Tercera audiencia de seguimiento a medidas cautelares
a comparecientes de las Farc-EP en situación de riesgo
- Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo fueron los cuatro departamentos priorizados durante la audiencia pública
Bogotá, 24 de septiembre de 2020. Durante una sesión de más de cinco horas los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad escucharon este miércoles a miembros de las extintas Farc que están en el Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo. Se trata de los cuatro departamentos priorizados en la tercera audiencia de seguimiento de las medidas cautelares que estudia la Jurisdicción Especial de Paz para los comparecientes que se encuentren en riesgo.
“Nelson David Sánchez es el último miembro de la extinta guerrilla asesinato", informó la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo minutos después de que su colega Alejandro Ramelli nombró a todos los excombatientes asesinados en esta zona desde la firma del Acuerdo de Paz. El homicidio más reciente, de acuerdo con el Partido Farc, ocurrió precisamente en el municipio de Tumaco donde hombres armados dispararon contra el exintegrante de la columna móvil Daniel Aldana.
De acuerdo con los participantes en la audiencia, la última amenaza llegó el martes después de que estuvieron en un evento en la Nueva Área de Reincorporación en Mandiva (Cauca) donde la semana pasada fue distribuido otro panfleto amenazante. “A la fecha han sido asesinados 228 firmantes, 48 más han sido víctimas de intento de homicidio y hay 17 miembros del Partido Farc desaparecidos", informó Pablo Catatumbo durante su intervención.
A su turno, la Defensoría del Pueblo advirtió que se han emitido 33 alertas tempranas que se concentran en esta región. De ellas, hay 10 donde se identifican riesgos particulares para personas en proceso de reincorporación. “Estas estructuras armadas ilegales amenazan a los excombatientes y sus familiares. Buscan desestabilizar el proceso de reincorporación para presionarlos y que entren en procesos de reincidencia", señalo un vocero de la Defensoría a los magistrados de la JEP.
Por su parte, el coronel Martín Ricardo Martínez, del Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), informó que en el país hay desplegadas “71 unidades con 2.156 efectivos de la fuerza pública que están garantizando la seguridad" de los excombatientes. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación informó que trabaja en caracterizar los fenómenos de violencia no de manera aislada, sino con una metodología que permita escalar a determinadores responsables".
En la audiencia también participaron delegados de la Procuraduría, los Ministerios de Defensa e Interior, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) y las gobernaciones de los cuatro departamentos.
Al cierre de la diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad hizo un llamado para que las audiencias que realiza en el marco de las medidas cautelares no solo sean un espacio para rendir cuentas, sino también para plantear soluciones. “No vemos acciones estratégicas. Hay un esfuerzo institucional, pero la violencia contra los comparecientes de Farc es amplia, continua, generalizada e incesante. La respuesta ha sido insuficiente y hay una manifiesta imposibilidad de consolidar territorios", señaló el magistrado Gustavo Salazar.
Esa misma postura asumieron los magistrados Reinere de los Ángeles Jaramillo y Alejandro Ramelli, quien añadió: “Veo con preocupación la respuesta de las entidades (…) No escuché que ninguna entidad tuviera un problema y por el otro lado tenemos más de 105 personas asesinadas. Si no hay una voluntad política de Estado por enfrentar el problema, lo que se haga es papel mojado", concluyó.
