riguroso y oportuno que en cumplimiento estricto de su mandato ha dado al sistema y concretamente a la jurisdicción.

Otro escenario fructífero para la jurisdicción ha sido el que hemos construido con los representantes de la Unión Europea en Colombia, gracias señora Embajadora Patricia Llombart, con ustedes el año pasado diseñamos un proyecto de cooperación que está en proceso de aprobación y que esperamos, ojalá, implementar a partir del primer trimestre de este 2020, el cual apoyará el avance de los macrocasos y a través de ellos la garantía de los derechos de las víctimas. 

También avanzamos de la mano amiga del Padre Francisco de Roux y de Luz Marina Monzón, con apoyo de la Embajada de Suiza que tanto nos ha ayudado en el proceso de consolidación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en el proceso de articulación cuyas bases precisamente definió la ley estatutaria, de hecho tuvimos nuestro primer encuentro en el mes de noviembre del pasado año, fructífero y grato, aunque atravesado por la tristeza de la partida de Alfredo Molano a quien hoy recordamos.

Iniciamos un trabajo de aproximación y colaboración con instituciones tan importantes en el país como la iglesia católica, al señor Nuncio Apostólico que nos visitó y conoció nuestro trabajo muchas gracias; sostuvimos reuniones con la Conferencia Episcopal, nuestro agradecimiento a su presidente y a sus integrantes.

La academia nacional e internacional, las universidades públicas y privadas de Colombia y muchas extranjeras, así como institutos y centros de pensamiento de reconocido prestigio, también han estado presentes y activos, tenemos varios convenios marchando que abren las puertas a estudiantes, profesores e investigadores. No puedo dejar de destacar el que desarrollamos con la Universidad Nacional de Colombia, que como me lo dijo su rectora, doctora Dolly Montoya al suscribirlo, abrió sus puertas y puso a disposición del país, del sistema y de la paz toda su capacidad, conocimiento y sus recursos.

Un reconocimiento muy especial quiero hacerle a las organizaciones sociales, de víctimas, de DH nacionales e internacionales, de estudiantes y trabajadores, líderes sociales y comunitarios, que no sólo han confiado en nosotros sino que de manera crítica monitorean y siguen nuestro trabajo reivindicando como propio el proceso de paz.

María Emma Wills Obregón, reconocida académica y experta en temas de conflicto, memoria y género, incansable trabajadora por la paz y Andrea Echeverry, que ha hecho de su arte el mejor vehículo para aportar a la reconciliación del país, generosamente aceptaron acompañarnos hoy, a ellas mil gracias.

Nuestra tarea apenas se inicia, sentamos las bases, construimos  cimientos sólidos, despertamos corazones y conciencias, lo avanzado hasta hoy nos permite decir que paulatinamente contribuiremos a que esa verdad hasta ahora esquiva, esa verdad que también ha sido víctima emergerá para dignificar a las víctimas, para aliviar su dolor, para que todos evitemos que se repita, para que rompamos la barrera que impide que nos enfrentamos a un dolor inadmisible e irrepetible, para impedir que como Aureliano Segundo en Cien Años de Soledad, aún luego de escuchar el relato de su propio hermano, se negará a creer la versión de la masacre y la pesadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia el  mar, dando paso a una memoria colectiva que dignifique y abra definitivamente las puertas a una paz estable y duradera.

Gracias