COMUNICADO 154
Tres generales, 18 oficiales y cuatro suboficiales reconocieron ante la JEP su responsabilidad por ‘falsos positivos’ ocurridos en la Costa Caribe
- 25 de los 28 imputados como máximos responsables en la segunda fase del Subcaso Costa Caribe del Caso 03 reconocieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por integrantes de 19 unidades militares en esa región, entre 2002 y 2008.
- Los 25 comparecientes, que aceptaron su responsabilidad por escrito, se refirieron a los daños ocasionados y expresaron su voluntad de contribuir a la reparación de las víctimas, las comunidades y los territorios.
- En el Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, víctimas y comparecientes de la fuerza pública se preparan para la Audiencia de Reconocimiento de Verdad que se realizará en los próximos meses.
- La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, de 796 bajas reportadas entre enero de 2002 y diciembre de 2008 por 19 unidades militares de tres brigadas del Ejército Nacional en la Costa Caribe, 604 corresponden a asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsos resultados operacionales.
- Pese a la amplia evidencia recopilada por la JEP, el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero no aceptaron su responsabilidad. Sus procesos serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, quien definirá si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.
- Por estos mismos hechos, la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas los expedientes de 1.092 comparecientes que participaron en las conductas investigadas, pero no fueron determinados como máximos responsables.
- En paralelo, el Tribunal para la Paz emitió sentencia restaurativa contra 12 comparecientes de la fuerza pública del Subcaso Costa Caribe I. Este primer grupo de antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ reconoció en 2022 su responsabilidad por crímenes cometidos entre enero de 2002 y julio de 2005.
- A la fecha, cinco de los 17 generales imputados por hechos ocurridos en las seis regiones priorizadas por el Caso 03 han reconocido su responsabilidad. Es la primera vez que altos oficiales de este rango son llamados a rendir cuentas por estos crímenes.
Bogotá, 25 de septiembre de 2025. Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, 25 antiguos integrantes de las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera del Ejército Nacional reconocieron su responsabilidad por haber participado en la configuración del patrón macrocriminal identificado por la JEP en la Costa Caribe, en el que 604 personas fueron asesinadas, desaparecidas y presentadas falsamente como resultados operacionales entre 2002 y 2008.
Se trata de oficiales y suboficiales que fueron imputados por su liderazgo y por su participación determinante en la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados por el Código Penal colombiano. Estas conductas también constituyeron crímenes de lesa humanidad y de crimen de guerra, según el Estatuto de Roma. Entre ellos figuran dos mayores generales, un brigadier general, seis coroneles, tres tenientes coroneles y cinco mayores, así como cuatro oficiales subalternos: un capitán, dos tenientes y un subteniente.
Uno de los imputados por la JEP que reconoció su responsabilidad fue el mayor general Hernán Giraldo Restrepo, quien se desempeñó como oficial de operaciones (B3), jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Segunda Brigada entre enero 2003 y diciembre 2004, y como comandante de la Décima Brigada Blindada, entre diciembre de 2004 y junio de 2006.
También lo hicieron el mayor general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por hechos ocurridos mientras comandó el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’ entre julio de 2004 y junio 2006, y el brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón de Artillería ‘La Popa’ entre diciembre de 2007 y junio de 2009.
Asimismo, reconocieron su responsabilidad los coroneles Édgar Humberto León Terán, Juan Carlos Bustamante Rodríguez, César Oswaldo Morales Ramírez, Gustavo Ovidio Díaz Tamayo, Alejandro Robayo Rodríguez y Jorge Iván Monsalve Hernández, quienes comandaron el Batallón Especial Energético y Vial ‘Coronel José María Cancino’, el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’, el Gaula Cesar y el Batallón ‘La Popa’.
En la misma línea, manifestaron su intención de aceptar responsabilidad y de seguir aportando a la construcción de la verdad plena que merecen las víctimas los tenientes coroneles Luis Fernando Borja Aristizábal, Juan Guillermo Múnera Piedrahita y Rubén Briam Blanco Bonilla.
Del total de 28 imputados, 25 reconocieron por escrito su responsabilidad. Todos fueron llamados a reconocer su responsabilidad por haber contribuido activamente al plan criminal documentado por la JEP, cuya participación fue determinante en el crecimiento progresivo de esta práctica delictiva orientada a presentar como resultados operacionales a personas asesinadas fuera de combate.
La investigación de la JEP evidenció que en las unidades de la Costa Caribe se consolidó una macroorganización criminal estructurada en nodos. Esta se sostenía en un sistema de presión por bajas, con exigencias y sanciones a quienes no presentaran resultados operacionales. A ello se sumaron incentivos y recompensas para quienes se destacaran en los reportes de muertes en combate. Además, actos de encubrimiento y ausencia de controles contribuyeron a la implementación de una política orientada a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas, con el fin de inflar artificialmente los resultados operacionales como indicador de victoria militar.
También aceptaron haber conocido y participado en esta Luis Fernando Borja Aristizábal, quien fue comandante del Batallón de Infantería ‘Sumapaz’ (2005-2006) y de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre (FTCS) entre 2007 y 2008, reconoció ante esta sala su conocimiento y participación en la comisión de ‘falsos positivos’ en ambas unidades. Bajo su liderazgo, la FTCS reportó 37 operaciones militares en las que se presentaron como resultado la muerte de 61 personas, todas asesinadas fuera de combate. Además, participó en el reclutamiento de algunas de las víctimas para entregarlas al grupo Gaula Córdoba, lo que evidenció la estrecha relación entre las subestructuras criminales de esas unidades.
Por su parte, Juan Guillermo Múnera Piedrahita aceptó la imputación formulada por la JEP por hechos ocurridos mientras se desempeñó como oficial de operaciones y segundo comandante del BAEEV 2, entre enero de 2006 y octubre de 2007. Fue señalado como artífice de la subestructura criminal que operó en esa unidad, con un rol de liderazgo determinante en su creación, difusión y permanencia, así como en el encubrimiento de esta práctica criminal en su jurisdicción.
Rubén Briam Blanco Bonilla, quien también fue imputado en el Subcaso Antioquia, manifestó su arrepentimiento por el sufrimiento y daño causado a las víctimas de los hechos cometidos por integrantes del Batallón ‘La Popa’, del que hizo parte como oficial de operaciones entre noviembre de 2007 y octubre de 2008.
A estos reconocimientos se suman los de los mayores Luis Fernando Campuzano Vásquez, Nelson Mauricio Calderón, Luis Fernando Báez Angarita, Orlando Arturo Céspedes Escalona y Julio César Parga Rivas, quienes integraron el ‘Batallón La Popa’, el Gaula Guajira, el Gaula Córdoba y la Fuerza de Reacción Divisionaria 1 (Fured). Todos ellos, imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, aceptaron su responsabilidad y reafirmaron su compromiso con las víctimas. En particular, Parga Rivas, comandante de la Fured en 2006 y del Gaula Córdoba en 2007, reconoció que bajo su mando las bajas reportadas por ambas unidades fueron en su totalidad ilegales: 100 personas asesinadas y desaparecidas en Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre fueron presentadas como muertas en combate.
práctica criminal el capitán Antonio Rozo Valbuena, los tenientes Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo y Juan Pablo Junco Parra, el subteniente Joaquín Alfonso Moreno Gómez, así como los sargentos primeros Claudio Verú Gómez, Orlando Enrique Castillo Royero y Germán Custodio Tovio Medrano, y el sargento segundo Pilides José Torres Monterroza.
La evidencia judicial condujo a que los comparecientes reconocieran hechos que no habían sido investigados por la justicia penal ordinaria. Asimismo, a la fecha, ha contribuido a que 15 personas asesinadas en el marco de esta práctica criminal fueran halladas, identificadas y entregadas a sus familias, quienes pudieron darles digna sepultura. La JEP, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Instituto de Medicina Legal y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, continúa trabajando en la identificación y entrega digna de los cuerpos de otras víctimas desaparecidas.
¿Qué sigue?
A partir de estos reconocimientos, la magistratura definirá los términos de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad. En esta diligencia, los comparecientes de la fuerza pública deberán asumir públicamente su responsabilidad por los hechos cometidos y las afectaciones causadas, ante la justicia, las víctimas y el país.
Este reconocimiento deberá atender tres dimensiones: la fáctica, que implica aceptar de forma clara, detallada y completa los hechos y su participación en ellos; la jurídica, que exige reconocer que esos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario; y la restaurativa que requiere consciencia del daño causado.
¿Qué pasa con quienes no reconocieron?
Pese a la amplia evidencia recopilada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero —quienes se desempeñaron como comandantes del Batallón La Popa y de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional durante el período priorizado, respectivamente— no aceptaron responsabilidad. Adicionalmente, Peña Forero presentó alegato de nulidad.
Ante este escenario, sus procesos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como la fiscalía de la JEP, y es la que definirá si formula acusación ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. En esta etapa se activa un procedimiento más parecido al de la justicia penal ordinaria. Si los comparecientes son vencidos en juicio, se exponen a sanciones de hasta 20 años de cárcel.
