​COMUNICADO 118

Empieza audiencia pública en la que el Tribunal para la Paz de la JEP verifica las condiciones para emitir sentencia contra el último Secretariado de las Farc-EP por los secuestros

• La JEP realiza en Bogotá, este 31 de julio y 1 de agosto, la Audiencia Pública de Verificación, antesala de la sentencia contra el último Secretariado de las extintas Farc-EP por los secuestros. La diligencia hace parte de la etapa de juicio del Caso 01.
• A la audiencia fueron citados los siete comparecientes imputados que reconocieron su responsabilidad por la política sistemática y generalizada que dejó más de 21.000 víctimas directas e indirectas de secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio. 
• Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Algunos comparecerán de forma virtual. 
• Durante la diligencia, la magistratura verificará si se cumplen las condiciones judiciales y técnicas para imponer Sanciones Propias viables, monitoreables y sostenibles y, en consecuencia, emitir la sentencia.
• Esta audiencia busca garantizar que la sentencia proteja los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales. Solo así podrán definirse los TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador) que deberán cumplir como parte de su sanción. 
• El cumplimiento de las Sanciones Propias requiere del respaldo de entidades del orden nacional y territorial. Por eso, fueron convocadas instituciones responsables de garantizar la implementación de los proyectos restaurativos priorizados durante el proceso dialógico y restaurativo. 

Bogotá, 31 de julio de 2025. Comienza la Audiencia Pública de Verificación del Caso 01 sobre los secuestros cometidos por las extintas Farc-EP, un espacio sin precedentes en el que víctimas, máximos responsables y representantes de 15 entidades del Estado acuden ante la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP para avanzar en una nueva forma de hacer justicia. Esta diligencia del Tribunal para la Paz de la JEP abre la puerta a la primera sentencia con contenido restaurativo y refleja, al mismo tiempo, una apuesta colectiva por articular acciones concretas que garanticen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Durante este jueves y viernes, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP verifica si se cumplen las condiciones judiciales y técnicas necesarias para dictar sentencia e imponer Sanciones Propias a los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP. Todos ellos reconocieron su responsabilidad y han aportado verdad sobre una práctica sistemática y generalizada, el secuestro y el trato cruel, inhumano y degradante contra civiles y militares durante el conflicto armado en Colombia. Esta diligencia mira al futuro y constituye el paso previo a la decisión definitiva sobre su situación jurídica por estos hechos.

A la audiencia fueron citados Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos. Por razones médicas, Rodrigo Londoño Echeverry no está presenté. Asimismo, del universo de más de 4.200 víctimas acreditadas en el Caso 01, ochenta están presentes en la audiencia y diez de ellas tomarán la vocería para dirigirse ante el tribunal. Junto con sus representantes judiciales, se pronunciarán sobre la verdad aportada por los comparecientes y sus propuestas de contribución a la reparación. Las vocerías que intervendrán en la audiencia fueron elegidas por las propias víctimas durante el último encuentro de representantes, realizado en Bogotá a comienzos de julio.

Este es uno de los macrocasos más amplios que ha abierto la JEP y tiene un alcance nacional. A través del Caso 01, el Tribunal para la Paz no juzga hechos aislados, sino una política sistemática y generalizada de secuestros cometida por las extintas Farc-EP, que dejó constituyó un fenómeno de macrovictimización respecto de más de 21.000 víctimas directas e indirectas. También se examinan otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio, como desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos, torturas, e incluso violencia sexual. 

En esta audiencia se verifica el camino recorrido por los comparecientes en su condición de máximos responsables. Este momento es el resultado de un proceso dialógico y restaurativo, en el que se identificaron patrones macrocriminales, se reconocieron los daños causados y se priorizaron los proyectos que podrían hacer parte del componente reparador de la sanción. También participarán cerca de 15 entidades del Estado, que expondrán su oferta institucional, planes de acción y compromisos presupuestales, para garantizar que los proyectos priorizados sean viables jurídica, técnica y financieramente.

En el primer día de audiencia se verifican los aportes a la verdad de cada uno de los comparecientes de las extintas Farc-EP, con base en un trabajo previo de la JEP que incluyó la solicitud, el análisis y la valoración de información en articulación con otros órganos de la JEP y con las entidades del Sistema Integral para la Paz (SIP). Asimismo, se iniciará la fase de verificación de formas de contribución a la reparación El segundo día se continuarán examinando las formas de contribución a la reparación, así como las condiciones transversales de seguridad, habitabilidad y sostenibilidad de los proyectos de Sanción Propia. La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz presentará las acciones que los comparecientes han desarrollado hasta ahora y los compromisos que asumirán para contribuir a reparar el daño causado.

La diligencia busca garantizar que las Sanciones Propias que impondrá el Tribunal cumplan con los requisitos legales, pero también que sean viables, sostenibles, efectivas y monitoreables. Además, se verificará el avance de los cuatro macroproyectos restaurativos inicialmente priorizados, a los que se vincularían los comparecientes como parte de su sanción. Estas iniciativas, construidas a partir del diálogo con las víctimas, recogen sus demandas de reparación. Por su parte, las entidades del Estado presentarán los compromisos institucionales para hacer posible su implementación.

Al proferir la sentencia, la Sección de Reconocimiento definirá qué proyectos harán parte de la sanción, conforme a la ley. Por ahora, las líneas de acción priorizadas durante el proceso son: memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción integral contra minas antipersonal, y recuperación del medio ambiente, la naturaleza y el territorio. Estas propuestas están orientadas a reconstruir la confianza en los territorios y a responder a los daños identificados en el proceso ante la JEP. 

“No olvidemos que cada uno de los pasos que dé la Jurisdicción tiene una vocación restaurativa. Ponen en evidencia fenómenos criminales, pero lo que buscamos, a través de los mandatos, no es solo imponer responsabilidades: es que logremos desarmar nuestros corazones. Tenemos un compromiso con el país”, dijo el magistrado Camilo Suárez, de la Sección de Reconocimiento de Verdad, quien añadió: “Buscamos contribuir a la paz, que podamos tener un mejor futuro, un mejor país, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones”.

Las entidades del orden nacional que participan en la audiencia son: la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD); la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); el Departamento Nacional de Planeación; los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Justicia, Interior, Culturas, Tecnologías de la Información y Defensa; la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz; el Centro Nacional de Memoria Histórica; el SENA y la Unidad para las Víctimas (UARIV). Del orden regional participa la CAR Cundinamarca y, del orden local, la Secretaría de Ambiente y la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Por su parte el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dijo: “Hasta aquí llegamos gracias a la persistencia de quienes se negaron a olvidar, de quienes exigieron verdad y justicia para romper un ciclo histórico de impunidad. Este momento decisivo llega tras un proceso participativo y restaurador que permitió que los comparecientes cumplieran su compromiso con la verdad, que los máximos responsables reconocieran haber estructurado una política de secuestros que dejó miles de víctimas, directas e indirectas”, y en seguida añadió: “Esta audiencia es la prueba de que la Jurisdicción está lista para imponer las primeras sanciones restaurativas”.  

Antes de definir los TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador) que deberán cumplir como parte de esta sanción —que no implica cárcel, pero sí una restricción real de derechos y libertades—, el tribunal debe verificar que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales. Solo entonces será posible imponer sanciones que no solo sean legítimas, sino también transformadoras para las víctimas, comunidades y Territorios. Esta audiencia marca un momento inédito en el camino hacia la justicia por los secuestros. Es la antesala de una sentencia que busca saldar una deuda histórica con quienes los sufrieron y convertir el daño en compromisos concretos, asumidos tanto por los comparecientes de las extintas Farc-EP como por el Estado, para contribuir a la reparación y a la no repetición.