COMUNICADO 94
La JEP hace un llamado para proteger la vida y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+
- La JEP reconoce que la participación de las víctimas LGBTIQ+ en la Justicia Transicional Restaurativa es indispensable para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes y violencias en contra de esta población.
- Este año han sido asesinadas 42 personas LGBTIQ+ en Colombia, según la Fiscalía General de la Nación.
- Entre otros, el Caso 11 de la JEP investiga la violencia sexual, reproductiva, por prejuicio y otras violencias basadas en género en contra de esta población en el marco del conflicto armado.
Bogotá, 28 de junio de 2025. La JEP hace un llamado urgente a todas las entidades del Estado, tanto en el ámbito nacional como territorial, para adoptar medidas efectivas que protejan la vida, integridad y dignidad de las personas LGBTIQ+.
En lo que va de 2025, la violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Colombia ha sido alarmante. El Grupo de Trabajo Nacional para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Víctimas, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, ha documentado 42 asesinatos de personas LGBTIQ+ en lo corrido del año.
En el marco de la conmemoración internacional del Día del Orgullo LGBTIQ+, la JEP reconoce que su participación, sus testimonios y experiencias de vida son indispensables para avanzar en la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes y violencias en su contra.
Cada voz y liderazgo LGBTIQ+ silenciados representan no solo la pérdida de una vida, sino también la ruptura de procesos comunitarios y de reconstrucción del tejido social, en un país que necesita ser más incluyente.
Tal es el caso Nawar Jiménez, mujer trans e integrante del proceso colectivo LGBTIQ+ de El Carmen de Bolívar. Su asesinato se suma a una preocupante serie de crímenes, así como amenazas, hostigamientos y señalamientos contra personas LGBTIQ+ en distintas regiones del país.
La JEP reafirma su compromiso con en el esclarecimiento de los motivos y de las lógicas de las organizaciones armadas que aún ejercen discriminaciones estructurales, entre ellas, contra personas trans. En las diferentes investigaciones que lleva la Sala de Reconocimiento de Verdad, víctimas trans han denunciado discriminación sistemática, persecución y graves violaciones a sus derechos humanos.
En el Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate, por ejemplo, la JEP documentó en Casanare cómo algunos miembros de unidades militares de la Brigada XVI implementaron medidas para la supresión de personas estigmatizadas y en condición de vulnerabilidad por su pertenencia a algunos sectores sociales de la población civil, entre ellos la población LGBTIQ+.
La Comisión de Género de la JEP ha señalado que estas violencias han operado también como “un medio que busca eliminar del territorio todo lo que es percibido como diferente (…) que se sale de los códigos heteronormalizados impuestos por una sociedad", advierte en un concepto emitido en 2021.
Sobre las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD) se continúan ejerciendo distintas formas de violencias basadas en género, expresadas en abuso sexual, torturas y crímenes por prejuicio, entre otras. A su vez, las violencias ejercidas sobre estas personas han pretendido cumplir un propósito: “enviar un mensaje a la comunidad consistente en que quien pensara y actuara de forma análoga, correría la misma suerte", dicta el citado concepto de la comisión.
Aunque la JEP investiga estos hechos contra las personas LGBTIQ+ como víctimas del conflicto armado en sus distintos casos, en septiembre de 2023 abrió el Caso 11, que investiga la violencia sexual, reproductiva, por prejuicio y otras violencias basadas en género, en el marco del conflicto armado. La magistratura hace un llamado a las víctimas LGBTIQ+ de todo el país a acreditarse y participar en los procesos judiciales y restaurativos de este macrocaso.
La Jurisdicción continúa avanzando en el reconocimiento y análisis de los impactos diferenciados sufridos por víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. La verdad y el reconocimiento de estos crímenes durante el conflicto hacen parte del camino que debemos transitar, como país, para garantizar que estos hechos de violencia no se sigan repitiendo.
