​ COMUNICADO 115

Así se tejen las sanciones propias en la JEP para hacer realidad la sentencias en el Caso 03 por asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe

• Durante dos días de audiencia pública en Valledupar, la JEP verificó los aportes a la verdad y a la reparación ante el Sistema Integral de Paz realizado por los comparecientes de la fuerza pública, como un paso previo para emitir la sentencia con la que se impondrán Sanciones Propias a 12 exintegrantes del Batallón La Popa, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Costa Caribe.
• Con esta audiencia, el proceso entra en su fase final: la emisión de la sentencia y la definición de los proyectos integrales restaurativos que deberán ejecutar los comparecientes como parte de su Sanción Propia. 
• Para avanzar en esa etapa, la JEP revisó informes enviados por órganos e instituciones del Sistema Integral para la Paz y convocó a 40 entidades del Estado a participar en la diligencia, de las cuales 17 intervinieron en la audiencia. En este espacio, las entidades estatales presentaron sus compromisos presupuestales, fuentes de financiación y vigencias fiscales para garantizar que la Sanción Propia sea realizable en esta zona del país. 
• Estas iniciativas, construidas a partir de las propuestas de las víctimas y los comparecientes, y evaluadas en mesas técnicas interinstitucionales, abordan dimensiones como la memoria y la dignificación, la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de infraestructura comunitaria, la productividad y generación de ingresos y la armonización del territorio.

Valledupar, 26 de julio de 2025. La JEP verificó, en audiencia pública, los aportes a la verdad de comparecientes de la fuerza pública y las condiciones de la contribución a la reparación del daño. En este espacio la magistratura escucho a las víctimas, a sus representantes judiciales, las autoridades étnicas, los comparecientes y sus representantes judiciales, así como del Ministerio Público. Para garantizar el cumplimiento de la Sanción Propia, como lo establece la constitución, el Tribunal citó a 40 entidades del Estado —entre ellas entes territoriales, instituciones del orden nacional y organismos que integran el Sistema Integral para la Paz— con el fin de verificar si se cumplen las condiciones para imponer Sanciones Propias a los 12 máximos responsables del Batallón La Popa. Ellos ya aceptaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate, ocurridas en la Costa Caribe, entre enero de 2002 y julio de 2005. 

Tras la Audiencia Pública de Verificación, convocada por la Sección de Reconocimiento de Verdad, el proceso entra en fase de emisión de la sentencia y la definición de los proyectos integrales restaurativos que deberán ejecutar los comparecientes como parte del cumplimiento de la Sanción Propia. 

Por eso, como parte de la diligencia realizada en Valledupar los días 24 y 25 de julio se examinó el avance, la viabilidad y la pertinencia de nueve proyectos integrales que podrían integrar el componente reparador y restaurador de la Sanción Propia en este subcaso. Estas iniciativas surgieron del diálogo con las víctimas de los graves crímenes de guerra y lesa humanidad, quienes han hecho público su sufrimiento, y han expresado cómo los responsables podrían contribuir a la reparación.

Se verificó el cumplimiento con la verdad
Durante la audiencia, la presidenta de la Sección de Reconocimiento, Ana Manuela Ochoa, explicó a los asistentes que los aportes de verdad realizados por los comparecientes fueron detallados y exhaustivos en la escala del caso priorizado. La magistrada también aclaró que, en el marco del régimen de condicionalidad que los vincula con esta Jurisdicción, esto “no significa que los comparecientes se sustraigan de su deber de seguir aportando verdad”, cuando cuente con la información y les sea solicitada. 

“Quienes comparecen ante la Jurisdicción entienden que decir la verdad completa no es un favor que hacen, sino una obligación que asumen frente a una sociedad. En estos dos días ellos reiteraron su compromiso con la verdad y nosotros recibimos propuestas para implementar prácticas restaurativas, espacios de encuentros privados de víctimas y responsables como un camino que permita la verdad para la sanación”, continuó la magistrada Ana Manuela Ochoa, también ponente de este subcaso. “En este caso hay víctimas que están participando desde hace siete años en esta Jurisdicción. Otras era la primera vez que venían a una audiencia, por eso quieren tener estas prácticas restaurativas de aportes a la verdad”, explicó.

Igualmente agregó, durante su intervención, que “mientras haya quienes sigan solos en su duelo, sin respuestas claras, la búsqueda de la verdad seguirá siendo necesaria. Por eso, el compromiso de los comparecientes y la labor de esta Jurisdicción deben mantenerse firmes con la esperanza de la no repetición”.

En el mismo sentido se pronunció el delegado de la Procuraduría, quien respaldó lo dicho por la magistratura y recalcó que el compromiso con la verdad, por parte de los comparecientes, debe mantenerse.

Propuestas de proyectos integrales restaurativos para contribuir a reparar los daños causados a las víctimas

Durante la audiencia, el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, presentó nueve perfiles de proyectos que podrían integrar el componente reparador y restaurador de la Sanción Propia que imponga el tribunal. Estas propuestas, construidas en diálogo con las víctimas y evaluadas en mesas técnicas interinstitucionales, buscan garantizar que sean viables técnica y financieramente. Los proyectos se enmarcan en cuatro líneas de acción priorizada por las víctimas: memoria y dignificación, incluida la búsqueda de personas desaparecidas; sanación, armonización territorial y fortalecimiento colectivo; infraestructura comunitaria; y productividad y generación de ingresos.

Los proyectos presentados fueron abordados como posibles componentes restaurativos de la sanción, pero su inclusión definitiva dependerá de lo que determine la Sección de Reconocimiento de Verdad, en el marco de la autonomía judicial, al momento de emitir la sentencia.

1. Casas Multipropósito: sanando memorias, reconstruyendo vidas (Magdalena y Cesar). 
2. Fortalecimiento productivo multipropósito en la Costa Caribe. 
3. Proyecto productivo y de generación de ingresos ‘Sembradores de Amor y Paz’, en el Consejo Comunitario Kusuto Ma-Gende en Luruaco Atlántico, dirigido a las víctimas afrocolombianas de este Consejo. 
4. Parque Memorial en Luruaco en honor a las víctimas Albeiro Flórez y Édgar Beltrán. 
5. Mausoleo de la Memoria en Valledupar, en el Cementerio del Ecce Homo.
6. Plan de memorialización en la Corta Caribe Colombiana. 
7. Centro de Armonización Mildred Montero, en el corregimiento La Mina, Territorio del Pueblo Indígena Kankuamo (Valledupar, Cesar). 
8. Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA, en San Juan del Cesar (La Guajira). 
9. Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero, en al Consejo Comunitario José Prudencio Padilla. 

Proyectos integrales restaurativos viables y sostenibles
De las 40 entidades públicas citadas, 17 tuvieron el uso de la palabra. En sus intervenciones ratificaron su compromiso con la implementación de los proyectos integrales restaurativos priorizados por la JEP. Algunos ministerios, gobernaciones y alcaldías confirmaron la destinación de recursos económicos, la asignación de predios y la disponibilidad de equipos técnicos para garantizar que estas iniciativas cuenten con el respaldo financiero y operativo necesario. Estos compromisos y su efectivo cumplimiento son claves para asegurar que las Sanciones Propias se traduzcan en acciones concretas de reparación, memoria y transformación en los territorios afectados por los crímenes del Batallón La Popa.

La sección dejó claro que cada una de las intervenciones realizadas en la audiencia será considerada antes de emitir la sentencia. “Nos evidencian que hemos avanzado de forma significativa, pero también que persisten retos para hacer realidad la contribución a la reparación del daño que deben asumir los comparecientes”, dijo la magistrada Ochoa. Ella también destacó el valor de los compromisos expresados por los comparecientes de la fuerza pública, así como las demandas de las víctimas, los pueblos indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes. “Tomamos nota de lo expresado por las instituciones del Estado. Toda esta información será tenida en cuenta por esta magistratura al momento de proferir la sentencia”, agregó. 

En línea con las solicitudes planteadas, la JEP explicó que una de las principales apuestas en materia de memoria y dignificación es la construcción de un plan de memorialización con alcance regional. Esta iniciativa busca responder a la petición reiterada de las víctimas de que se reconozca públicamente a sus familiares en los lugares donde ocurrieron los hechos o de donde eran oriundos. Otro de los requerimientos insistentes de las víctimas ha sido la construcción de Casas Multipropósito, como espacios de memoria, encuentro y reparación. “Estas se han propuesto en varios lugares de este subcaso donde ocurrieron los hechos y donde vivían las familias”, afirmó la magistratura, quien reiteró que el objetivo es dar respuesta a esas demandas a través de proyectos viables, estructurados y sostenibles.

Finalmente, la sección precisó que, si bien ya se ha avanzado en el diseño técnico de las iniciativas, su implementación depende de la articulación entre las entidades del orden nacional y territorial. “Lo que necesitamos es la confluencia de las instituciones para que los proyectos lleguen a feliz término. Seguramente deberán desarrollarse por fases, pero deben hacerse realidad”, dijo la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. 

¿Qué sigue?
Con esta audiencia finaliza la etapa de verificación pública. Ahora, la Sección de Reconocimiento de Verdad analizará todos los elementos presentados y decidirá si se cumplen las condiciones para emitir la  sentencia del Subcaso Costa Caribe, con la que se definiría la situación jurídica de los máximos responsables que reconocieron su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

“Esta audiencia no es un punto final, sino una puerta que se abre hacia la materialización de la Justicia Transicional Restaurativa. Lo que evaluamos aquí —verdad, reparación y garantías de no repetición— será la base sobre la cual construiremos una sentencia que ponga en el centro a las víctimas y marque un camino para el país, de cara a la fase que sigue después de la sentencia, monitoreo y verificación de su cumplimiento”, expresó en el cierre la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, ponente del Subcaso Costa Caribe del Caso 03 de la JEP.