Gobierno y JEP construyen decreto que reglamenta la implementación de Sanciones Propias y medidas restaurativas

Bogotá, 26 de agosto de 2025. La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio de Justicia y del Derecho y otras entidades del Gobierno nacional, reunidas en sesión de la Instancia de Articulación Gobierno-JEP, avanzaron en la construcción de un proyecto de decreto sobre las condiciones transversales para la implementación de Sanciones Propias y medidas de contribución a la reparación, de cara a las primeras sentencias restaurativas que emitirá el Tribunal para la Paz de la JEP.

El proyecto de decreto establece las reglas que deben cumplir las entidades públicas —y las privadas que decidan vincularse— para que los comparecientes ante la JEP puedan llevar a cabo sus Sanciones Propias, a través de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR), y con las Medidas de Contribución a la Reparación (MCR) sin que exista relación laboral o vínculo contractual. Para ello, deberán garantizar afiliación a seguridad social, protección contra riesgos laborales y condiciones dignas de habitabilidad.

Así mismo, el proyecto de decreto dispone que se aseguren condiciones de seguridad tanto para los comparecientes como para las comunidades receptoras. También establece que el Gobierno debe proporcionar las condiciones institucionales necesarias para hacer efectivas las restricciones de derechos y libertades que rigen a los comparecientes durante la ejecución de las sanciones.

Durante la jornada, la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz y la Secretaría Ejecutiva de la JEP hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso de la República para dar alta prioridad estratégica a la asignación de recursos en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026, para la implementación de los primeros proyectos restaurativos impuestos como Sanciones Propias.

 “Este es un ejercicio inédito en Colombia. Queremos que las sentencias sean viables y nosotros, como órgano judicial, queremos que las órdenes lleguen a los territorios. (...) Este camino es el difícil, pero es el que le dará legitimidad a la JEP y seguridad jurídica a los comparecientes”, dijo el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, resaltando la importancia de este trabajo articulado con el Gobierno para que las sentencias no se queden en el papel.

“Las entidades presentes en la Instancia de Articulación nos comprometemos a trabajar conjuntamente para que el Estado garantice los recursos económicos para facilitar la implementación de las Sanciones Propias. Es importante que este decreto salga pronto para brindar respuestas efectivas a las sentencias que expida la Jurisdicción Especial para la Paz”, afirmó Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Por su parte, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, hizo un llamado a las entidades del Gobierno nacional para que atiendan la obligatoriedad de garantizar el cumplimiento de las Sanciones Propias, las medidas restaurativas y los TOAR, y subrayó que “el tema de la seguridad es fundamental para todos los comparecientes, tanto firmantes de paz como militares. En medio de la compleja situación de violencia que atraviesa el país, es necesario que todas las entidades del Gobierno consideren las condiciones especiales que estamos viviendo y que estas también sean tenidas en cuenta en este espacio”.

La JEP, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, y todas las entidades y organismos nacionales e internacionales que participaron en la Instancia de Articulación, resaltaron que este esfuerzo colectivo fortalece el carácter restaurativo de las sanciones y consolida un paso fundamental hacia la paz y la reconciliación en los territorios.

Raúl Rosende, jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, valoró la coordinación entre la JEP y el Gobierno Nacional para que avance el proceso de implementación de Sanciones Propias. Así mismo, recordó que la Misión de Verificación tiene en su mandato verificar que el Estado disponga de todo lo necesario y cree las condiciones para que los comparecientes puedan cumplir con las sanciones. Señaló que en la próxima sesión del Consejo de Seguridad, en octubre, se tendrá que reportar lo que ha pasado en los diferentes puntos del Acuerdo Final de Paz, incluido el punto cinco. “Sería importante reportar que las sanciones han sido impuestas, pero también que el Estado está creando esas condiciones [para cumplirlas]”, dijo el jefe adjunto de la Misión.

Esta sesión de la Instancia de Articulación se realizó semanas después de las dos Audiencias Públicas de Verificación, el paso previo a la imposición de las sanciones por la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en el marco de los Casos 01, sobre secuestros; y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado.

En estas audiencias se verificaron los aportes a la verdad y a la reparación por parte de los comparecientes vinculados a los dos casos, y se presentaron los compromisos estatales para el cumplimiento de los proyectos restaurativos que se impondrán como Sanciones Propias a dichos comparecientes que han aportado verdad y han reconocido responsabilidad por crímenes graves y representativos cometidos durante el conflicto armado.

Con la discusión conjunta sobre este avance normativo, el Estado colombiano reafirma su compromiso con el cumplimiento de las decisiones de la JEP y con la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.