La JEP abrió el caso 06 el 26 de febrero de 2019. Este caso analiza la situación de victimización de los miembros de la Unión Patriótica.

Para priorizar el caso 06, la JEP consideró los informes presentados por su Secretaría Ejecutiva, por la Fiscalía General de la Nación, por el Centro Nacional de Memoria Histórica y por la Corporación Reiniciar. Adicionalmente, estudió sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Unión Patriótica (UP) es un partido político que nació en 1985 en medio de los diálogos de paz de Uribe (Meta), entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur.

El partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y solo la recuperó en el año 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP.

La Sala de Reconocimiento consideró que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización. En el estudio previo del material disponible, la Sala de Reconocimiento constató la existencia de una violencia sistemática y generalizada contra los miembros del partido político Unión Patriótica (UP).

Asimismo, se identifica que los miembros de la UP fueron víctimas de hechos que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Distintas hipótesis en los informes señalan a agentes del Estado, a miembros de la fuerza pública, a civiles y a paramilitares de ser los responsables de estos hechos.

La Sala de Reconocimiento estableció que las víctimas de la UP son especialmente vulnerables por el papel social que desempeñaban (líderes, dirigentes, activistas, campesinos), por su condición de civiles (personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario) y por la afectación sistemática a los Derechos Humanos de la que fueron víctimas debido a sus convicciones políticas.

A través del auto AT075 del 7 de abril de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica entre 1984 y 2016, en hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad.

De ese total, 5.195 eran militantes de la UP y 538 víctimas que no eran miembros de la Unión Patriótica fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra ese partido político; se trataba de familiares, amigos o allegados de algún militante de la UP.

El análisis realizado por la Sala arrojó que, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. Con base en este análisis, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas.

La segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con 2.217 víctimas que, aunque no fue violencia letal, afectó a una gran parte de los militantes de la UP.

A partir de estos datos, la Sala identificó que en 32 años de violencia contra militantes de la UP hubo un patrón de violencia sostenida durante 23 años, de 1984 a 2007.

En el proceso de integración y contrastación de fuentes para establecer el universo provisional de hechos y víctimas, la Sala de Reconocimiento analizó siete importantes bases de datos:

• Informe de la Fiscalía General de la Nación (más SIJUF, SPOA).
• Información de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación.
• Información del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
• Información de la Cancillería junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
• El Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas (UARIV).
• Listado que la Sala de Reconocimiento de la JEP construyó con: (i) los datos de víctimas de la UP que viven en el exilio y que participaron en espacios de escucha realizados en conjunto con la Comisión de la Verdad; (ii) la información disponible en las acreditaciones de víctimas; y (iii) la información sistematizada de los expedientes inspeccionados en la fase de instrucción.
• Informe de la Corporación Reiniciar.

Es la primera vez que una instancia judicial recaba, sistematiza y contrasta tal cantidad de información sobre el fenómeno de victimización de la UP y establece un número mínimo de víctimas afectadas por la acción criminal.

El estudio de la Sala determinó que las regiones más afectadas fueron el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima.

Los porcentajes de violencia por departamentos, incluyendo violencia letal y no letal dirigida contra la Unión Patriótica:

1. La manifestación expresa de querer ser acreditada como víctima.
2. Alguna prueba para demostrar su calidad de víctima. Por ejemplo:
• Denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación.
• Resolución de inscripción en el Registro Único de Víctimas.
• Certificación o registro que expide el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla.
• Certificado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
• Certificado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) antes Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) o de una organización de la sociedad civil en la que haya recibido algún tipo de atención como desvinculada o desmovilizada.
• Cualquiera otra prueba o documento que demuestre que la persona fue afectada por una de las conductas investigadas dentro del Caso No. 07.
3. Un relato de los hechos por los que quiere ser reconocido como víctima, especificando al menos la época y el lugar en el que ocurrieron.

Al acreditarse, las víctimas podrán:

1. Participar en las diligencias que se realicen en las distintas etapas procesales, de acuerdo con lo establecido en la ley.
2. Aportar pruebas, asistir a las diligencias e interponer recursos contra las decisiones que se profieran.
3. Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP.
4. Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos.
5. Estar informadas del avance de la investigación y del proceso.
6. Solicitar medidas de protección en el caso en que sus derechos fundamentales sean amenazados por participar ante la JEP.