​ COMUNICADO 176

Avanza la implementación de la Ruta de la Memoria ordenada por la JEP en los 20 municipios del Canal del Dique

  • La Ruta de la Memoria busca mantener viva la historia y la dignidad de las víctimas de desaparición forzada en el Canal del Dique. A través de sitios conmemorativos construidos junto a las comunidades, esta medida promueve el reconocimiento, la reparación y la no repetición.
  • Repelón es el municipio con mayor cumplimiento en la implementación de las órdenes dadas en el marco de la medida cautelar adoptada por la JEP para proteger zonas de interés forense donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Allí, la obra del sitio conmemorativo de Villa Rosa alcanza un 80 % de avance.
  • Durante dos días, la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, recorrió ocho municipios para verificar el estado de las obras y los procesos . En cada territorio, la Jurisdicción constató el compromiso de comunidades, autoridades y peticionarios por convertir los sitios de memoria en espacios de encuentro, reparación y dignificación.
  • La magistrada recalcó que la concertación permanente entre peticionarios, autoridades locales y comunidades es esencial para que los lugares de memoria tengan un carácter restaurativo, participativo y digno, y honren la historia de las víctimas del conflicto armado.
Bogotá, noviembre 1 de 2025. Durante dos días, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad recorrió ocho de los veinte municipios que hacen parte de la zona de influencia del megaproyecto del Canal del Dique. El objetivo: verificar los avances en la implementación de la Ruta de la Memoria, ordenada en el marco de la medida cautelar que adoptó la JEP para proteger zonas de interés forense donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. 

La decisión ordena a las autoridades territoriales de los veinte municipios articularse con los peticionarios de la medida cautelar —las organizaciones Ruta del Cimarronaje y Abokar— para construir y garantizar la sostenibilidad de los sitios de memoria previstos en cada territorio. Cada espacio deberá contar con un monumento y un descriptor que relate la historia de resistencia y resiliencia de las víctimas, en su mayoría pertenecientes a comunidades étnicas, teniendo en cuenta el contexto particular de cada zona.

Esta es una de las diversas acciones desplegadas por la JEP en el marco de la medida cautelar. Con ellas, la Jurisdicción busca ofrecer una respuesta integral a las víctimas y sus comunidades: salvaguardar la búsqueda de las personas desaparecidas, poner fin a la impunidad, intervenir sitios de interés forense y desplegar acciones que, como en este caso, contribuyan a preservar la historia y la dignidad de quienes sufrieron los impactos de la violencia, y cuyo dolor aún persiste en las familias que los siguen buscando.

Como parte de esta decisión judicial, en mayo de 2024 la magistratura presentó al país tres documentos sin precedentes: el Protocolo Arqueológico Forense, con enfoque territorial, étnico y de género, diseñado para aplicarse específicamente en el contexto del Canal del Dique; los Lineamientos Nacionales para la Elaboración de Protocolos Destinados a la Salvaguarda y Protección de Cuerpos de Presuntas Víctimas del Conflicto Armado en proyectos de infraestructura de transporte; y el Plan de Lucha contra la Impunidad en el contexto del Canal del Dique.

Con estas medidas, la JEP impulsa un abordaje integral del fenómeno de la desaparición forzada en esta región del norte del país. 

El recorrido
Entre el 22 y el 23 de octubre, la magistrada María del Pilar Valencia y su equipo recorrieron los municipios de Repelón (Atlántico) y San Estanislao, Soplaviento, Santa Rosa de Lima, Turbaco, Mahates, Arroyohondo y Calamar (Bolívar), con el propósito de verificar los avances en la implementación de la Ruta de la Memoria. En cada punto del recorrido, constató el compromiso de las comunidades, autoridades locales y peticionarios por convertir los sitios de memoria en espacios de encuentro, reparación y dignificación de las víctimas.

Durante la visita al corregimiento de Villa Rosa, en Repelón, la magistrada destacó el compromiso institucional del municipio. Allí fue posible evidenciar los procesos de concertación con las víctimas y peticionarios, encaminados a restaurar los daños causados y a garantizar la sostenibilidad del sitio de memoria. Resaltó que el 80 % de avance en la obra posiciona a Repelón como el municipio con mayor cumplimiento en la implementación de las órdenes dadas. 
“Estos espacios no buscan recordar con rencor, sino mantener viva la memoria como un derecho de las víctimas a recordar. Recordar es conservar en la conciencia colectiva lo que ocurrió, para que las futuras generaciones no pierdan de vista el pasado y así garanticemos el derecho fundamental a la no repetición”, señaló la magistrada María del Pilar Valencia durante uno de los recorridos.  Por eso, los lugares y monumentos de memoria reflejan las voces, saberes y experiencias de las comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras del territorio.

En Calamar, la JEP reconoció los avances logrados gracias a la concertación, así como la pertinencia del sitio escogido para la obra, cuya cercanía con el Canal del Dique tiene un profundo valor simbólico para las víctimas. En los municipios de Mahates, Arroyohondo, Soplaviento, Santa Rosa de Lima y Turbaco, la magistratura también identificó progresos, aunque insistió en la necesidad de alcanzar consensos sobre los diseños y materiales de los monumentos, de modo que estas obras representen de manera fiel lo que esperan las víctimas. Así como en los municipios Sabanalarga, Luruaco, Manatí, y Santa Lucía.

Finalmente, la magistrada María del Pilar Valencia exhortó a los municipios de San Estanislao de Koska, San Onofre, Cartagena, Suan, Turbana, Marialabaja, Campo de la Cruz y Santa Lucía a fortalecer la concertación y cumplir los compromisos adquiridos. Como parte del balance entregado al cierre del recorrido, además hizo énfasis en que la concertación permanente entre peticionarios y administraciones municipales es un pilar fundamental para asegurar que los lugares de memoria tengan un carácter restaurativo, participativo y digno. 
 
Asimismo, resaltó el acompañamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y del Centro Nacional de Memoria Histórica, al considerar que su apoyo es clave para garantizar la apropiación social, la sostenibilidad y la habitabilidad de los sitios de memoria. También hizo un llamado a las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre para fortalecer su liderazgo en la articulación de los 20 monumentos que integran la Ruta de la Memoria, con el fin de consolidar un proceso regional de reparación simbólica y de no repetición.