Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas – SRVR – avocó el conocimiento del Caso No. 07 Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado mediante el auto No. 029 del 1 de marzo de 2019.

Los hechos que se investigan en este caso tratan sobre la vinculación de niños y niñas a la guerra por parte de las antiguas FARC-EP y la Fuerza Pública ya sea por su inclusión directa a las filas como combatientes o su utilización en actividades relacionadas con el conflicto que hayan puesto en riesgo su vida e integridad personal. Además del reclutamiento, se investigan otras formas de participación de niñas y niños en el conflicto: como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo, y a quienes fueron reclutados para propósitos sexuales.

Igualmente, este caso investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas las niñas y los niños, o sus familias y comunidades, como consecuencia o relacionados directamente con la vinculación de menores de edad a la guerra. Por ejemplo, se examinan dentro del caso las lesiones; tortura; homicidios que hayan ocurrido como consecuencia del régimen de vida en las filas, o de las sanciones impuestas a los niños y las niñas reclutados o utilizados fruto de la aplicación del régimen disciplinario de la organización guerrillera o de actividades de la fuerza pública; también son delitos relacionados con el reclutamiento o la utilización de niñas y niños en el conflicto el desplazamiento, homicidios, amenazas o cualquier otra violación que pudieron sufrir las familias o las comunidades como consecuencia de la violencia ejercida para forzar la vinculación de los menores de edad, y los hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento o utilización, como el abuso, la violación y la anticoncepción o los abortos forzados.

Para la apertura del caso se consideraron varios informes presentados por instituciones del Estado y por organizaciones de derechos humanos y se espera que en el futuro próximo otras organizaciones de víctimas entreguen nuevos testimonios sobre las violaciones a los derechos de los menores de edad vinculados al conflicto armado.

Una revisión inicial de bases de datos le permitió a la Sala de Reconocimiento hacer un cálculo provisional de hechos de reclutamiento de menores de 18 años, frente a los cuales existe reporte sobre la presunta responsabilidad de las Farc EP. La gráfica a continuación muestra las cifras discriminadas temporalmente.

Estrategia de abordaje del caso

Ya que la Sala de Reconocimiento tiene información que indica que tanto las extintas Farc EP, como la fuerza pública pudieron haber incurrido en alguno de los fenómenos cobijados por el caso –aunque de maneras muy distintas–, el despacho relator decidió dividir la investigación en dos sub-casos, con base en el tipo de actor involucrado como presunto responsable:

Sub-caso Farc EP: Como responsable de actos de reclutamiento y casos de utilización de niñas y niños en el conflicto armado y otros posibles delitos relacionados con su vinculación a la guerra.

Sub-caso Fuerza Pública: Como responsable de casos de utilización de niñas y niños en el conflicto armado y otros posibles delitos relacionados con su vinculación a la guerra.

Además, se definieron como líneas transversales de investigación i) las victimizaciones contra pueblos étnicos y ii) los delitos relacionados con el reclutamiento o la utilización, como la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada, el fusilamiento, el desplazamiento forzado y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Estado actual del Caso 07

En la primera parte de instrucción del caso, se hizo un ejercicio de recolección y contraste de información que permitió delimitar con mayor precisión la estrategia para abordar el fenómeno e identificar a los comparecientes que serían inicialmente vinculados al proceso. La recolección y sistematización de la información, sin embargo, es un proceso continuo en el que el despacho relator está especialmente concentrado.

Por la cantidad y calidad de información disponible, la Sala decidió dar un mayor impulso procesal, inicialmente, al sub-caso relacionado con los hechos responsabilidad de las Farc EP. Lo anterior sin perjuicio de avanzar, como se ha hecho, en la búsqueda y recolección de información relevante para el sub-caso relativo a los hechos de responsabilidad de la Fuerza Pública.

Así, a partir de la información recaudada y analizada inicialmente, la Sala de Reconocimiento profirió un primer auto que vincula a 37 comparecientes ex miembros de la antigua guerrilla de las Farc EP al proceso y cita a rendir versiones voluntarias a 15 de ellos. Los comparecientes vinculados y citados inicialmente a versiones voluntarias deben aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización que dirigían colectivamente y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha política.

Acreditación de víctimas

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz invita a quienes siendo niñas y niños fueron víctimas de reclutamiento ilícito o de utilización en las actividades de la guerra y a aquellos que sufrieron daños indirectos por este tipo de delitos a acreditarse como víctimas del Caso No. 07 ante la JEP.

La acreditación como víctimas les dará la calidad de intervinientes especiales y les permitirá participar en las audiencias del caso incluidas las versiones voluntarias que rendirán los comparecientes y la audiencia de reconocimiento, presentar observaciones a ellas y solicitar pruebas.

¿Qué se necesita para acreditarse como víctima?

Según el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018:

1. La manifestación expresa de querer ser acreditada como víctima.
2. Alguna prueba para demostrar su calidad de víctima. Por ejemplo:
   
   • Denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación.
   • Resolución de inscripción en el Registro Único de Víctimas.
   • Certificación o registro que expide el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla.
   • Certificado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
   • Certificado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) antes Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) o de una organización de la sociedad civil en la que haya recibido algún tipo de atención como desvinculada o desmovilizada.
   • Cualquiera otra prueba o documento que demuestre que la persona fue afectada por una de las conductas investigadas dentro del Caso No. 07.
3. Un relato de los hechos por los que quiere ser reconocido como víctima, especificando al menos la época y el lugar en el que ocurrieron.

¿Qué derechos tienen las víctimas acreditadas?

Al acreditarse, las víctimas podrán:

1. Participar en las diligencias que se realicen en las distintas etapas procesales, de acuerdo con lo establecido en la ley.
2. Aportar pruebas, asistir a las diligencias e interponer recursos contra las decisiones que se profieran.
3. Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP.
4. Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos.
5. Estar informadas del avance de la investigación y del proceso.
6. Solicitar medidas de protección en el caso en que sus derechos fundamentales sean amenazados por participar ante la JEP.

¿La víctima necesita un representante judicial para acreditarse?

Las víctimas pueden solicitar directamente su acreditación y pueden, por sí mismas, participar en las distintas actividades procesales. Pero si lo prefieren, pueden designar un abogado que las represente, según las siguientes opciones:

1. Un abogado de confianza: otorgando poder especial al abogado de su elección.
2. Solicitar un abogado al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP cuando carezcan de los recursos económicos necesarios para contratar un abogado.
3. Un representante judicial de la organización de víctimas a la que pertenezca, otorgándole el respectivo poder.
4. Representación por autoridad étnica. Si fuere del caso, cuando diligencie su formulario de solicitud de acreditación, la víctima debe manifestar su interés de ser representado por un abogado del SAAD en el marco del Caso No. 07 y adjuntar el poder que permita su representación judicial (anexo).

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