Para identificar a las personas que serán llamadas a versión voluntaria, la Sala, en primer lugar, contrastó los informes allegados por organizaciones de víctimas y por parte del Estado, así como las solicitudes concretas presentadas por el Ministerio Público y por las víctimas. Allí se encontraron menciones directas de personas en relación con hechos de reclutamiento e información sobre cómo, por ciertas posiciones de mando, ciertas personas pueden tener mayor grado de responsabilidad o conocimiento sobre conductas de reclutamiento y otras conductas asociadas al reclutamiento.

Posteriormente, la Sala rastreó a cada compareciente en los registros del universo provisional de hechos, en los relatos de las víctimas acreditadas y en las versiones voluntarias rendidas por otros comparecientes ante la JEP. La Sala también hizo este ejercicio utilizando las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación y los procesos realizados en la justicia ordinaria.

En diciembre de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del auto 269, llamó a rendir versión a 47 exintegrantes de las Farc-EP que integraron los antiguos bloques Sur, Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe.

Entre los comparecientes a los que se les ordenó rendir versión se encuentran Rodrigo Granda, los actuales congresistas Victoria Sandino y Jairo Reinaldo Cala, y Guillermo Enrique Torres, actual alcalde de Turbaco, Bolívar.

Este llamado hace parte de la estrategia de priorización interna del Caso 07 definida en el auto 159 del 4 de agosto de 2021, en el cual fueron presentadas las hipótesis de investigación sobre la sistematicidad del reclutamiento y utilización sistemática de niños y niñas y la prevalencia de violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos como conductas asociadas al reclutamiento.

Las diligencias se realizarán durante el primer semestre del 2022 y en ellas podrán participar las víctimas acreditadas ante la JEP dentro del Caso 07. Estas versiones se realizarán de modo presencial, virtual o mixto y serán de carácter individual o colectiva.

Siguiendo la ruta de priorización, a través del auto 025 de 2022 la Sala definió la metodología y el calendario para la realización de las versiones voluntarias de 73 exintegrantes de las Farc-EP, pertenecientes a todos los antiguos bloques de esa guerrilla y comparecientes en el Caso 07.

La Sala también presentó los tres mecanismos de participación que las víctimas tienen en estas versiones: 1. Por vía de las demandas de verdad que están siendo allegadas a la Sala, 2. Por su participación presencial o virtual en las versiones colectivas por bloques y nacional, y 3. Por vía de las observaciones que las víctimas y el Ministerio Público podrán hacer a las versiones voluntarias una vez sean trasladadas.

Estas versiones individuales, junto con 7 versiones colectivas de bloque y 1 versión nacional con ex miembros del Secretariado y del Estado Mayor Central, se llevarán a cabo de marzo a septiembre de 2022 en las fechas fijadas en el auto 025 de 2022.

Con corte al 8 de julio de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad, ha acreditado a 470 víctimas que participan en todas las etapas del caso aportando sus relatos y nutriendo con sus experiencias la investigación y la contrastación que debe realizar la Sala.

Del grupo de víctimas acreditadas, 255 fueron reclutadas o utilizadas siendo niñas y niños y 215 son familiares de niños y niñas que fueron reclutados, y algunos de ellos todavía se encuentran desaparecidos.

Así mismo, de las víctimas participantes, 285 son mujeres y 185 son hombres. Las mujeres representan 61% de los afectados. 33 víctimas se han identificado con algún tipo de pertenencia étnica y 9 con una orientación sexual o identidad de género diversa.

A su vez, y teniendo en cuenta las líneas de investigación sobre las violencias graves asociadas al reclutamiento, en el caso se encuentran participando: 87 víctimas que manifiestan haber sufrido violencia sexual y otras violencias basadas en género, 85 víctimas que refieren haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de las filas, y 103 víctimas que han sido reportadas como desaparecidas.

Desde el punto de vista del impacto territorial del reclutamiento, la Sala encontró que el 30,12% de las víctimas acreditadas sufrieron estas violencias en el Meta, el 15,06% en Caquetá y el 8,43% en Guaviare.

El despacho relator del Caso 07 ha realizado cuatro diligencias de ampliación de información, traslados de versiones voluntarias y recepción de observaciones de las víctimas sobre temáticas relacionadas con las facetas de género del reclutamiento y la utilización de niños y niñas. Las facetas de género son las experiencias particulares que vivieron las víctimas de reclutamiento y utilización, en razón de su sexo, identidad de género u orientación sexual, incluidas las violencias que pudieron haber afrontado.

Las diligencias se han concentrado en la escucha de las experiencias de mujeres que sufrieron el reclutamiento siendo niñas; así como de madres y hermanas cuyos familiares fueron reclutados ilícitamente y hoy se encuentran desaparecidos.

De igual manera, se realizó una diligencia específica con personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas que vivieron el reclutamiento siendo niños/as.

En estas diligencias, la magistratura escucha a las víctimas sobre la forma particular en la que vivieron el antes, el durante y el después del reclutamiento. Así como las diferentes violencias que sufrieron al interior de las filas siendo niñas como violencias sexuales y reproductivas.

El despacho relator también ha escuchado a las madres y hermanas de niñas y niños reclutados (hoy desaparecidos), sobre la experiencia femenina de la búsqueda de sus familiares y las vivencias diferenciales que afrontaron quienes pertenecen a la población LGTBI dentro del grupo armado; situaciones basadas en su orientación sexual, su identidad o su expresión de género diversa.

Luego de las intervenciones de las víctimas, el despacho les traslada las versiones de los comparecientes, y finalmente recoge sus observaciones y demandas de verdad sobre las versiones voluntarias.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz invita a quienes siendo niñas y niños fueron víctimas de reclutamiento ilícito o de utilización en las actividades de la guerra y a aquellos que sufrieron daños indirectos por este tipo de delitos a acreditarse como víctimas del Caso No. 07 ante la JEP.

La acreditación como víctimas les dará la calidad de intervinientes especiales y les permitirá participar en las audiencias del caso incluidas las versiones voluntarias que rendirán los comparecientes y la audiencia de reconocimiento, presentar observaciones a ellas y solicitar pruebas.

1. La manifestación expresa de querer ser acreditada como víctima.
2. Alguna prueba para demostrar su calidad de víctima. Por ejemplo:
• Denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación.
• Resolución de inscripción en el Registro Único de Víctimas.
• Certificación o registro que expide el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla.
• Certificado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
• Certificado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) antes Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) o de una organización de la sociedad civil en la que haya recibido algún tipo de atención como desvinculada o desmovilizada.
• Cualquiera otra prueba o documento que demuestre que la persona fue afectada por una de las conductas investigadas dentro del Caso No. 07.
3. Un relato de los hechos por los que quiere ser reconocido como víctima, especificando al menos la época y el lugar en el que ocurrieron.

Al acreditarse, las víctimas podrán:

1. Participar en las diligencias que se realicen en las distintas etapas procesales, de acuerdo con lo establecido en la ley.
2. Aportar pruebas, asistir a las diligencias e interponer recursos contra las decisiones que se profieran.
3. Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP.
4. Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos.
5. Estar informadas del avance de la investigación y del proceso.
6. Solicitar medidas de protección en el caso en que sus derechos fundamentales sean amenazados por participar ante la JEP.

Las víctimas pueden solicitar directamente su acreditación y pueden, por sí mismas, participar en las distintas actividades procesales. Pero si lo prefieren, pueden designar un abogado que las represente, según las siguientes opciones:

1. Un abogado de confianza: otorgando poder especial al abogado de su elección.
2. Solicitar un abogado al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP cuando carezcan de los recursos económicos necesarios para contratar un abogado.
3. Un representante judicial de la organización de víctimas a la que pertenezca, otorgándole el respectivo poder.
4. Representación por autoridad étnica. Si fuere del caso, cuando diligencie su formulario de solicitud de acreditación, la víctima debe manifestar su interés de ser representado por un abogado del SAAD en el marco del Caso No. 07 y adjuntar el poder que permita su representación judicial (anexo).