​COMUNICADO 66

La JEP emite nuevas órdenes para fortalecer la seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, especialmente de quienes comparecen ante esta Jurisdicción

• Las órdenes emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) a distintas entidades buscan que se adopten medidas para prevenir y reducir la estigmatización contra firmantes y comparecientes de las antiguas Farc-EP ante la JEP.
• Proteger sus derechos fundamentales es un compromiso del Estado tanto con quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz para participar activamente en la política, como con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado, además es necesario para garantizar la ejecución de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR) y las sanciones propias que están próximas a imponerse.
• La magistratura exhorta al Ministerio de Defensa a fortalecer la presencia preventiva de la fuerza pública en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), en las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC) y en las hoy catalogadas como Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), con el fin de garantizar condiciones seguras para quienes se encuentran en proceso de reincorporación.

Bogotá, 20 de mayo de 2025. Luego de identificar un deterioro en las garantías de seguridad y en la oferta institucional destinada a proteger a las personas en proceso de reincorporación, así como un aumento en los casos de estigmatización, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP ordenó nuevas medidas que involucran a entidades del alto Gobierno para reforzar la seguridad y protección de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Así lo determinó la magistratura tras analizar la información presentada en la audiencia pública realizada el pasado 10 de abril, en la que se hizo seguimiento a las medidas cautelares adoptadas, en 2020, para proteger a esta población.

Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en su reciente informe titulado La reincorporación desarraigada, se han documentado 602 hechos de grave afectación contra personas en proceso de reincorporación que pertenecieron a las extintas Farc-EP. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, 456 firmantes del Acuerdo han sido asesinados. De ese total, el 94 % comparecía ante la JEP, participando en versiones voluntarias, aportando verdad a las víctimas y entregando información sobre personas dadas por desaparecidas. Asimismo, el 12 % estaba vinculado a Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR).

La UIA alertó que seis espacios de reincorporación están en riesgo de desaparecer si no se actúa oportunamente: el AETCR La Pradera (Putumayo); las NAR de Corinto y Toribío (Cauca); Puerto Guzmán (Putumayo); Pitalito (Huila) y San Vicente del Caguán (Caquetá). Ante esta persistencia del panorama expuesto en la audiencia pública, el 8 de mayo de 2025 la magistratura instó al Ministerio de Defensa a fortalecer la presencia preventiva de la fuerza pública en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), en las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC) y en las hoy catalogadas Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), para garantizar condiciones seguras a la población en reincorporación. Según la UIA, cinco de estos espacios se encuentran en territorios ampliamente controlados por grupos armados.

De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), en el reporte entregado a la JEP durante la audiencia del pasado 10 de abril, en Colombia hay actualmente 23 AETCR en funcionamiento, ubicados en 13 departamentos del territorio nacional, que cobijan a 1.705 firmantes de paz, equivalentes al 14,29 % del total de personas en proceso de reincorporación. En cuanto a las NAR, se registran 19 en total y allí se ubican alrededor de 3.105 personas.

¿Qué motiva a la JEP a tomar estas medidas?

Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP es un compromiso del Estado tanto con quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz para participar activamente en la política, como con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado. Además, es necesario para garantizar la ejecución de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR) y de las sanciones propias que están próximas a imponerse. Esta protección es un deber constitucional y legal de las instituciones encargadas de velar por su seguridad, así como de las instancias creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad avocó el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger los derechos de los comparecientes obligatorios ante la Jurisdicción, mediante el Auto AT-057 de 2020. Como resultado de esas órdenes, mediante la Resolución 0096 del 16 de febrero de 2024, se adoptó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), que contempla la coordinación entre las entidades estatales competentes para su implementación y ejecución.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha avanzado en superar el rezago de los estudios de riesgo y en la implementación de medidas de protección material pendientes, en respuesta a la orden de fortalecer presupuestalmente dicha entidad. Asimismo, mediante el Decreto 665 de 2024, se adoptó la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y su respectivo Plan de Acción, iniciando su fase de implementación conjunta entre la Nación y los territorios. Estos y otros avances han permitido avanzar en el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz en materia de garantías y seguridad.

La JEP reconoce los avances de las instituciones encargadas de proteger a los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz; sin embargo, la sección enfatiza que los riesgos persisten. Por ello, es necesario continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad física de esta población, especialmente de los y las comparecientes, quienes, conscientes de sus obligaciones con la sociedad, vienen aportando verdad, esclareciendo hechos del conflicto y contribuyendo a la reparación de las víctimas.