COMUNICADO 116
La JEP ordena fortalecer institucional y presupuestalmente a Medicina Legal para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas
- La Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) ordenó la formulación e implementación de un plan integral para fortalecer la capacidad operativa y presupuestal del Instituto de Medicina Legal, medida clave para avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de víctimas de desaparición forzada.
- Uno de los ejes centrales del plan es la creación de una subcuenta de Medicina Legal en el Fondo Colombia en Paz (FCP), destinada para canalizar recursos del presupuesto nacional y de cooperación internacional hacia proyectos de fortalecimiento forense.
- La sección dispuso una serie de órdenes a distintas entidades del Estado que deben tomar acciones concretas en favor de Medicina Legal, así como a alcaldías y gobernaciones en cuyos territorios hay proyectos relacionados con infraestructura de Medicina Legal que deben ser fortalecidos o puestos en marcha.
- La Jurisdicción también adoptó medidas específicas para responder a las necesidades forenses en territorios gravemente afectados por el conflicto y la desaparición forzada, como Buenaventura y Norte de Santander.
Bogotá, 28 de julio de 2025. La JEP ordenó un plan de acción para fortalecer estructural y financieramente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de acelerar la identificación de personas desaparecidas y garantizar respuestas dignas a sus familias.
La orden fue emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz, mediante Auto SAR AI – 040, del 17 de julio de 2025, en el marco del seguimiento a la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada.
El plan integral para robustecer la capacidad operativa, técnica y presupuestal de Medicina Legal debe ponerse en marcha luego de que, en audiencia el pasado 13 de junio, quedara en evidencia que el rezago forense es un obstáculo estructural en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
A dicha diligencia fueron convocadas autoridades nacionales y territoriales, así como representantes de organizaciones de víctimas, quienes expusieron las principales barreras presupuestales, técnicas y operativas que enfrenta Medicina Legal para cumplir su misión. Las intervenciones evidenciaron que, sin un fortalecimiento urgente, el Instituto no podrá responder de manera oportuna a la magnitud del reto humanitario que se presenta en distintas regiones del país desde hace décadas.
Así mismo, durante la audiencia, se evidenció que la infraestructura forense actual es insuficiente para responder al volumen de cuerpos por identificar. También se constató una grave desproporción entre las necesidades del Instituto y su capacidad real: falta de laboratorios, déficit de personal especializado, precariedad en equipamiento y una sobrecarga institucional que afecta directamente el avance de la búsqueda.
En consecuencia, el plan de fortalecimiento integral ordenado por la JEP debe contemplar líneas de acción concretas en infraestructura, capacidad técnica, operativa e institucional, a fin de materializar los propósitos del Sistema Integral para la Paz, garantizando un servicio forense eficaz, célere y respetuoso con los derechos de las víctimas.
Para asegurar que las acciones contempladas en este plan se ajusten al objetivo trazado y generen resultados tangibles para Medicina Legal, la SAR participará de manera activa en las medidas adoptadas, realizará acciones de seguimiento y emitirá las decisiones de trámite necesarias para contribuir al éxito del plan.
Uno de los puntos centrales del plan es la creación de una subcuenta específica de Medicina Legal en el Fondo Colombia en Paz (FCP), con el propósito de canalizar recursos del presupuesto nacional y de la cooperación internacional hacia proyectos estratégicos en materia forense. Para ello, la JEP ordenó al Fondo convocar al Instituto a sus mesas técnicas y brindarle asesoría para estructurar adecuadamente dicha subcuenta. Además, el Fondo deberá remitir informes trimestrales a la sección sobre la participación del Instituto, los avances en la creación de la subcuenta y las gestiones realizadas para su puesta en marcha.
Otra de las medidas adoptadas consiste en la adecuación temporal de infraestructura disponible en Cundinamarca. La JEP ordenó a la Gobernación remitir a Medicina Legal un inventario de las sedes que próximamente quedarán disponibles en el territorio, con el fin de que el Instituto evalúe su viabilidad para uso provisional en labores forenses, incluyendo la instalación de laboratorios de genética y antropología, mientras se ejecutan obras definitivas. Esta medida busca responder de forma inmediata a la necesidad de contar con espacios físicos adecuados para el procesamiento e identificación de cuerpos en este departamento.
Adicionalmente, la JEP ordenó avanzar de manera urgente en la creación del Centro de Identificación Humana de Medicina Legal en Soacha. Este es considerado un proyecto emblemático para agilizar los procesos de identificación y dar respuestas oportunas a las familias buscadoras. A la fecha, pese a contar con un lote donado en el sector de San Mateo, el proyecto ha enfrentado retrasos significativos que amenazan su viabilidad. Por ello, la Jurisdicción ordenó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) convocar y liderar reuniones con el Ministerio de Hacienda, Medicina Legal, la Alcaldía de Soacha y la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de establecer una ruta clara para su ejecución en un plazo de tres años, gestionar las vigencias futuras necesarias, ajustar el cronograma del proyecto y solicitar al Concejo Municipal la extensión de las condiciones impuestas para la donación del predio.
Con el fin de dotar de infraestructura suficiente a Medicina Legal, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) también fue convocada a facilitar el uso de bienes en extinción de dominio. Se identificaron 267 predios en Bogotá y otras regiones que podrían resultar viables para apoyar la infraestructura del Instituto. La JEP ordenó a la SAE entregar el listado completo Medicina Legal y definió un cronograma para evaluar su viabilidad y formalizar su asignación.
En el frente financiero, la JEP ordenó la creación de una mesa técnica entre Medicina Legal y el Ministerio del Interior, con el objetivo de asesorar la formulación de proyectos que puedan ser presentados al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon). Esta medida busca abrir una fuente adicional de recursos para fortalecer la capacidad institucional y presupuestal del Instituto.
A nivel estructural, la Sección de Ausencia de Reconocimiento estableció que el Ministerio de Justicia deberá liderar la creación de un grupo de trabajo permanente dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, enfocado en diseñar estrategias presupuestales y técnicas para asegurar la sostenibilidad del Instituto. Esta decisión busca institucionalizar el esfuerzo de fortalecimiento de Medicina Legal y garantizar que sus necesidades no queden supeditadas a gestiones coyunturales.
Como medidas complementarias, la JEP ordenó a la Alcaldía de Buenaventura y al Ministerio del Interior informar, en un plazo de quince días, los avances, planes y obstáculos frente a la construcción de una sede de Medicina Legal en ese municipio, cuya ejecución ha estado detenida por la falta de definición sobre quién asume la responsabilidad del proyecto. Aunque hubo un compromiso en el marco de los acuerdos con el Comité del Paro Cívico, a la fecha no se han concretado acciones.
Así mismo, en relación con Norte de Santander, la Jurisdicción dispuso trasladar la respuesta Medicina Legal sobre un ofrecimiento económico de la Gobernación al despacho a cargo de la medida cautelar en Cúcuta, para que se adopten las decisiones correspondientes frente al fortalecimiento forense en ese departamento
Igualmente, esta decisión de la JEP reitera que el fortalecimiento institucional de Medicina Legal no es un asunto meramente técnico, sino una condición indispensable para hacer efectiva la búsqueda de desaparecidos. Sin capacidades forenses suficientes, no hay verdad, justicia, ni reparación posibles. Con estas medidas, la Jurisdicción reafirma su compromiso con los derechos de las víctimas y con la construcción de una paz que sea tangible para quienes aún buscan a sus seres queridos.
Finalmente, es importante subrayar que las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento no solo constituyen herramientas procesales de protección, sino instrumentos estructurales de garantía de derechos. A la fecha, las medidas cautelares adoptadas por la sección han permitido intervenir 25 sitios en el territorio nacional, en los cuales: 1.891 cuerpos han sido exhumados, 200 de ellos identificados, y se han realizado 128 entregas dignas a sus familiares.
Estos resultados son una manifestación tangible del compromiso de la JEP con la verdad, la justicia y la reparación, y muestran que el fortalecimiento institucional de los órganos técnicos, como el Instituto de Medicina Legal, es un requisito esencial para la eficacia en la búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas.
