El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, lo ha dicho muchas veces y en diferentes escenarios: si bien la sede principal de la entidad está en Bogotá por el hecho de ser la capital de la República, la mayor parte de la violencia en Colombia sucedió y sucede en las regiones o en la provincia.

Por eso, entre 2019 y 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz inauguró oficialmente sus oficinas en cinco ciudades ubicadas en zonas que fueron tristemente célebres por la sevicia con que fueron tratadas por los actores del conflicto armado del país.

En el municipio de Corozal, en el departamento de Sucre, la primera oficina entregada es dirigida por la fiscal María Bernarda Díaz Arroyo.

En entrevista telefónica con la oficina de prensa de la UIA, la funcionaria calificó como “muy importantes" las actividades que la entidad realizó con víctimas el año pasado.

Una de ellas tuvo lugar el 18 y 19 de noviembre, es decir, hace poco más de tres meses.

“Fue un encuentro hermoso" con víctimas de los siete departamentos de la Costa Caribe, indicó Díaz, quien precisó además que en dicha jornada se les explicó a los asistentes las funciones más destacadas de enfoque de género por parte de la UIA.

Uno de los participantes en el evento de Corozal, en ese noviembre de 2019, fue don Adil José Meléndez, quien fue secuestrado por ilegales el 5 de agosto de 1989 en Cartagena de Indias.

Meléndez fue liberado 13 días después, esto es, el 18 de agosto, el día que, en la localidad de Soacha, Cundinamarca, la mafia del narcotráfico asesinó al dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.

“Fueron sentimientos encontrados. Mientras todo era alegría porque yo gozaba de mi libertad, de pronto todo fue apagado cuando salió el extra noticioso que decía que habían matado a Galán", relató Meléndez, de 42 años, y quien ante la UIA representa a unas 10.000 víctimas del conflicto armado en el Caribe colombiano.

La fiscal Díaz, en un reciente informe enviado a sus superiores en Bogotá, resumió en números su gestión de 2019 de la siguiente forma: su oficina recibió 20 asignaciones, 103 solicitudes de diferentes despachos de fiscales de apoyo I y II de la UIA en la capital colombiana y 161 órdenes de policía judicial, entre apoyos y comisiones.

“Aquí ha habido víctimas de todas partes de la Costa (Atlántica). Acá se les explica de manera muy sencilla cómo son los trámites ante la JEP", agregó Díaz. “Hay muchas víctimas a las que se les nota el interés en el tema. Otras solo vienen preguntando por reparación", añadió.

Solo de un aspecto se quejó Díaz sobre lo que ha sido su labor como fiscal de la UIA en Corozal: “Falta que las víctimas se interesen más por el tema".

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La oficina de la JEP de San Juan de Pasto está liderada por el fiscal William Hernández Barreto, un bogotano de 44 años que es abogado de Uniciencia y que tiene una especialización en la Universidad Autónoma en derecho penal y justicia transicional.

Antes de llegar a la UIA (en noviembre de 2018), Hernández estuvo 25 años en la Fiscalía General de la Nación, entidad en la que en los últimos años se dedicó a investigaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.

En septiembre pasado, el jefe fiscal Álvarez nombró a Hernández como su “embajador" en la capital de Nariño y lo comisionó también para cubrir todo lo relacionado con la JEP en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. 

La oficina de prensa de la UIA le preguntó a Hernández qué era lo más importante que le había pasado en 2019 con la oficina de la JEP en San Juan de Pasto.

“Las víctimas, porque por encima de las víctimas no hay nadie en este proceso (de justicia y reconciliación)", respondió Hernández, sin dudarlo. Según su relato, desde que es el representante de la UIA y de la JEP en la capital nariñense ha crecido mucho como ser humano.

“Ha sido una experiencia que lo reconcilia a uno", enfatizó el funcionario, quien ha dicho que “dignificar a las víctimas es verlas con el respeto que se merecen". En su concepto, “cuando las pobretean, cuando las miran con cara de ay, qué vaina, yo pienso que eso es faltarles al respeto".

En cifras, Hernández sintetizó así lo que fue su trabajo en la UIA entre septiembre y diciembre pasados: 110 comisiones asignadas. De esas 110 comisiones, 85 ya fueron evacuadas y 25 continúan vigentes.

La oficina de Pasto, igualmente, practicó el año pasado las siguientes  diligencias por departamento: 76 de Valle del Cauca, 31 de Cauca y 29 de Nariño.​

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Muy lejos de Nariño está el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Su capital es San José de Cúcuta, ciudad que también cuenta con una sede territorial de la JEP.

Al tanto de su jefatura está el fiscal Carlos Arocha Camargo, quien no duda en afirmar que, si bien durante su estancia en la UIA ha escuchado historias desgarradoras de víctimas del conflicto, la más terrible de todas ha sido la de doña Mariana Castillo.

Nacida hace 65 años en el municipio nariñense de Francisco Pizarro, doña Mariana terminó en el otro extremo del país, en Norte de Santander, por un motivo bien particular: “La violencia siempre me ha correteado".

Casi 50 años después de haber sido abusada por guerrilleros en el suroccidente colombiano, al decir de doña Mariana, “todavía tengo las secuelas en mi cuerpo (de la violencia sexual de que fue víctima por parte de los ilegales).

“A mis cuatro hijos varones, a todos, a todos, se los llevó la violencia", ha relatado esta negra alta y maciza cuyo rostro solo destila bondad y esperanza.

Uno de ellos, de 19 años, se fue para la Marina a prestar el servicio militar obligatorio y en una toma guerrillera fue muerto.

A otro, con mentiras, lo sacaron de su casa y a las dos cuadras lo asesinaron. De otro, de 12 años, no se volvió a saber jamás. Y del último de los cuatro vástagos se perdió toda pista hace años por el sector de Tibú, también en Norte de Santander. “Yo no sé cómo estoy de pie", ha dicho.

Para el fiscal Arocha, lo más bello de la historia de doña Mariana “es su deseo de perdonar y su propósito de hacernos entender a todos el porqué de esta guerra injusta".

Durante 2020, se han puesto en operación otras cinco sedes de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP: en Bucaramanga y Neiva, que ya fueron inauguradas oficialmente, y las sedes de los Grupos Territoriales de Quibdó, Florencia y Villavicencio. Restan aún dos sedes más, una en Turbo y otra en Medellín, Antioquia.