​COMUNICADO 93

En Caicedo, Antioquia, siete exintegrantes del Bloque Noroccidental de las Farc-EP reconocieron ante la JEP y las víctimas su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes 

• Durante la audiencia, que continuará este viernes 27 de junio, se abordaron secuestros de alto impacto nacional, como los del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, el exministro de Defensa Gilberto Echeverri, cuya familia estuvo presente en la diligencia.
• Las víctimas cuestionaron a los comparecientes por las torturas, desapariciones forzadas, homicidios, trabajos forzados y violencia sexual a las que fueron sometidas en el contexto del cautiverio. Una de ellas, por ejemplo, les pidió información a los ex Farc-EP sobre el paradero de sus seres queridos y contó que, hace apenas un mes, a partir del proceso judicial, supo que su pareja y los hermanos de él fueron asesinados el mismo día en que los secuestraron, hace 29 años.
• Los siete comparecientes aceptaron su responsabilidad y reconocieron que se trata de crímenes no amnistiables, que deben ser investigados, juzgados y sancionados. Solo uno de ellos había sido procesado por la justicia ordinaria. 
• Esta primera parte de la diligencia se centró en dos patrones criminales: el secuestro para forzar intercambios por guerrilleros presos y el secuestro como instrumento de control social y territorial.
• Durante la instalación de la audiencia, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó el carácter simbólico de realizar esta diligencia en un territorio que representa la no violencia. “La transformación de Caicedo es lo que quisiéramos que sucediera en muchos municipios de Colombia”, dijo.
• La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó 314 hechos de secuestro en Antioquia, norte de Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda, atribuidos a integrantes del Bloque Noroccidental de las Farc-EP.
• La segunda parte de la diligencia se desarrollará en Medellín, donde los comparecientes de las Farc-EP son llamados a reconocer secuestros por control territorial y con fines financieros. 

Bogotá, 26 de junio de 2025. Por primera vez, siete antiguos mandos medios del extinto Bloque Noroccidental de las Farc-EP comparecieron en audiencia pública ante la justicia, las víctimas y la sociedad para reconocer su responsabilidad por los secuestros perpetrados en Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Se trata de un hecho histórico: hasta ahora, solo uno de ellos había sido procesado por la justicia ordinaria por estos crímenes.

Participaron en el reconocimiento de verdad y responsabilidad: Luis Óscar Úsuga, conocido en las Farc-EP como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; Rodolfo Restrepo Ruiz, conocido como ‘Víctor Tirado’; Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Pedro Baracutao García Ospina, conocido como ‘Pedro Baracutao’;  Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’ y Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’, el único que había sido procesado. 

Todos ellos son señalados como partícipes determinantes en la implementación de la política de secuestro en el noroccidente de Colombia. Con base en 314 hechos documentados durante la investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad les imputó en septiembre de 2024 crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados contra la dignidad personal y otros tratos crueles e inhumanos.

La Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad del Bloque Noroccidental de las Farc-EP se realizó en Caicedo, Antioquia, un municipio muy afectado por las acciones de la extinta guerrilla. En esta primera jornada, la diligencia se centró en dos patrones criminales: el secuestro como mecanismo para forzar intercambios por guerrilleros presos y como instrumento de control social y territorial en zonas bajo influencia de esa estructura armada.

La segunda parte de la diligencia, dirigida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, relatora de la investigación, se llevará a cabo el 27 de junio de 2025 en Medellín, donde los comparecientes deberán reconocer secuestros cometidos con fines financieros y de control territorial.

Reconocimiento de la crueldad ejercida por las Farc-EP 

Los comparecientes del extinto Bloque Noroccidental de las Farc-EP reconocieron su responsabilidad en el secuestro y asesinato del entonces gobernador Guillermo Gaviria y el asesor de paz y exministro de Defensa Gilberto Echeverri, retenidos durante la Marcha por la No Violencia en 2001. Luis Óscar Úsuga, conocido como ‘Isaías Trujillo’ cuando era comandante del Frente 34 —estructura que perpetró el secuestro—, asumió responsabilidad.

“Reconozco y me hago responsable de los secuestros del señor Guillermo Gaviria y del señor Gilberto Echeverri y de los policías y militares que estaban bajo nuestra responsabilidad. También soy responsable de las afectaciones al municipio de Caicedo, de la gente del municipio porque estos dos señores eran considerados como unos líderes de aquí y de Antioquia”, dijo el compareciente Úsuga.

En la audiencia también se reconoció el caso del cabo José Norberto Pérez Ruiz, secuestrado en Santa Cecilia, corregimiento de Pueblo Rico, Risaralda. Su hijo Andrés Felipe, de 10 años y diagnosticado con cáncer, suplicó a la antigua guerrilla a través de los medios de comunicación para que liberaran a su papá.  Murió en diciembre de 2001 sin volver a verlo. Meses después, en 2002, el cabo Pérez fue asesinado tras un intento de fuga. 

El compareciente Jesús Mario Arenas Rojas, conocido como ‘Marcos Urbano’, aportó verdad y reconoció su responsabilidad: “Me hago responsable por el secuestro del Cabo Pérez (...) Nosotros escuchábamos las noticias del niño enfermo, clamando por ver a su padre. A uno le tocaba el alma (...) Lo llegamos a solicitar porque solo había dos cabos secuestrados. Y yo le dije al camarada ‘Iván Márquez’, pero la orden era mantener a los prisioneros ahí y ese desenlace fue fatal (...) significó todas las manifestaciones y deshumanización del combatiente”.

Otros secuestros para forzar el intercambio por guerrilleros presos

En la audiencia también se abordaron las privaciones de la libertad cometidas contra militares y policías.  Una de las víctimas que participó fue el sargento mayor retirado Heriberto Aranguren González, secuestrado en 1999, quien sobrevivió a la masacre del 5 de mayo de 2003, en la que fueron ejecutados nueve cautivos, entre ellos el entonces gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri.

“Mi secuestro lo divido en dos etapas. Dos años en el Nudo del Paramillo, en un cajón de madera, hermético de tres metros por tres metros, donde conviví con los otros cuatro soldados. La otra parte, en Vigía del Fuerte, en campamentos abiertos”, relató el sargento mayor (r) Aranguren.

La víctima relató que el 5 de mayo de 2003, en medio de una operación de rescate del Ejército Nacional, miembros del Frente 34 de las Farc-EP, bajo órdenes de alias ‘El Paisa’, masacraron a 13 secuestrados indefensos en zona selvática de Urrao, Antioquia. “Me salvé de la muerte. Recibí disparos en mi cabeza. (…) Sobreviví para estar aquí y dar testimonio de lo que pasó”, dijo Aranguren.

El excombatiente Jhover Man Sánchez, comandante del Frente 58 de las Farc-EP, reconoció responsabilidad directa en el secuestro del sargento (r) Aranguren, ocurrido el 22 de junio de 1999 en Puerto Libertador Córdoba, tras un combate en el que fallecieron 36 militares.  “Soy el responsable directo de su secuestro. Sé y reconozco el daño que le causé a su familia, a su esposa, a su hija que estaba creciendo sin el calor de su padre. Sé del daño que se le hizo a todo su entorno familiar y a la incertidumbre. Reconozco todo este daño que se hizo”, dijo. 

En la diligencia también intervino Luis Honorio Pacheco, soldado profesional secuestrado en 1998 en Riosucio, Chocó, tras un combate en el que resultó herido en una pierna. Relató que, pese a las heridas, lo obligaron a hacer largas caminatas y permaneció tres años amarrado, con mala alimentación y sometido a presenciar fusilamientos de otros secuestrados que intentaron fugarse. “Todavía sueño con la guerrilla de las Farc, que me van a asesinar, que me van a amarrar”, dijo sobre las secuelas que le dejó el crimen. 

El compareciente Rodolfo Restrepo Ruiz, conocido como ‘Víctor Tirado’ en las Farc-EP, admitió su responsabilidad por omisión: “Es un delito grave no estar pendiente de lo que estaban haciendo los subalternos. Soy responsable por esos crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Pacheco relató que durante muchos años estuvo cargado de resentimiento y odio hacia sus victimarios, pero afirmó que es necesario construir la paz para todas y todos los colombianos, incluidos los comparecientes, a quienes pidió mantenerse en la vida civil. “La paz la necesitamos nosotros ya, para que nuestros hijos, esposas y bisnietos no vivan en la violencia que estamos viviendo”, expresó.

Secuestros para control social y territorial

En el segundo bloque, la audiencia abordó secuestros cometidos para “disciplinar” o castigar a la población civil en zonas controladas por el Bloque Noroccidental, o a quienes consideraban colaboradores de sus enemigos. Estas prácticas incluyeron tortura, desaparición forzada, violencia sexual y trabajos forzados.

Darío Antonio Arias Domicó, hijo del líder Emberá Katío del Nudo del Paramillo Solángel Arias Domicó, contó que su padre fue secuestrado, asesinado y desaparecidos en 2002, tras ser estigmatizado por supuestamente colaborar con grupos paramilitares. “Mi padre era agricultor, tenía 12 hijos. Fue un padre ejemplar. Fue fundador de una comunidad”, dijo en para dignificar la memoria de Solángel Domicó, quien trabajaba transportando gente en un bote. 

“Se lo llevaron a un monte, a sus acompañantes los hicieron ir (…) En esa época había mucha intimidación (…) Queremos justicia para nuestras comunidades”, dijo a los comparecientes, y destacó que las Farc-EP asesinaron a más de 30 integrantes de ese pueblo indígena en el Nudo del Paramillo y que sus acciones causaron el desplazamiento de comunidades enteras que aún no retornan a sus territorios.

Jhover Man Sánchez aceptó su responsabilidad: “El daño que hicimos a las víctimas a las comunidades y a sus territorios es inmenso. A Solángel no solo se mata a él, sino que matamos los sueños de una familia. A la esposa, que la obligamos a tener esa doble responsabilidad. Acepto que es un crimen no amnistiable”.

En la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad también intervino Beatriz Elena Carmona Higuita, compañera de Albeiro Correa David, desaparecido por las Farc-EP en Mutatá, Antioquia, en 1996. En ese hecho también desaparecieron a los hermanos de Albeiro, Daniel y Reinaldo. Carmona relató cómo el secuestro interrumpió el proyecto de vida que tenían los tres jóvenes, el de su hija, entonces en gestación, y cómo el crimen la condenó a ella a 29 años de incertidumbre: “Nadie que haya vivido la desaparición forzada puede imaginar el impacto tan grande de la ausencia. Quiero saber dónde quedó el cuerpo de Albeiro y de mis cuñados”.

Beatriz dijo que su compañero y sus cuñados eran trabajadores de la vía que conecta a Mutatá con Dabeiba y que el hecho de que uno de ellos hubiera prestado el servicio militar no justifica la violencia a la que fueron sometidos. “¿Ustedes qué tipo de investigación hacían? ¿Cómo se llevan a tres muchachos así?”, les cuestionó a los comparecientes y contó que “hace un mes me di cuenta de que los asesinaron ese mismo día”. 

El crimen de los hermanos Correa David fue reconocido por Martín Cruz Vega, conocido en las Farc-EP como ‘Rubín Morro’. “La guerra se degradó. Todo lo que olfateábamos, familia de Ejército, era nuestro enemigo (...) Hay dos versiones: que fueron lanzados a un río o enterrados en el cementerio de Mutatá (...) Tengo la responsabilidad moral de ubicar a estas personas”, dijo el compareciente, quien además se comprometió con aportar información a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para encontrarlos, como parte de su compromiso con el Acuerdo Final de Paz.

Beatriz Elena Carmona propuso la creación de un “Bosque de la Memoria y la Esperanza” en Mutatá, como acto de reparación colectiva: “Una iniciativa para nombrar a quienes no están, marcando cada árbol con el nombre de una víctima. Un espacio de vida, aprendizaje y construcción de paz para nuestros jóvenes”.

Al final, la magistratura destacó que los siete comparecientes están cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y con sus obligaciones ante la Justicia Transicional. Su disposición a comparecer, escuchar a las víctimas, aportar verdad detallada e impulsar iniciativas restaurativas en los territorios fue valorada como un avance en el camino hacia la justicia, la reparación y la no repetición.