Al Auto de Determinación de Hechos y Conductas del caso 01 llegó en cumplimiento de la disposición legal según la cual la Sala de Reconocimiento de la JEP debe contrastar los informes recibidos de las organizaciones sociales y de víctimas, así como los de entidades del Estado, las versiones de los comparecientes y las observaciones de las víctimas, y poner el resultado de la contrastación judicial a disposición de los involucrados para que reconozcan o se defiendan de las imputaciones hechas.

El Auto es producto de una rigurosa contrastación de fuentes realizada en tres etapas. En un primer momento, se contrastaron los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación y por organizaciones de la sociedad civil. En un segundo momento, se dio traslado de estos informes a los comparecientes para que rindieran su versión. Y en un tercer momento se dio traslado de estas versiones a las víctimas acreditadas para que hicieran sus observaciones.

En este proceso se recibieron y contrastaron 17 informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes. Un total de 1.028 víctimas, de las 2.456 acreditadas, hicieron observaciones a las versiones. La Sala de Reconocimiento además incluyó en la contrastación la información aportada por la Fiscalía General de la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta guerrilla en diversas operaciones militares. Además, la complementó con el análisis de publicaciones académicas y especializadas.

Como producto de esta contrastación, el Auto fundamenta tanto la responsabilidad de los superiores como su naturaleza de actor armado. Asimismo, describe las políticas de secuestro y los patrones de implementación de estas políticas en los distintos bloques de las extintas Farc-EP.

El Auto aclara que la mayoría de lo que describe ya recibió un reconocimiento temprano por muchos de los comparecientes, y fue contrastado con los informes y los relatos de las víctimas.

Los secuestros perpetrados por las extintas Farc-EP hasta 2016, cuando se firmó el Acuerdo Final de Paz.

El principal aporte de esta investigación es agrupar grandes cantidades de hechos individuales en patrones masivos de conducta. Esto permite identificar políticas y formas de operar de la organización armada, así como las responsabilidades de quienes dieron las órdenes, pero que no ejecutaron los hechos. Además, el marco legal de la JEP permite, por primera vez en el país, imputar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a los máximos responsables y nombrarlos como tales, dando cuenta de la gravedad que tienen los hechos.

La contrastación de lo que dicen los informes del Estado y la sociedad civil, los comparecientes, y las víctimas, permite identificar de manera coherente y rigurosa cuáles fueron estos patrones y políticas, y cómo se implementaron.

En este análisis la Sala de Reconocimiento describe los hechos del caso 01 y los discrimina en tres grupos a partir de la intención de la organización armada. En el primero la Sala señala que lo que hasta ahora el país había entendido como secuestros fue una parte integral de la política financiera de las Farc-EP, adoptada expresamente en 1993, y cuya finalidad última era financiar no solo a los frentes que los cometían, sino la eventual toma de Bogotá. Todos los bloques y frentes debían financiarse a sí mismos, entre otras maneras a través del secuestro, y debían aportar a la organización central montos que eran parte de las órdenes del Secretariado, con la finalidad de lograr la toma de la capital.

En segundo lugar, la Sala de Reconocimiento indica que las Farc-EP también cometieron secuestros cuya finalidad era forzar el intercambio por guerrilleros presos. En este grupo hay víctimas tanto civiles como policías y militares; fueron secuestros de larga duración y sus víctimas directas y familiares aportaron relatos especialmente detallados y conmovedores de su sufrimiento.

En tercer lugar, la Sala de Reconocimiento detalla los secuestros cuya finalidad era contribuir al control que tenía un frente o columna de un territorio, castigando a quienes desobedecían a la organización armada y controlando la presencia y circulación de personas en estas zonas a través de graves privaciones de la libertad. En muchos de estos casos las víctimas fueron desaparecidas y sus familiares aún buscan sus cuerpos.

Las decisiones de la Sala de Reconocimiento en las que se identifican a los máximos responsables de los secuestros de las extintas Farc-EP traen como anexo los hechos descritos por todas las víctimas acreditadas, uno a uno, anonimizadas las identidades de estas para proteger su intimidad. Lo mismo se hace en los autos cuando la identidad de la víctima no es de público conocimiento.

Los estatutos de las extintas Farc-EP ordenaban dar “buen trato” a los cautivos. Así lo han narrado exintegrantes de esa guerrilla ante la JEP. Sin embargo, los relatos de las víctimas acreditadas y los informes entregados a la Sala por la sociedad civil dan cuenta de que vivieron lo contrario.

La Sala de Reconocimiento concluyó que la orden de “buen trato” consistió solo en la preservación de la vida del cautivo, dejando de lado su dignidad humana. Si bien el fusilamiento debía ser autorizado por el superior, el trato era discrecionalidad de la guardia.

La Sala encontró además un patrón sistemático y generalizado de maltrato a las víctimas de secuestro de la antigua guerrilla. Los cautivos sufrieron encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación; largas marchas forzadas sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad; agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la intimidad, incluso durante las deposiciones corporales mientras debían ser observadas por guerrilleros armados; la existencia de campamentos donde los encierros eran tales que causaban sufrimiento adicional por hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica; falta de atención en salud, incluso cuando podían brindarla; comida insuficiente y en mal estado.

Además, la investigación mostró que sucedieron hechos de especial gravedad durante el cautiverio, como el aislamiento forzado, golpizas durante los interrogatorios, violencia sexual, desplazamiento forzado como castigo y desapariciones forzadas. También, se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los cautivos, la venta de cadáveres, doble pago de rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas, insultos y otras formas de vulneración emocional que se emplearon sin consideración del sufrimiento experimentado.

Por estos hechos la Sala de Reconocimiento determinó que los exmiembros del Secretariado de las Farc-EP, así como algunos comandantes de los bloques de la antigua guerrilla, son responsables por mando, pues omitieron dar instrucción, seguimiento o sanciones que permitieran preservar la dignidad humana de los secuestrados.

El sufrimiento de los cautivos no es solo el resultado de los malos tratos en el contexto del cautiverio, y las víctimas lo señalan como un hecho que debe ser reconocido por los comparecientes de las Farc-EP. Las víctimas sufrieron por la separación de la familia, de los seres queridos, por la interrupción de los proyectos y rutinas de la vida personal, y por saberse definidos como un objeto de intercambio. La intimidación constante y el miedo además tuvieron como consecuencia rupturas de los vínculos afectivos y pérdida de confianza en los entornos familiar, comunitario, empresarial y social. Esto fue producto, por ejemplo, de la posible participación de terceros en el secuestro de una persona, a través de dar información a la guerrilla.

Al mismo tiempo, las familias enfrentaron un intenso sufrimiento emocional y moral, que persistió incluso cuando pudieron reencontrarse con sus seres queridos. La Sala de Reconocimiento pudo constatar en los relatos el sufrimiento causado por la falta de contacto con las familias y la incertidumbre que ello generaba, especialmente en los cautiverios de larga duración.

Estos hechos marcaron un antes y un después en la vida de las personas. A ello se suma el sufrimiento moral por los rumores respecto al buen nombre, pues el secuestro a veces fue presentado como castigo por una supuesta corrupción de algunos funcionarios o se justificó como reacción a un “mal comportamiento”. Estas justificaciones alcanzaron a validarse en entornos comunitarios y sociales, generando estigmas y rechazos sin fundamento.

Los relatos de las víctimas acreditadas sobre su vida después del secuestro ilustran el daño causado a la salud mental por el sufrimiento físico, emocional y moral al que estuvieron sometidos. Las víctimas reportaron síntomas asociados con afectaciones a la salud mental, como episodios de ansiedad, temor y tristeza persistente años después de los hechos. Para muchas víctimas el miedo es un compañero constante, incluso décadas después de recobrar la libertad física. Las víctimas también sufren incluso después de haber sido liberadas por la estigmatización que de manera injusta las acompañan, con frecuencia por rumores infundados de que la víctima se “merecía” lo sucedido.

Algunas víctimas estaban en condiciones especiales de vulnerabilidad que intensificaron el sufrimiento. Las mujeres cautivas, por ejemplo, estaban en un contexto masculino y militar, acentuando el temor por su vida y su integridad. La ausencia de intimidad para asearse y para defecar y orinar produjo un sufrimiento diferencial a las mujeres, como incluso reconocen los comparecientes y como fue presentado por otras víctimas que observaban esta especial vulnerabilidad.

Asimismo, fue múltiple la afectación para los niños y niñas familiares de personas secuestradas por las Farc-EP. Sufrieron por la ausencia de sus padres, madres, abuelos y abuelas. El secuestro dejó en estas generaciones un legado de vulneración y maltrato de sus padres, madres y abuelos; seres queridos que siempre habían sido figuras de amparo y seguridad.

La Sala de Reconocimiento pudo determinar además que las privaciones de la libertad en algunas regiones deterioraron la calidad de vida no solo de las víctimas, sino de las comunidades campesinas, ganaderos y agricultores. La Sala tiene razones para concluir que esta afectación a las comunidades fue también moral. Es de especial preocupación la manera como el miedo y la desconfianza erosionaron formas históricas de cuidado comunitario apoyado en diversas tradiciones como mingas, compadrazgos, celebración de fiestas patronales y religiosas, y otros espacios de colaboración y solidaridad.

La investigación también arrojó que en algunos casos a las víctimas les ha costado además recomponerse económicamente. Algunos siguen pagando el dinero de su secuestro o tuvieron que terminar con algunos de sus proyectos empresariales y laborales, que terminaron afectando otras esferas de su vida.

A partir del análisis de los informes presentados a la JEP las cifras preliminares de la investigación indican que hay un universo de 15.710 víctimas de hechos a tribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado. De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios (con 8.345 casos); desplazamiento forzado (2.904); amenazas (1.638); tortura (1.249) y desaparición forzada (1.136). Entre 2000 y 2009 se concentra 51% de los hechos.

En su labor de contrastación, la Sala de Reconocimiento unificó, a través de los números de cédulas, seis bases de datos distintas, tres de la Fiscalía, una de FONDELIBERTAD, una de País Libre y una del Centro Nacional de Memoria Histórica. También revisó otras listas pequeñas aportadas por informes de sociedad civil, como la de Las Voces del Secuestro. Al unificar las identidades y eliminar los registros repetidos, la Sala de Reconocimiento de la JEP encontró que se atribuyen a las Farc-EP:

• 21.396 víctimas de secuestro, identificadas con nombre y cédula, de las cuales 4.151 se acreditaron ante la JEP en el Caso 01.
• 9% corresponden a hombres y el 21% a mujeres.
• De los datos que reportan la edad de la víctima (55% de los datos), el 95% corresponden a mayores de edad y 5% eran niños y niñas.
• Entre los niños y niñas, el 47% eran niñas.
• De los mayores de edad, el 19% tenían más de 55 años.
• Al contrastar este listado con el de reportados como muertos y desaparecidos en el RUV (Registro Único de Víctimas), la Sala identificó que el 8,7% de las víctimas de secuestro fueron desaparecidas y el 2,9% asesinadas con entrega de cuerpo.
• En cuanto a la investigación penal, en lo que se refiere a la impunidad, en la gran mayoría de los hechos, 72% y 81% de las denuncias según si los hechos se cometieron antes o después del 2000, nunca se logró identificar a los autores individuales.
• 14 años fue el máximo de tiempo en que una persona estuvo en cautiverio.
• Los territorios más afectados, en términos per cápita, fueron los departamentos de la zona geográficas de la Orinoquía y la Amazonía, en particular los departamentos de Guaviare, Vaupés, Caquetá, Meta, Vichada, Arauca y Casanare, área de operación del extinto Bloque Oriental.
• En términos numéricos absolutos, el departamento más afectado es Antioquia.
• Para entender cómo cometieron los hechos de secuestro, en su máximo periodo de expansión, la guerrilla de las Farc-EP reportó 60 estructuras en operación organizadas en cinco bloques de frentes y dos comandos conjuntos. De estos bloques y comandos conjuntos, el Bloque Oriental fue el más grande de todos. También existieron los bloques Sur, Magdalena Medio, Noroccidental, Occidental, Caribe y Central.
• En 1998 las Farc-EP decidieron forzar el intercambio de guerrilleros presos por los militares y policías en su poder. El Informe No 2 de la Fiscalía menciona a 245 militares y policías cuya libertad fue condicionada a un eventual intercambio de prisioneros.

Sin embargo, la Sala de Reconocimiento anota que la elaboración de estos listados se vio limitada por las dinámicas propias del conflicto armado, que resultaron tanto en subregistros (casos que nunca aparecieron en las listas) como en sobreregistros (la atribución falsa de secuestros a las Farc-EP). Aun así, la Sala de Reconocimiento estableció que estos datos son suficientes para concluir que los secuestros fueron sistemáticos y masivos, que es la calificación necesaria, junto con la intención de atacar a la población civil, para que se trate de un crimen de lesa humanidad.

La participación de las 4.151 víctimas acreditadas en el Caso 01 ha sido clave en el proceso judicial. Sus testimonios y aportes han permitido contrastar lo dicho por los comparecientes de las Farc-EP ante la JEP. La Sala ha analizado 1.200 escritos de observaciones de las víctimas de secuestro sobre lo que han dicho los firmantes de paz ante la Jurisdicción y 795 de ellas participaron en audiencias con el mismo propósito. En esas diligencias denunciaron otros crimenes de los que fueron víctimas durante el cautiverio que van desde torturas hasta desaparición forzada. Esta información ha sido clave también para establecer quiénes son los máximos responsables de los secuestros de la antigua guerrilla, la forma cómo los cometieron y el daño causado.

En el segundo semestre del 2019, inspirada en la centralidad de las víctimas de la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala diseñó una estrategia integral para la participación efectiva de las víctimas dentro del Caso 01. Inició con múltiples actividades de difusión en todo el país en colaboración con la Unidad de Víctimas (UARIV) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la creación de un formulario digital para la acreditación de víctimas. En desarrollo de la estrategia se llevaron a cabo 192 jornadas territoriales, en las que enlaces de la JEP, funcionarios de la UARIV y de la PGN asesoraron a 602 víctimas de secuestro, de manera colectiva e individual. Al día de hoy a través de estas jornadas, así como del formulario en línea, se han acreditado a 4.136 víctimas.

Las víctimas pueden acreditarse en cualquier momento del proceso y antes de las sentencias:

En Colombia, según la ley penal vigente al momento de los hechos, las extintas Farc-EP cometieron los delitos de secuestro extorsivo, secuestro simple y toma de rehenes, y otros delitos en concurso. La JEP tiene el deber de dar una calificación jurídica propia de estos hechos identificando si se cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad según el derecho penal internacional.

Los secuestros y otros delitos que cometieron las extintas Farc-EP durante los cautiverios fueron calificados jurídicamente por la Sala de Reconocimiento de la JEP como crímenes de lesa humanidad: graves privaciones de la libertad, homicidio, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados. Se trata de crímenes de lesa humanidad también porque tuvieron la intención, y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil.

En la implementación de su política de secuestro hubo víctimas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial. La Sala resalta además la vulnerabilidad especial de niños y niñas, y de las mujeres, que estuvieron secuestradas y que vivieron el miedo y la desprotección de manera diferenciada, por la minoría de edad, y por ser mujeres.

La JEP también encontró que la antigua guerrilla cometió el crimen de guerra de toma de rehenes al privar a personas de su libertad, incluidos miembros de la fuerza pública, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida. La Sala de Reconocimiento también encontró responsables otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El derecho penal internacional identifica la toma de rehenes como una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) porque se condiciona la libertad, vida o integridad física de los cautivos a que alguien haga o deje de hacer algo. Por ello es considerado un crimen de guerra por el derecho penal internacional, sin importar si las víctimas fueron civiles o combatientes puestos fuera de combate. Los comentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja al Convenio II de Ginebra de manera expresa señalan que la prohibición de toma de rehenes incluye el secuestro para obtener rescates o el pago de un “impuesto de guerra”, así como el secuestro de civiles o de combatientes para forzar el intercambio de prisioneros.

En cuanto a los crímenes de lesa humanidad estos son los que se cometen a través de ataques deliberados a la población civil. También es un crimen de lesa humanidad cuando se trata de privaciones de la libertad para el ejercicio del control territorial en las cuales, de manera arbitraria, los civiles fueron llevados como cautivos de la organización armada para hacer averiguaciones sobre su presencia en la zona o para sancionarlos con trabajos forzados y otros castigos.

En conclusión, la Sala de Reconocimiento de la JEP estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del Secretariado de las Farc-EP y de los comandantes de bloques por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas, que se presentó, en algunos casos, con independencia de su condición como civiles o miembros de la fuerza pública.

La Sala de Reconocimiento pudo identificar que la antigua guerrilla secuestró siguiendo tres patrones criminales. Secuestraron para:
1. Financiar su organización armada
2. Controlar territorios donde operaban
3. Promover el intercambio de guerrilleros presos