COMUNICADO 123
“No soy el victimario de ustedes”: coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez no aceptó los cargos en su derecho a la última palabra
- La Sección de Ausencia de Reconocimiento escuchó los alegatos finales del fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), los representantes de víctimas y la defensa en el Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez.
- Mientras la UIA y los representantes de víctimas solicitaron la sanción máxima por crímenes sistemáticos cometidos durante su comandancia en el Batallón La Popa, la defensa del coronel retirado negó su responsabilidad y sostuvo que actuó guiado por el honor militar.
- Con esta Audiencia de Alegatos de Conclusión finaliza la fase de juicio adversarial en la JEP. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad deberá emitir sentencia en un plazo máximo de 60 días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1922 de 2018.
- En esa decisión, la magistratura definirá si el coronel (r) Mejía Gutiérrez es absuelto o declarado responsable de los crímenes por los que fue acusado. De ser hallado culpable, se podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.
Valledupar, 5 de agosto de 2025. Con la presentación de los alegatos de conclusión por parte del fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, los representantes de víctimas y la defensa, finalizó la fase de Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
La audiencia, desarrollada este martes en Valledupar (Cesar), marcó el cierre de un proceso judicial que se activó luego de que el compareciente no reconoció responsabilidad frente a los hechos que le imputó la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, en el marco del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Al finalizar la jornada, la magistrada Reinere Jaramillo, quien preside el juicio, concedió el uso de la última palabra al acusado, quien no aceptó los cargos. Ante este escenario, ahora la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad deberá emitir la sentencia en los próximos 60 días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1922 de 2018.
“Honorables magistrados, gracias por las garantías y por la forma en que adelantaron este juicio. Distinguida audiencia, víctimas, no soy su victimario. Hubiera sido fácil decir: ya pagué ocho años, acepto. Pero entre hacer lo que me conviene y hacer lo correcto hay una diferencia muy grande.
En estos 19 años perdí mi carrera, estuve 10 años en prisión preventiva, perdí todo lo que más he querido; me aporrearon, me maltrataron a mí y a mi familia; me cerraron todas las posibilidades laborales. Me llevaron a La Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido todo, me quedan tres cosas: una, la verdad; dos, mi honor de soldado de Colombia; tres, mi dignidad ciudadana. Y eso no es negociable. No acepto los cargos”, dijo en la audiencia.
En la sentencia, la magistratura definirá si el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez es declarado responsable o no de los crímenes por los que fue acusado. Será una decisión judicial sustentada en las pruebas, los testimonios y los alegatos presentados a lo largo del juicio. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de privación efectiva de la libertad tal como lo establece la constitución y la ley.
Durante la audiencia, el procurador delegado ante la JEP, Fernando Antonio Burgos, intervino para resaltar las garantías procesales otorgadas en el juicio: “El Ministerio Público expresa que en este proceso se han brindado plenamente todas las garantías: la plenitud de las formas del juicio, la presunción de inocencia, el derecho a la contradicción y la doble instancia. La Procuraduría tiene absoluta confianza en que esta magistratura hará justicia”.
Alegatos finales de la UIA: crímenes sistemáticos y alianza con paramilitares
El fiscal 5° de la Unidad de Investigación y Acusación, Samuel Serrano Galvis, sostuvo que el coronel (r) Mejía Gutiérrez estructuró un aparato ilegal de poder al interior del Batallón La Popa, en alianza con el frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según sus alegatos, esta alianza permitió la comisión sistemática de asesinatos de civiles, quienes luego eran presentados como bajas en combate.
El fiscal recordó que en este caso se investigan 35 hechos que dejaron un total de 72 víctimas, y solicitó a la magistratura imponer la pena máxima contemplada por esta jurisdicción: 20 años de privación efectiva de la libertad. “Voy a utilizar mis últimos minutos a manera de homenaje a las víctimas, porque hay que devolverles su dignidad (…) Más de 20 años tuvieron que esperar que estuviéramos en este momento”, expresó Serrano al leer uno a uno los nombres de las víctimas
Alegatos finales de las víctimas: “No fue un hecho aislado, fue una práctica sistemática”
Los representantes de las víctimas coincidieron en que el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez no fue un simple oficial atrapado en la lógica de la guerra, sino el arquitecto de un aparato criminal con capacidad de mando y control. “El acusado dirigió una estructura que operó para asesinar civiles y presentarlos como bajas legítimas. No fue un exceso, fue una política ilegal”, afirmó el abogado Sebastián Escobar.
Por su parte, la abogada Daniela Rodríguez señaló que los crímenes afectaron principalmente a jóvenes campesinos, trabajadores y miembros de comunidades étnicas. “El Ejército los traicionó. No fueron errores ni hechos aislados: fueron prácticas sistemáticas que destruyeron familias y comunidades enteras”, expresó.
Ambos representantes solicitaron a la magistratura imponer la pena máxima contemplada por la JEP: 20 años de privación efectiva de la libertad.
Alegatos de la defensa: “el coronel Mejía es un hombre de honor”
Por su parte, el abogado Germán Navarrete, defensor del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, aseguró que su cliente no participó ni tuvo conocimiento de los crímenes investigados, y que su traslado al Batallón La Popa fue una decisión intempestiva tomada por el entonces presidente Andrés Pastrana.
“El coronel Mejía era el oficial más condecorado y respetado del país. No necesitaba llegar a La Popa. Si no lo hubieran mandado allí, hoy sería general”, afirmó el abogado. Agregó que su defendido “ya pagó ocho años de cárcel”, pero que no aceptará cargos por hechos que —según él— no cometió, no conoció ni permitió.
Navarrete también cuestionó la credibilidad de los comparecientes que rindieron testimonio en contra de Mejía Gutiérrez, calificándolos como “una caterva de mentirosos, confesos de homicidios y otras tropelías”.
