La JEP ha asesorado a más de 3.000 víctimas interesadas en participar en el Caso 11 que investiga violencias basadas en género​​

Bogotá, 25 de mayo de 2025. Desde que se abrió el Caso 11, la JEP ha realizado 138 jornadas de socialización, asesoría y entrega de información dirigidas a colectivos, víctimas y organizaciones de derechos humanos. Estas actividades han permitido dar a conocer los avances de la investigación sobre violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, en particular aquellos motivados por la orientación sexual. En estos espacios, más de 3.000 víctimas han recibido asesoría en 21 departamentos de Colombia y en seis países —Canadá, Chile, Ecuador, EE. UU., España y Panamá— con el propósito de participar en este proceso.

En el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP reafirma su compromiso con quienes han sufrido estos crímenes en el contexto del conflicto. Por eso, desde 2023 el Caso 11 ha implementado mecanismos específicos para garantizar condiciones de participación seguras y dignas, atendiendo las solicitudes de confidencialidad, protección y acompañamiento especializado presentadas por las víctimas y sus representantes. Estas garantías se han hecho efectivas en las fases de pedagogía y acreditación, y continuarán aplicándose en la etapa de versiones que está próxima a comenzar.

A la fecha, en el Caso 11 se han acreditado más de 280 víctimas: 112 en el marco del Subcaso 1, en el que el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll investiga violencias de género cometidas por las Farc-EP contra la población civil (100 víctimas directas y 12 indirectas). También se han acreditado 168 víctimas en el Subcaso 2, en el que el despacho del magistrado Óscar Parra Vera investiga violencias de género cometidas por la fuerza pública contra civiles (138 víctimas directas, 29 indirectas y una organización de mujeres acreditada como víctima colectiva).

En el Subcaso 3 —en el que el despacho de la magistrada Lily Rueda Guzmán investiga las violencias de género cometidas al interior de las antiguas Farc-EP y de la fuerza pública— la magistratura ha desarrollado espacios de escucha directa con personas que han solicitado su acreditación como víctimas, con el propósito de comprender a fondo las violencias sufridas. Durante el primer trimestre de 2025, la magistratura escuchó, en diligencias de ampliación de información, a todas las personas interesadas en participar en la investigación, entre las cuales se encontraban exintegrantes tanto de las Farc-EP como de la fuerza pública. Asimismo, en coordinación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, se han adoptado medidas orientadas a prevenir riesgos asociados a la participación en el proceso.

Durante las jornadas, las víctimas han recibido información detallada sobre los derechos y oportunidades de acreditarse para participar en el Caso 11, en el que las víctimas cuentan con psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y abogados de la Secretaría Ejecutiva de la JEP que acompañan su proceso para generar confianza. Estos encuentros han sido fundamentales para romper el silencio impuesto por el conflicto armado. Las formas de violencia que sufrieron afectaron su integridad física y emocional y requieren una atención que fortalezca la relación consigo mismas, el cuidado y el autorreconocimiento de sus cuerpos como territorios libres.

El 14 de mayo de 2025 se aprobó el primer llamamiento a versiones voluntarias de ocho integrantes de la Fuerza Pública por hechos de violencia basada en género cometidos contra mujeres civiles. Con este paso, se iniciaron las rondas de versiones voluntarias, que continuarán próximamente con el llamamiento a exintegrantes de las Farc-EP. Posteriormente, la Sala evaluará y contrastará la información recolectada para identificar

a los máximos responsables de estos graves hechos y establecer los daños causados a las víctimas.

Con la apertura del Caso 11 en 2023, la JEP busca profundizar en las violencias basadas en género, construyendo una hoja de ruta con enfoque diferencial para avanzar en la verdad y la reparación de las víctimas.

Sin embargo, en siete años de labor judicial, la JEP ha investigado las violencias sexuales en varios macrocasos de forma transversal. Así, ha constatado, por ejemplo, en el Caso 01, en el que se investigan los secuestros de las Farc-EP, que la violencia sexual se usó como método de humillación y como arma de guerra contra miembros de la fuerza pública secuestrados. También la investigación encontró que, pese a que estaba prohibido en los estatutos, los jefes de la antigua guerrilla no tomaron las medidas necesarias para que estos crímenes no ocurrieran.

A su vez, en el Caso 02, cuando la JEP atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las extintas Farc-EP, se imputó el crimen de lesa humanidad de exterminio y persecución contra pueblos indígenas y afrocolombianos; mujeres y niñas; y personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas. Esta fue la primera vez que la Jurisdicción reconoció un patrón de macrocriminalidad con estas características. Asimismo, se imputaron los crímenes de guerra y de lesa humanidad de violación y esclavitud sexual.

“La violencia sexual no se limita solo al Caso 11; es un tema que hemos venido abordando en otros casos y sobre el que hemos avanzado significativamente. La sala se apoya principalmente en los relatos que nos entregan, primero, las víctimas a través de las organizaciones de la sociedad civil cuando presentan informes, y luego, mediante las acreditaciones. Por eso es fundamental la participación de las organizaciones y las víctimas, ya que nos corresponde reconstruir lo ocurrido a partir de sus testimonios”, explican los magistrados relatores de esta investigación.

Así también, en el Caso 05, que prioriza los crímenes que se cometieron en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, la magistratura ha imputado a 22 comparecientes de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra las víctimas, comunidades y los territorios en estos lugares. En esta investigación

la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó daños especiales y desproporcionados contra las mujeres y la población con orientación sexual diversa, que terminaron ampliando de forma significativa las brechas de género en estos departamentos, donde las comunidades ya eran muy vulnerables.

En cuanto al Caso 07, en el que se investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños por las Farc-EP, la JEP viene investigando también la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio (contra la comunidad LGBTIQ+) que sufrió esta población, a nivel nacional y regional en las filas de la antigua guerrilla. Se trata de un avance importante en la justicia, pues en el pasado no se investigaron estos crímenes. En ese trabajo, la Sala de Reconocimiento de Verdad ya encontró patrones sistemáticos de violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio cometidas contra niños y niñas dentro de las filas de las extintas Farc-EP. Para llegar a esa conclusión, la Sala escuchó a más de 200 personas en audiencias particulares. Así, en noviembre pasado, por primera vez en la historia del país, la JEP imputó a seis antiguos jefes del Secretariado de las extintas Farc-EP y los llamó a reconocer su responsabilidad por estos crímenes.

La JEP reconoce a todas las víctimas de violencia sexual su entereza, valentía y persistencia en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para contribuir a la garantía de sus derechos y satisfacer sus demandas de justicia.