Un acto de dignificación de las víctimas de violencia sexual y violencia de género en Urabá
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP recibió el 12 de diciembre de 2018, en Apartadó (Antioquia), la fase oral del informe mixto sobre hechos de violencia sexual y violencia basada en género, ocurridos con ocasión o en el marco del conflicto armado en el Urabá antioqueño y chocoano.
Bogotá, 14 de diciembre de 2018. La tarde del 12 de diciembre de 2018 Luis Fernando Jaramillo fue el único hombre, entre 30 mujeres, que entregó su informe oral sobre violencia sexual y violencia basada en género a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La inmensa mayoría de los asistentes al acto, realizado en Apartadó (Antioquia), acordó no hacer grabaciones, para proteger la identidad de los presentes y evitar revictimizaciones. Pero a Luis Fernando no le importó y dijo que ya no tenía "nada más que perder".
El testimonio de Luis Fernando, así como el de ocho mujeres integrantes de la Asociación Mujeres del Plantón, será tomado como insumo para el caso 004 de la JEP, que prioriza la situación de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién y Riosucio (Chocó).
Frente a Luis Fernando, atentas a sus palabras, estaban tres magistradas de la Jurisdicción Especial Para la Paz, María del Pilar Valencia, Reinere Jaramillo y Nadiezhda Henríquez, otros funcionarios de la Secretaría Ejecutiva JEP, de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA) y una representante de la Procuraduría Delegada para la JEP.
Ese miércoles, mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género diversa y otras víctimas de violencia sexual, amparadas bajo la Asociación Mujeres del Plantón, entregaron el primer informe mixto (oral y escrito) en el marco de la situación territorial de Urabá, caso 004.
La jornada comenzó a mitad de la mañana y concluyó en la tarde. Algunas mujeres tomaron la palabra para explicar su situación y la de la organización. Al llegar su turno, Luis Fernando se levantó vehementemente de su puesto, rodeó la mesa, se puso un antifaz azul turquesa sobre los ojos y tomó el micrófono junto a las magistradas. Describió que en 1992 fue secuestrado por miembros de las Farc-EP y conducido a una finca a las afueras de Belén de Bajirá con una capucha sobre su cabeza, que aún conserva porque se la robó.
"Ay Dios mío, para dónde me llevará esta gente", se preguntó entonces Luis Fernando. En aquella finca abusaron sexualmente de él. Recuerda con asco las armas oxidadas de los cuatro guerrilleros que "utilizaban en las noches" y el dolor, sobre todo el dolor. El saldo físico de este horroroso episodio fue el desgarramiento de varios de sus músculos, que con el tiempo le provocaron otros males y diversas cirugías. En cuanto a las repercusiones psicológicas, afirma que no se hubiera podido recuperar sin el apoyo de Mujeres del Plantón y de Fany, su fundadora, y de sus reuniones para coser colchas y muñecas, donde se acompañan y se apoyan para reponerse del dolor.
"Por eso hay que quitarse la máscara, hay que contar nuestra historia", dijo Jaramillo con convicción delante de sus compañeras de la asociación, mientras se quitaba el antifaz. La historia de Luis Fernando es una de violencia sexual, de violencia de género, de discriminación por su orientación sexual, pero también de reparación.
El informe fue entregado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas que tiene entre sus obligaciones recibir, contrastar y cotejar los reportes sobre hechos relacionados con el conflicto armado que le presenten órganos estatales y las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas.
Luis Fernando, al igual que sus compañeras, espera que otras organizaciones sociales y de víctimas se sumen con informes.
La magistrada María del Pilar Valencia considera que la jornada en Apartadó, además, se podría equiparar a "una reparación simbólica anticipada, porque les permitió a las víctimas contar sus historias y ser oídas por la JEP".
"El acto permitió dignificar a las víctimas, ser escuchadas por primera vez en la Jurisdicción Especial para la Paz y, además, empoderarse a la hora de construir su informe. Es un primer paso para la visibilización de las víctimas y la búsqueda de verdad, justicia y reparación, y ante todo garantías de no repetición", añadió la magistrada.
"Yo equiparo el acto con una reparación simbólica porque les permitió a esas víctimas pararse por encima de la vergüenza y el miedo y dignificarse como sujetos que buscan acceso a la justicia. Hubo mujeres que guardaron su verdad por más de veinte años y se atrevieron a contársela a la JEP", subrayó.
Su colega, la magistrada Reinere Jaramillo, la complementa cuando dice que "todas las personas que participaron en la jornada están dispuestas a seguir contribuyendo con la JEP en el caso 004 y tener una participación activa en todos los procesos y procedimientos que adelante la Jurisdicción".
"No somos de un solo color, somos paz, comprensión, amor, cambio, esperanza, no queremos parir hijos para la guerra", dijo una de las mujeres que, al igual que Luis Fernando Jaramillo, presentó su informe oral ante las tres magistradas de la JEP.
Conozca la guía de presentación de informes elaborados por organizaciones de víctimas
¿Qué es la JEP? Es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La JEP es un mecanismo de justicia transicional, creado en la Constitución Política, que tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante el conflicto armado y hasta el 1 de diciembre de 2016.
