El caso 04 ha identificado y agrupado los hechos en nueve conductas genéricas que fueron constantes en el marco del conflicto armado en la región de Urabá. Estas conductas, sin discriminar territorio o comunidad, impactaron gravemente la región y corresponden a:

• Muerte violenta.
• Desaparición forzada.
• Tortura.
• Desplazamiento forzado.
• Violencia sexual.
• Privación grave de la libertad.
• Métodos y medios prohibidos por el DIH.
• Omisiones de la fuerza pública.
• Daños ambientales y daños a bienes de la población civil.

Adicionalmente, el caso 04 indaga sobre los bienes adquiridos de manera ilegal, entre otros temas que comprometen el régimen de condicionalidad de los comparecientes.

A 31 de marzo de 2023, la JEP contaba con 45.358 víctimas acreditadas, de las cuales 362 lo hicieron individualmente y las restantes hacen parte de 116 sujetos colectivos compuestos por cerca de 44.993 víctimas con interés directo, que se encuentran discriminados así: 20 consejos comunitarios; 1 sindicato; 1 organización social reclamante de tierras; 29 comunidades campesinas; 3 organizaciones, 20 comunidades y 23 sujetos colectivos con pertenencia negra, afrodescendiente, raizal o palenquera y 71 comunidades indígenas comprendidas en 69 territorios ancestrales y 4 pueblos: Embera (Dobidá, Eyabida y Katío), Wounaan, Zenú y Guanadule.

Así mismo, el despacho avanzó en la concertación de la ruta de articulación y coordinación de la JEP y las autoridades étnico-territoriales de los pueblos indígenas, así como en una ruta de diálogo intercultural y coordinación de la JEP con las autoridades étnico-territoriales del pueblo negro y afrocolombiano de Urabá, Bajo Atrato y Darién.

Adicionalmente, el Caso 04 viene avanzando en la articulación de una ruta restaurativa con enfoque diferencial étnico, territorial y de género orientada a garantizar que todas las partes (víctimas acreditadas y comparecientes) lleguen al proceso dialógico con información y preparación suficiente. Es decir, con expectativas acordes a las posibilidades y mandatos del sistema; y, con claridad sobre su rol y formas de participación. Esto se realiza de manera tal que el proceso en sí mismo sea reparador, que la participación de cada cual sea propositiva y que las expectativas de las partes encuentren puntos de convergencia.

A 31 de marzo de 2023, el Caso 04 ha vinculado formalmente a 153 comparecientes de las extintas Farc-EP por su presunta participación en las dinámicas de violencia investigadas, que pertenecieron al extinto Bloque Noroccidental, también llamado ‘José María Córdova’, ‘Efraín Guzmán’ o ‘Iván Ríos’, en el que operaban los frentes 5, 34, 57 y 58.

Así mismo, ha vinculado formalmente a 164 miembros activos e inactivos de la fuerza pública. Y a 9 terceros civiles que han solicitado comparecer ante la JEP, la mayoría de ellos, antiguos miembros del Fondo Ganadero de Córdoba.

A 31 de marzo de 2023, la Sala de Reconocimiento ha realizado, en 47 jornadas, un total de 216 sesiones de versión voluntaria con 60 comparecientes de las extintas Farc-EP que estuvieron adscritos a los antiguos frentes 5, 34, 57 y 58 del Bloque ‘José María Córdova’.

Adicionalmente, la Sala ha realizado 172 sesiones de versiones voluntarias con 78 comparecientes de la fuerza pública asociados a cinco batallones de las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional; varias de estas sesiones se llevaron a cabo de manera conjunta con los casos 03 y 06.

De igual forma, la sala ha realizado 18 sesiones de versión voluntaria con 6 terceros civiles.

De esta manera, desde la apertura del Caso 04 hasta el 31 de marzo de 2023, la sala ha realizado 237 sesiones de versión voluntaria con comparecientes de las extintas Farc-EP, miembros activos e inactivos de la fuerza pública y terceros civiles.

Así mismo, a 31 de marzo de 2023, la Sala de Reconocimiento ha realizado 4 diligencias colectivas de Construcción Dialógica de la Verdad que permitieron reconstruir el contexto de violencia en los períodos en los que se adelanta la investigación del caso, mediante metodologías de cartografía social y líneas de tiempo.

Tres de estas diligencias se desarrollaron con 84 comparecientes de las extintas Farc-EP en los antiguos ETCR de Carmen del Darién, Mutatá y Dabeiba. Y una diligencia se realizó con 10 comparecientes de la fuerza pública en Bogotá.

El despacho ha incorporado al expediente 47 informes entregados por víctimas y organismos estatales a la Sala de Reconocimiento con destino específico al Caso 04; además, de 39 extractos de informes nacionales entregados a la Sala que contienen información útil para la investigación del Caso 04. Los informes se refieren a victimizaciones ocurridas en cualquiera de los diez municipios priorizados, sin perjuicio de áreas geográficas conexas.

El despacho relator ha cotejado y sistematizado más de 3.582 hechos victimizantes categorizados en 9 conductas genéricas que impactaron gravemente la región, a saber: muerte violenta, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, graves privaciones de la libertad, métodos y medios prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), omisiones de la fuerza pública, y, daños ambientales y a bienes de la población civil. Adicionalmente, se indaga sobre los bienes adquiridos de manera ilegal, entre otros temas que comprometen el régimen de condicionalidad de los comparecientes.

En el marco de la investigación ha sido necesario preservar la vida y la integridad de sujetos procesales y documentos. Por ello, el despacho ha ordenado medidas cautelares para la protección de víctimas relacionadas con la adopción de medidas de reserva de identidad de personas. Por ejemplo, se han ordenado medidas de protección a personas con orientación sexual o identidad de género diversa (OSIGD) que presentaron ante la JEP el informe mixto ‘Que nunca más se repita: Informe sobre violencias contra personas LGBTI en el marco del Conflicto armado en Antioquia’. Así como medidas cautelares a favor de las comunidades habitantes del pueblo indígena del Alto Guayabal-Coredocito, del resguardo Uradá-Jiguamiandó, específicamente el Cabildo Mayor Cameruj, y las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (municipios de Riosucio y Carmen del Darién), ordenadas por la Sala de Reconocimiento a través del Auto 175 de 2019. También para la protección de las comunidades y del territorio del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu); la protección de las zonas de biodiversidad Árbol del Pan y La Madre Unión; y, la protección de 21 familias campesinas reclamantes de tierras de la vereda Guacamayas, corregimiento de Macondo, proferidas a través del Auto SRVNH-04/04-86/22.

Así mismo, la sala ha ordenado medidas para la protección y preservación de información, particularmente de los archivos del Fondo Ganadero de Córdoba; también de la información contenida en los archivos de los juzgados 28, 30 y 62 de la Jurisdicción Penal Militar y de Policía, ubicados en el Palacio Judicial de la sede de la XVII Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de Carepa.

Además, la sala ha ordenado la evaluación del riesgo y adopción de medidas de protección individual y colectiva ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), respecto a víctimas individuales acreditadas y colectivas; como también a favor de comparecientes, testigos y representantes judiciales.

El Caso Conjunto 03 y 04, denominado: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007’, es el primer caso conjunto de la Sala de Reconocimiento.

Este caso conjunto es independiente de los casos 03 y 04 pues no sigue ninguna de las cuerdas procesales de los macrocasos. Este caso conjunto surge simultáneamente de las dos investigaciones llevadas por separado y, al confluir en sus investigaciones criminales, combina la investigación instruida por el Caso 03 y el Caso 04.

A través de Auto No. 01 de 2022, la Subsala D del Caso 03, y la Subsala F del Caso 04, encontraron que, entre los años 2002 y 2006, algunos miembros del Batallón de Contraguerrilla 79, de la Brigada Móvil 11 y del Batallón de Contraguerrilla 26 habrían asesinado a 47 personas en 24 hechos; todas las víctimas fueron presentadas ilegítima y formalmente como ‘bajas en combate’. En su inmensa mayoría, las víctimas eran hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades entre los 20 y los 35 años, y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación. La Sala de Reconocimiento, igualmente, encontró hechos representativos de este patrón en 1997 en Dabeiba, con la presunta participación de algunas tropas del Batallón de Infantería 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’.

Actualmente, el caso conjunto continúa avanzando en: 1) La atención de las peticiones de búsqueda y ubicación de víctimas desaparecidas en el marco del conflicto armado, que corresponden a los patrones identificados en el mismo; 2) Como acto de reparación simbólica, contribuye con las eventuales labores de identificación de cuerpos y de entrega digna y judicial a sus familiares que realiza junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Adicionalmente, dispuso el diseño metodológico del proceso restaurativo con víctimas y comparecientes.

1. La manifestación expresa de querer ser acreditada como víctima.
2. Alguna prueba para demostrar su calidad de víctima. Por ejemplo:
• Denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación.
• Resolución de inscripción en el Registro Único de Víctimas.
• Certificación o registro que expide el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla.
• Certificado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
• Certificado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) antes Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) o de una organización de la sociedad civil en la que haya recibido algún tipo de atención como desvinculada o desmovilizada.
• Cualquiera otra prueba o documento que demuestre que la persona fue afectada por una de las conductas investigadas dentro del Caso No. 07.
3. Un relato de los hechos por los que quiere ser reconocido como víctima, especificando al menos la época y el lugar en el que ocurrieron.

Al acreditarse, las víctimas podrán:

1. Participar en las diligencias que se realicen en las distintas etapas procesales, de acuerdo con lo establecido en la ley.
2. Aportar pruebas, asistir a las diligencias e interponer recursos contra las decisiones que se profieran.
3. Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP.
4. Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos.
5. Estar informadas del avance de la investigación y del proceso.
6. Solicitar medidas de protección en el caso en que sus derechos fundamentales sean amenazados por participar ante la JEP.