“Desde inicios de la década de 1980, los países de América Latina han experimentado diversos procesos de transformación política. Hablando en términos generales, ese cambio ha consistido en el paso de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. En algunos casos específicos —tales como los de Guatemala y El Salvador— se ha tratado de procesos de pacificación después de confrontaciones armadas de tales proporciones que alcanzan el apelativo común de “guerra civil”.

Tales transformaciones han sido ampliamente estudiadas por especialistas en ciencias políticas. Estos se han interesado específicamente en entender cuáles son los juegos de fuerza y las constelaciones de oportunidades que permiten o determinan el repliegue de los actores autoritarios o armados y que abren camino a la restauración del juego democrático o de la paz.

Sin negar la importancia de entender esos procesos, hay que señalar que las transiciones aludidas poseen una dimensión crítica que desborda, sin anularlo, el horizonte de la negociación y la competencia política. Este horizonte es el problema humanitario y los retos en la construcción del Estado de derecho creado por el carácter represivo de los Gobiernos autoritarios y por las prácticas de abuso contra la población desplegadas habitualmente por los actores enfrentados en conflictos armados. En ambos casos, nos referimos a una acumulación de violaciones de derechos humanos que suelen ser el legado ominoso de dictaduras militares, como las sufridas en Brasil, Argentina o Chile, y de conflictos armados internos, como los experimentados por Guatemala, El Salvador, Perú o Colombia. Así, los retos y deberes que las sociedades que emergen del autoritarismo o de la violencia armada afrontan no son, solamente, los relativos al logro de una transición efectiva en términos de institucionalidad política, sino también, y centralmente, tareas referidas a la provisión de medidas de justicia frente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, al esclarecimiento y el reconocimiento colectivo y crítico de los hechos del pasado y, en última instancia, a la creación de condiciones para una paz sostenible. Tales tareas constituyen el campo de la justicia transicional —o justicia en las transiciones—.

El dinamismo de este campo de demandas, prácticas y estudios en la región obedece también a un cambio positivo en nuestra concepción de la democracia: una comprensión más exigente y abarcadora, que no se resigna ya a entenderla como un abstracto equilibrio institucional, sino que demanda de ella el proveer una genuina experiencia de ciudadanía a la población. Es decir, una experiencia de inclusión, de ejercicio real de derechos y de respeto por parte del Estado y de la sociedad. Un elemento central de tal exigencia es, desde luego, el cumplimiento de la deuda de justicia con quienes en el pasado han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y otras formas de afectación de sus derechos fundamentales por la acción del Estado o de organizaciones no estatales.

Desde luego, esta realidad latinoamericana de avances y demandas en verdad y justicia no ocurre de manera aislada. Al contrario, ella se entreteje con una amplia experiencia internacional iniciada con los juicios de Nuremberg y consolidada con la aprobación de un extenso marco legal convencional que proscribe los más graves crímenes internacionales: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

En efecto, si bien cada sociedad experimenta en forma distinta la interacción de las transiciones políticas y las demandas de justicia, es innegable que , más allá́ de los casos individuales, está la emergencia de un paradigma humanitario: una preocupación por la protección y el respeto de la dignidad humana como valor universal e inherente a la especie, y la convicción de que ese valor no puede ser postergado en ningún caso, y que constituye una aspiración civilizatoria constante en la historia universal3.

Como se explica en varios de los textos incluidos en esta publicación, la semilla que fueron los procesos penales y legislativos posteriores a la Segunda Guerra Mundial ha germinado, integrando no solamente desarrollos jurídicos para el procesamiento de crímenes internacionales, sino también otras prácticas institucionales y sociales para dar lugar al campo de la justicia transicional.

Comisiones de la verdad, tribunales de justicia nacionales, internacionales o mixtos, programas administrativos de reparaciones a víctimas o afectados, iniciativas oficiales de conmemoración, instancias de reconciliación nacionales o comunales y mecanismos estatales de búsqueda de personas desaparecidas son algunas de las manifestaciones concretas en las que se articula contemporáneamente la justicia transicional. Y paralelamente a ellas —y a menudo planteando nuevas relaciones entre sociedad, Estado nacional y comunidad internacional— se ha desencadenado una notoria movilización social abocada a la práctica del recuerdo, a la elaboración de propuestas para un adecuado resarcimiento por los daños sufridos, a la reivindicación de la diversidad étnica y de género en la vivencia del horror y la resistencia a él, y, en fin, a la conmemoración y a la reafirmación de la propia dignidad.

Al lado de las obvias restricciones o condiciones políticas que rodean todo esfuerzo de justicia, existe un fundamento axiológico, un eje de principios y de valores, y un conjunto de normas legales básicas que definen lo legítimo: las obligaciones legales mínimas que todo Estado debe asumir.

Esta base fundamental de la justicia transicional es la que surge, por un lado, de los desarrollos jurídicos normativos en materia de derecho internacional y, por otro lado, de la sistematización e integración normativa de las prácticas óptimas desarrolladas por diversos países para combatir la impunidad y brindar medidas de justicia a las víctimas. Son documentos de referencia fundamental en ese campo las sistematizaciones producidas en el marco de las Naciones Unidas por Louis Joinet4 y Diane Orentlicher5 sobre formas de combatir la impunidad, y de Theo Van Boven6 sobre los estándares para las reparaciones a las víctimas. Documentos de este género y otros, que incorporan entre diversas fuentes las propias prácticas acumuladas en materia de verdad y justicia, delimitan y especifican una estructura normativa, lógica y ética para la confrontación del pasado autoritario o violento. Posiblemente, la formulación más concreta y efectiva de este espíritu subyacente a la justicia transicional sea la afirmación de los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición.

Fuente: Félix Reátegui, Introducción, en Reátegui, Félix editor (2011-2012).
Justicia Transicional. Manual para América Latina. Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; Nueva York: Centro Internacional para la Justicia transicional, ICTJ. p. 39-40

Preguntas de comprensión:

• ● ¿Cómo entiende Reátegui la Justicia Transicional?
• ● ¿Por qué, según el autor, emerge la Justicia Transiciional? ¿En qué contexto?
• ● ¿Cuál es la relación que establece Reátegui entre la Justicia Transicional y la democracia?

BIBLIOGRAFÍA SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL*