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Tras más de 30 años de búsqueda, una familia en Caquetá pudo despedir a su hijo, reclutado por las Farc-EP cuando tenía 11 años

  • A ‘Chucho’, como lo llamaba su familia, le apasionaban el fútbol, montar a caballo y jugar con sus hermanas. Desde que fue reclutado por las Farc-EP, su madre nunca dejó de buscarlo. Con el tiempo le informaron que había muerto en combate y que posiblemente había sido sepultado en el cementerio de La Unión Peneya, Caquetá, pero solo ahora, tras la exhumación e identificación, pudo recibirlo para darle una digna sepultura.
  • Esta es la décima cuarta entrega digna que se realiza en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Seis de ellas corresponden a menores de edad sepultados en el cementerio de la Unión Peneya.
  • La ceremonia, desarrollada en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), se realizó en el marco de las medidas cautelares adoptadas por la JEP para proteger este cementerio del corregimiento de La Unión Peneya, en La Montañita, Caquetá, donde se han recuperado 47 cuerpos de víctimas del conflicto, incluidos niñas y niños presuntamente reclutados.
Caquetá, 12 de noviembre de 2025. Una familia que buscó durante más de tres décadas a su hijo, reclutado por las Farc-EP cuando tenía apenas 11 años, pudo finalmente recuperar su cuerpo y darle una digna sepultura. A ‘Chucho’, como lo llamaban en casa, le gustaba jugar fútbol, montar a caballo y compartir con sus hermanas. Desde que su madre lo vio por última vez, nunca dejó de buscarlo. Con el tiempo le dijeron que había muerto en combate y que estaría sepultado en el cementerio de La Unión Peneya, Caquetá, pero solo ahora, tras la exhumación e identificación, la familia tuvo certezas sobre lo ocurrido y pudo despedirlo.
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“Yo sé que mi hijo está aquí, ayúdeme a encontrarlo”, le dijo la madre de ‘Chucho’ a la magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. La buscó en 2021, después de enterarse de las medidas cautelares que adoptó la JEP para proteger el cementerio de La Unión Peneya. Desde entonces se inició un proceso de cotejo genético que permitió identificar a su hijo y recuperar su cuerpo. Después de más de 30 años de incertidumbre, la JEP le confirmó a la familia lo ocurrido: según el análisis forense del Instituto de Medicina Legal, ‘Chucho’ murió a los 22 en combate. 
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Durante la entrega digna, su madre, acompañada de su esposo e hijas, elevó oraciones y expresó ante los asistentes a las exequias: “Le doy gracias a Dios por poder recibir su cuerpo”. En globos blancos, la familia escribió mensajes de despedida, entre ellos uno que decía: “Hijo querido, que Dios te haya puesto en su santa gloria”, dijo. Sus hermanas lo recordaron como un niño alegre, amante de los caballos y de la música popular. Fue un momento que les permitió esclarecer lo que había pasado, pero también recuperar recuerdos perdidos entre la incertidumbre de tantos años.
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La ceremonia estuvo marcada por un momento profundamente simbólico para la familia: la sobrina de ‘Chucho’, quien hoy tiene 11 años —la misma edad que él cuando fue reclutado—, llegó con su pollito mascota. El ave acompañó a la familia durante la despedida y, en un gesto que conmovió a los presentes, picoteó la fotografía que reposaba junto al cofre en el altar de la iglesia. En su globo escribió: “Tío, a pesar de que no te distinguí, llevo tu retrato en mi mente y en mi corazón”. Esa única foto, restaurada, acompañó la ceremonia junto a un balón de fútbol, símbolo de lo que más disfrutaba ‘Chucho’.
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Durante la eucaristía, el sacerdote elevó una oración por él, por su familia y por todos los niños y niñas reclutados y desaparecidos en el conflicto armado, y destacó la labor de las instituciones que hoy continúan en la búsqueda de la verdad, de las personas aún desaparecidas y en la consolidación de justicia. En ese mismo lugar, donde ahora reposa el cuerpo de ‘Chucho’, su madre sembró una planta de flores rojas que había cultivado en su finca y que llevó consigo durante más de seis horas de viaje, como un gesto de reencuentro y de memoria.

Como parte de la entrega digna, la JEP entregó a la familia una planta de bambú, símbolo de la lucha incansable y colectiva de las familias en la búsqueda. La diligencia hizo parte del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, en desarrollo de las medidas cautelares adoptadas para proteger el cementerio de La Unión Peneya. Allí, la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda UBPD recuperaron 47 cuerpos esqueletizados, remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal.
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Del total de cuerpos recuperados en el cementerio de La Unión Peneya, 14 han sido entregados dignamente a sus familias. Seis corresponden a personas reclutadas por las Farc-EP siendo niñas o niños, de las cuales tres murieron antes de cumplir los 18 años. Actualmente, en el Caso 07 de la JEP se encuentran acreditadas 10.586 víctimas: 1.683 de manera individual y 8.903 pertenecientes a cinco pueblos indígenas reconocidos como víctimas de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Dentro del Caso 07, la desaparición forzada asociada al reclutamiento de niñas y niños constituye una de las principales líneas de investigación. La JEP ha establecido que esta es una de las conductas más recurrentes vinculadas al reclutamiento, lo que explica que cerca del 40% de las víctimas acreditadas en este caso sean madres, padres y hermanos de niñas y niños reclutados y posteriormente desaparecidos.
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En noviembre de 2024, mediante el Auto 005, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a seis antiguos integrantes del Secretariado de las extintas Farc-EP a reconocer máxima responsabilidad por el reclutamiento y utilización de niñas y niños, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra durante la vida intrafilas. Entre ellos se encuentran malos tratos, tortura, homicidios y violencias sexuales, reproductivas y motivadas por prejuicio. En esa decisión, la JEP también determinó cinco patrones macrocriminales.