​COMUNICADO 92

14 exintegrantes del Bloque Oriental de las Farc-EP rindieron versión ante la JEP por los dos atentados contra Germán Vargas Lleras, así como por masacres y bombas en Bogotá y Cundinamarca

• Los comparecientes de las Farc-EP rindieron versión ante la JEP por crímenes como homicidios, masacres, atentados, tomas guerrilleras, entre otros.
• La magistratura profundizó en los atentados cometidos en contextos urbanos por antiguos integrantes de la Red Urbana Antonio Nariño, entre otras diez estructuras. 
• El Bloque Oriental operó en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Meta, Vichada y Vaupés.
• Las audiencias se realizan en el marco del Caso 10, que investiga los crímenes más graves y representativos cometidos por las Farc-EP que no son amnistiables. Es decir, que no pueden recibir perdón judicial. 
• En los próximos meses, se hará un segundo llamado a los comparecientes del Bloque Oriental. 
• En las diligencias participaron 66 víctimas de forma virtual.
• Las víctimas podrán presentar observaciones a lo dicho por los comparecientes ante la JEP.

Bogotá, 19 de junio de 2025. Catorce antiguos integrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP rindieron versión ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP por homicidios, masacres, atentados y tomas guerrilleras que afectaron a la población civil, así como por otros crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado.

Durante ocho días de audiencia en Bogotá, entre el 19 y el 28 de mayo, la magistratura profundizó en las responsabilidades individuales y colectivas de exintegrantes de los frentes 22, 42, 51, 52, 53, 54 y 55, así como de las estructuras Reinaldo Cuéllar, Esteban Ramírez, Abelardo Romero, Policarpa Salavarrieta y el Frente Urbano Antonio Nariño de la extinta guerrilla.

Entre los comparecientes que rindieron versión estuvieron dos exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’ y Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’. Junto a ellos también estuvieron Quintero Estévez, conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Evaristo Marroquín Tinoco, conocido como ‘Heliodoro Suárez’; Heliud Restrepo Chávez, conocido como ‘Samuel Vásquez’ o ‘Samurái’; Francisco Javier Rivera Camacho, conocido como ‘Julio Marquetalia’; Wilmar Antonio Marín Cano, conocido como ‘Hugo 22’ y Bernardo Mosquera Machado, conocido como ‘Negro Antonio’.

A nombre de las Farc-EP, varios de estos comparecientes reconocieron su responsabilidad por el atentado al Club el Nogal, ocurrido en 2003, en el que fueron asesinadas 33 personas y 198 quedaron heridas. También aceptaron haber perpetrado el atentado con rockets en Bogotá, en 2002, cuando intentaron asesinar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese ataque fueron asesinadas 27 personas y 69 resultaron heridas, varias de ellas en situación de habitabilidad en calle.

Durante las audiencias, los comparecientes también admitieron haber ejecutado dos atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El primero ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando le enviaron un libro bomba que le causó graves heridas en las manos. El segundo fue el 10 de octubre de 2005, cuando, al salir de Caracol Radio, explotó un carro bomba que dejó nueve personas heridas. Ambas acciones fueron atribuidas a integrantes de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) de las extintas Farc-EP.

Entre otros atentados, los comparecientes reconocieron haber instalado una bicicleta bomba en el barrio Fátima de Bogotá, en 2002. En ese hecho fueron asesinadas una niña, su madre y cuatro miembros de la Policía; además, 28 uniformados resultaron heridos. También aceptaron que el Frente Policarpa Salavarrieta de las Farc-EP perpetró la masacre de trabajadores de la Asociación de Municipios de Cundinamarca.

Además, rindieron versión por varios asaltos en las estaciones de Policía en los que afectaron a la población civil. Aceptaron acciones en municipios de Cundinamarca como Fosca (1995), Sueva (1995), Chiguaní (1996), Venecia (1997), los intentos fallidos de tomarse Cabrera y Gutiérrez (1999), Quipile (1995–2003), Puli (2003) y La Palma (1998 – 2002). Para explicar cómo atacaron las estaciones de Policía, los comparecientes utilizaron una maqueta y también relataron cómo robaron dinero de los bancos de la Caja Agraria en esos municipios.

Los comparecientes fueron convocados por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10 de la JEP. En este se investigan crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP, los cuales son tan graves que no pueden recibir perdón judicial y deben ser investigados, juzgados y sancionados. 

Hasta ahora, estos hechos no habían sido investigados en otros casos territoriales de la JEP, en los que también se abordan crímenes no amnistiables de las extintas Farc-EP; o en casos como el 01, sobre secuestros, o el 07, sobre reclutamiento de menores de edad.

Las versiones se desarrollan bajo reserva para proteger la intimidad de las 66 víctimas que participan en el proceso. De ellas, algunas hicieron preguntas de seguimiento a través de sus abogados, pues pudieron escuchar en tiempo real, de forma virtual, a los comparecientes de las Farc-EP. De estos últimos, la JEP espera aportes a la verdad de forma completa, detallada y exhaustiva. Esta reserva se mantiene también porque estas diligencias corresponden a la etapa inicial de la investigación. 

¿Qué sigue en el proceso?
Este es el primer llamado en el Caso 10 a versiones del Bloque Oriental por frentes de la antigua guerrilla que operaron en Bogotá y Cundinamarca. Vendrá un segundo llamado en julio y agosto a los frentes que operaron en el occidente de Meta, Arauca, Boyacá, Casanare, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.

Una vez terminen las versiones, serán trasladadas a las víctimas, quienes serán convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad a diligencias en las que podrán hacer observaciones sobre lo dicho por estos 14 comparecientes de las Farc-EP. 

Después, la sala contrastará las versiones de los comparecientes, las observaciones de las víctimas, los informes de la sociedad civil, las investigaciones de la Fiscalía, entre otros. De esta manera avanzará la investigación en estas regiones del país para decidir quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos y el daño que causaron a las víctimas, sus comunidades y sus territorios.