COMUNICADO 164
La JEP realizó una inspección judicial en la región de Tulapas para verificar la situación territorial tras desplazamientos forzados y despojos de tierras atribuidos al Fondo Ganadero de Córdoba
- La inspección se realizó en el marco de las medidas cautelares adoptadas en desarrollo del Caso 04 para proteger los derechos de las comunidades campesinas víctimas de desplazamiento forzado por grupos paramilitares y del despojo de tierras materializado por el Fondo Ganadero de Córdoba.
- La diligencia fue presidida por la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del Caso 04. También participaron el Grupo de Análisis de Información (GRAI), la Secretaría Ejecutiva de la JEP, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
- Las instituciones del Estado se unieron para dialogar con las comunidades y grupos de víctimas de Tulapas sobre la situación de su territorio y construir soluciones conjuntas, participativas y restaurativas a los daños que causó el desplazamiento forzado y el despojo de tierras en la región.
- La jornada permitió recopilar pruebas jurídicas. Los hallazgos servirán para definir la continuidad de las medidas cautelares y orientar proyectos restaurativos en beneficio de las comunidades campesinas de Tulapas.
Bogotá, 6 de octubre de 2025. Con el fin de verificar el estado de los predios, las plantaciones forestales y los usos actuales del territorio marcado por desplazamientos forzados y despojo de tierras, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizó una inspección judicial en la región de Tulapas, ubicada entre los municipios antioqueños de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.
La diligencia, llevada a cabo el 24 de septiembre en dos veredas de la zona, hace parte del seguimiento a las medidas cautelares decretadas por la JEP en octubre de 2024 en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial en Urabá, y busca proteger los derechos de las comunidades campesinas víctima de desplazamiento y despojo.
Durante la inspección estuvieron presentes la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, su equipo, el Grupo de Análisis de Información (GRAI) y la Secretaría Ejecutiva de la JEP. También participaron la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Aunque no estuvo en la zona, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá) presentó un informe técnico.
La diligencia contó además con el acompañamiento de la Fundación Forjando Futuros. El ingreso institucional fue posible gracias al apoyo de líderes comunitarios y organizaciones de víctimas, que reunieron a cerca de 50 personas de nueve veredas.
De acuerdo con la información recopilada por la JEP en el trámite de estas medidas cautelares, la región de Tulapas comprende una extensión de 59 mil hectáreas y 2.827 predios. Esta se caracteriza por ser una tierra fértil, con suelos aptos para proyectos agroforestales y ganaderos, atravesada por numerosas fuentes de agua y con una ubicación estratégica: a pocos kilómetros del mar Caribe, cercana a centros urbanos como Montería, Turbo y Apartadó y dentro del área de influencia de proyectos portuarios.
Estas condiciones explican tanto el interés que despertó en los grupos armados que ocuparon violentamente la región en los años noventa, como el de distintas iniciativas económicas ilegales, las cuales fueron fundadas sobre despojos y violencias criminales, que han buscado aprovechar su potencial productivo y su posición geográfica privilegiada en favor de pocos empresarios.
La inspección incluyó recorridos terrestres, mediciones técnicas, registros fotográficos y diálogos comunitarios. Estas acciones permitieron identificar el estado de las plantaciones de teca y melina en predios cautelados por la JEP, las condiciones ambientales del territorio, las características de la población y los retos de seguridad que persisten en la región.
La jornada tuvo un valor inédito para la región y sus comunidades. En lo jurídico, aporta pruebas para definir la continuidad de las medidas cautelares y avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad de actores civiles en el despojo. En lo restaurativo, fue un acto sin precedentes: por primera vez en 30 años, diferentes instituciones con responsabilidades misionales ingresaron de forma conjunta, planificada y articulada a Tulapas para constatar el despojo y escuchar, en voz viva, a las comunidades campesinas.
Los testimonios recogidos evidenciaron la urgencia de ofrecer soluciones frente a vías de acceso, abandono institucional y conflictos por el repoblamiento de predios. Estas necesidades orientarán proyectos restaurativos con impacto colectivo para la región.
Tanto la JEP como la justicia ordinaria, Justicia y Paz y la Unidad de Restitución de Tierras han establecido que, a finales de los años noventa y comienzos de los 2000, tras la ocupación paramilitar de Tulapas, se produjo un desplazamiento masivo de comunidades campesinas.
En paralelo, el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) adquirió de manera ilegal extensas áreas de tierra, transacciones que hoy son investigadas a partir de los avances obtenidos por la justicia penal ordinaria, por la jurisdicción especial de restitución de tierras y por la JEP.
Seis terceros civiles vinculados a esta sociedad hoy comparecen ante esta Jurisdicción para responder por su papel en el despojo, el constreñimiento, la compra fraudulenta de la mayoría de los predios de la región y el impacto de esas actuaciones en las comunidades de Tulapas. Ellos son: Benito Osorio Villadiego, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Jaime Augusto García Exbrayat y Marco Fidel Furnieles Salgado.
En cuanto al cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas en el marco de las medidas cautelares de Tulapas, la JEP ha constatado avances en tres aspectos: 1) Suspensión de actividades de explotación, transporte y comercialización de plantaciones forestales, así como de la expedición de permisos para dichas labores. 2) Caracterización predial y territorial, que permitió establecer a Tulapas como una región habitada por comunidades campesinas con rasgos ambientales, sociales y económicos comunes. 3) Caracterización de víctimas y comunidades, proceso esencial para orientar decisiones de fondo y construir propuestas restaurativas.
Después de tres décadas, las comunidades de Tulapas recibieron la visita de una delegación estatal de alto nivel que dialogó directamente con ellas sobre la situación de su territorio. Este hecho representa un paso clave en la reconstrucción de la confianza entre instituciones y comunidades, el reconocimiento de las víctimas y el avance hacia propuestas restaurativas que atiendan las afectaciones causadas por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras.
Con esta inspección, la JEP reafirma su compromiso con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Los hallazgos en Tulapas fortalecerán las decisiones del Caso 04 y abrirán camino a procesos restaurativos que devuelvan la tierra, dignifiquen a las víctimas y reconstruyan el tejido social de la región.
