Embajadores de América Latina y el Caribe expresan su apoyo y disposición de acompañar las primeras sentencias restaurativas de la JEP

Bogotá, 7 de octubre 2025. Los embajadores e integrantes de los cuerpos diplomáticos de 14 países que conforman el Grupo América Laina y el Caribe (Grulac) se reunieron en Bogotá para conocer el contenido de las primeras Sanciones Propias de la JEP de boca del presidente de la Jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga; de la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad; y del magistrado Camilo Suárez Aldana, quien también integra la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con sede en Colombia, los embajadores y representantes de las delegaciones diplomáticas de Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Jamaica, Perú, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, Uruguay y Brasil escucharon de viva voz de la magistrada y los magistrados las decisiones adoptadas por la JEP en el marco de los Casos 01 y 03, Subcaso Costa Caribe.

En el Caso 01, que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP durante el conflicto armado, los siete integrantes del antiguo secretariado de esa extinta guerrilla recibieron la máxima sanción de ocho años para trabajar en proyectos restaurativos.

De otro lado, en el Caso 03, Subcaso Costa Caribe, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por parte de miembros de la fuerza pública en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ también fueron condenados a la máxima sanción y trabajarán en proyectos restaurativos en favor de las víctimas y de sus comunidades.

Carla Zacapa, representante adjunta del PNUD en Colombia, destacó estas decisiones como históricas y recordó que la estrecha colaboración con la Jurisdicción “nos permite entender la urgencia y la necesidad de la JEP en este momento para la paz y la Justicia Transicional Restaurativa”.

“Hemos acompañado los primeros proyectos restaurativos y también los que se pueden constituir en proyectos restaurativos como el del Cementerio de Palmira. Será necesario acompañarlos con un plan de choque, con el apoyo de los embajadores, y un acompañamiento en el mediano plazo con la institucionalidad”, expresó la representante adjunta. 

Durante el encuentro, el presidente de la Jurisdicción aseguró: “Estas primeras sentencias no son simplemente pronunciamientos jurídicos, reflejan las demandas de las víctimas. Ellas han exigido verdad, reparación, reconocimiento y justicia; sus voces han sido escuchadas y la JEP ha cumplido con el mandato conferido. En el diseño de las sanciones, hemos procurado recoger sus expectativas, respetando su dignidad, su dolor, y buscando aportar al resarcimiento del daño ocasionado por largas décadas de conflicto”. 

El magistrado Ramelli agregó: “Hemos garantizado la participación activa de víctimas, autoridades étnicas y comunitarias acreditadas; se realizaron audiencias públicas de reconocimiento y de verificación; se recogieron centenares de versiones de comparecientes; se analizaron detalladamente miles de informes de entidades estatales, organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos; y se adelantaron numerosas iniciativas de diálogo y articulación con cada uno de los actores involucrados en la ejecución de las sanciones impuestas, con miras a asegurar la coherencia y efectividad de los proyectos a ejecutar por parte de los sancionados en la búsqueda de reparar el daño a las víctimas y la restauración a las comunidades”.

El magistrado Camilo Suárez, quien fue el ponente de la sentencia en el Caso 01, apuntó que “no fue un camino fácil” el recorrido para llegar a este momento judicial, y agregó: “El componente restaurativo no es consecuencia de la sentencia, lo restaurativo está presente a lo largo de todo el proceso”. El magistrado Suárez explicó que las víctimas han tenido una participación permanente, constante, en espacios restaurativos, que se dio un trabajo corresponsable entre la Sala de Reconocimiento de Verdad, que investigó todo el caso, y la Sección de Reconocimiento de Verdad, que fue la encargada de dictar la sentencia.

“El país conoció las demandas de las víctimas, los recursos de la defensa de los comparecientes de las Farc-EP”, dijo el magistrado Suárez para, luego, agregar: “Las víctimas han sido escuchadas, tuvieron la oportunidad de participar en la construcción de los proyectos restaurativos y presentar sus observaciones”. El magistrado ponente explicó que la sentencia contra las Farc-EP cuenta con 131 órdenes que buscan satisfacer y restablecer los derechos de las víctimas y anotó, especialmente, que “los comparecientes llevan sometidos a la JEP durante 7 años y van a estarlo durante 8 años más”.

Por su parte, la magistrada Ana Manuela Ochoa, ponente en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, explicó que las sentencias cumplen con lo firmado en La Habana. “Se cumplen los requisitos de satisfacción simbólica, pensado para honrar a las familias y a las comunidades afectadas, cumple con los estándares del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional”.

La magistrada Ochoa destacó que la proporcionalidad de las sanciones no se mide por los parámetros clásicos de duración sino por los efectos restauradores en las comunidades, los aportes a la verdad y las garantías de no repetición. Y explicó los seis proyectos restaurativos que desarrollarán los exintegrantes de la fuerza pública que fueron sancionados.

La presidenta de la Sección de Reconocimiento agregó que “la justicia restaurativa no se reduce a cambiar la pena de cárcel por trabajo comunitario, es un proceso de sanación y restauración con las víctimas y sus comunidades”, y concluyó que la sentencia contiene “medidas definidas con las víctimas para que (los sancionados) respondan a sus inquietudes y solicitudes para la reconstrucción del tejido social”.

Luego de conocer lo expuesto por los magistrados, los integrantes de los cuerpos diplomáticos mostraron su disposición de acompañar a la JEP en la implementación de las Sanciones Propias.

La embajadora de Chile en Colombia, María Inés Ruz, aseguró que la JEP “está demostrando que la justicia puede ser transformadora y que vale la pena este esfuerzo que viene de los acuerdos de paz de 2016. Nosotros creemos que mirar con atención este proceso y apoyarlo es importante para todos los países de la región. Colombia está dando ejemplo de una justicia restaurativa, inclusiva e integral, y por eso estamos apoyando este proceso”.

A su vez, la embajadora de México, Martha Patricia Ruiz Achondo, expresó: “Todo lo que se pueda hacer por la paz, vale la pena”. Y Óscar Eduardo Villagrán, embajador de Guatemala en Colombia, concluyó: “Estamos muy atentos a esos avances (...) y creemos que vale la pena el apoyo del Grulac hacia la JEP”.