COMUNICADO 151
La JEP resuelve la situación jurídica de 34 comparecientes de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables en Boyacá, Santander y Cundinamarca
- Los comparecientes hacían parte del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ (Bisuc), ubicado en Chiquinquirá (Boyacá).
- Se trata de los asesinatos de nueve personas presentadas falsamente como bajas en combate en seis hechos ocurridos, entre 2004 y 2008, en los municipios de Puente Nacional y La Belleza (Santander); Caldas, Moniquirá y San Miguel de Sema (Boyacá); y en Simijaca (Cundinamarca).
- La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que los comparecientes, no considerados máximos responsables, cumplieron con los requisitos exigidos para concederles la renuncia a la persecución penal como mecanismo para resolver su situación jurídica de forma definitiva.
- Los comparecientes no podrán reincorporarse a la fuerza pública y se ordenó revocarles los reconocimientos e incentivos que recibieron por estas operaciones ilegítimas.
- A la fecha, la JEP ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 178 comparecientes de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables.
Bogotá, 24 de septiembre de 2025. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP resolvió de forma definitiva la situación jurídica de 34 comparecientes de la fuerza pública no considerados máximos responsables en asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en Boyacá, Santander y Cundinamarca, durante el conflicto armado.
Los comparecientes, quienes recibieron el beneficio definitivo de la renuncia a la persecución penal condicionada, integraron el Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ (Bisuc), ubicado en Chiquinquirá (Boyacá). La sala determinó que participaron en los asesinatos de nueve personas presentadas falsamente como bajas en combate en seis hechos ocurridos, entre 2004 y 2008, en los municipios de Puente Nacional y La Belleza (Santander); Caldas, Moniquirá y San Miguel de Sema (Boyacá); y en Simijaca (Cundinamarca).
El beneficio de la renuncia a la persecución penal concedido consiste en que a los 34 comparecientes se les extingue la acción penal y disciplinaria, por lo que los procesos en su contra deberán ser archivados. Este proceso no sancionatorio va dirigido a aquellos comparecientes que no tuvieron un rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales determinados por la JEP y que garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.
A la fecha, la JEP ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 178 comparecientes de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables durante el conflicto.
Tras evaluar los aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad realizados por los comparecientes en audiencias en las que participaron las familias de las víctimas, la sala concluyó que los aportes de verdad presentados permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera lo establecido por la justicia ordinaria.
Los hechos corresponden a los asesinatos de Manuel Franco Pinzón y Víctor Alfonso Rodríguez, en La Belleza (Santander), el 14 de mayo de 2004; Milton César Acevedo Román, asesinado en San Miguel de Sema (Boyacá), el 25 de octubre de 2007; Elkin de Jesús Álvarez Cardona y Diego Alberto Pérez Mejía, asesinados en Caldas (Boyacá), el 12 de diciembre de 2007; Mauricio Ceballos Usma, asesinado en Moniquirá (Boyacá), el 1 de julio de 2008. Hugo Fernely Giraldo, asesinado en Simijaca (Cundinamarca), el 14 de agosto de 2008; y Jhon Francisco Pacheco Parra, asesinado en Puente Nacional (Santander), el 22 de agosto de 2008. Todos fueron presentados como supuestos integrantes de grupos armados ilegales dados de baja en combate, sin serlo.
Consolidación de los aportes de verdad
Los días 13 y 14 de marzo de este año, en Tunja (Boyacá), la Sala de Definición llevó a cabo la audiencia de presentación de informe, consolidación del régimen de condicionalidad y otras actuaciones procesales. Allí, Los comparecientes contaron cómo las víctimas fueron engañadas, retenidas de forma ilegal y luego asesinadas sin que se hubiera presentado un combate.
El magistrado Mauricio García Cadena, ponente de esta decisión, y la magistrada Sandra Castro Ospina, quienes integran la Subsala Tercera de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, concluyeron que los comparecientes “suministraron un relato detallado y coherente sobre las generalidades del funcionamiento del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ y de las circunstancias que rodearon los hechos victimizantes”. Así mismo, consideraron que los comparecientes mostraron el compromiso de contar lo que sucedió en los hechos y reconocer el rol que tuvo cada uno.
Los magistrados también destacaron que los comparecientes describieron las presiones a las que estuvieron sometidos por sus superiores para llevar a cabo los crímenes, así como el esfuerzo de aportar información sobre las identidades de todas las personas que participaron en los hechos, tanto militares como terceros civiles.
“Todos los comparecientes reconocieron explícitamente su responsabilidad y pidieron perdón a las víctimas indirectas, dignificando la memoria de las víctimas directas como civiles inocentes”, se lee en la resolución.
Además, los magistrados tuvieron en cuenta que los comparecientes se comprometieron a llevar a cabo las medidas contribución a la restauración solicitadas por las víctimas, como la instalación de pancartas y la pauta en espacios de televisión para restaurar el buen nombre de las víctimas. Así mismo, ofrecieron garantías de no repetición, por ello, la subsala dispuso que los comparecientes no podrán reincorporarse a la fuerza pública y ordenó revocarles los reconocimientos e incentivos que recibieron por estas operaciones ilegítimas.
Los magistrados advirtieron que el beneficio otorgado puede ser retirado si los comparecientes incumplen el régimen de condicionalidad, que exige no delinquir, atender los requerimientos de la JEP y reportar sus salidas del país.
Próximamente, la subsala convocará a un espacio restaurativo para hacerle seguimiento a los actos de reparación simbólica que deben realizar los comparecientes, garantizando que satisfagan las demandas expresadas por los familiares de las víctimas.
Las acciones del BISUC
Con los aportes de verdad entregados por los 34 comparecientes, la subsala pudo reconstruir de qué forma operó el aparato criminal que se orquestó en el Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ (Bisuc) y que llevó a que se asesinara a civiles inocentes en tres departamentos distintos bajo su jurisdicción.
Los comparecientes contaron que se usó dinero del batallón para comprar material de intendencia que finalmente fue usado para hacer los montajes de los combates y pagar recompensas a informantes o reclutadores. Además, las operaciones militares estaban justificadas con información de inteligencia que resultó ser falsa, se manipularon los cuerpos de las víctimas y las escenas de los crímenes para simular que hubo combates.
La sala determinó que los asesinatos se cometieron bajo tres modalidades: 1) a unas personas las retuvieron, las asesinaron y después las presentaron como integrantes de grupos armados ilegales; 2) a otras las trasladaron bajo engaño para asesinarlas y luego las reportaron como supuestos integrantes de grupos armados; y 3) a otras víctimas las asesinaron aprovechando circunstancias que facilitaron su selección.
Con este proceso la JEP ratifica su compromiso de llevar la mayor verdad posible a las víctimas del conflicto, al tiempo que resuelve la situación jurídica de los comparecientes que participaron en graves crímenes no amnistiables durante el conflicto armado, lo que abre paso a nuevos espacios de reconciliación.
