Bogotá, 01 de marzo de 2023. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó a 94 víctimas de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de miembros de la fuerza pública. Dicho hallazgo se dio de manera preliminar en el universo provisional de hechos que se estableció en el marco de la investigación que realiza la Jurisdicción en el Caso 07: 'Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado', subcaso fuerza pública.
Esta semana en Ibagué, el #Caso07, 'Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado', realizó una diligencia de ampliación de información con mujeres víctimas por hechos de reclutamiento presuntamente relacionados con el accionar de las antiguas Farc-EP pic.twitter.com/HNv15SFPIY
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 18, 2023
En agosto de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas – SRVR –
encontró un universo de 18.677 víctimas únicas, que constituyen una cifra provisional de hechos del Caso 07, como resultado de un
ejercicio preliminar de contrastación sobre el reclutamiento y utilización presuntamente cometido por las extintas Farc-EP.
Esta cifra se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 45 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas,
del Estado y de instituciones universitarias.
Para hacer visibles a las víctimas que por distintas razones nunca pudieron denunciar, la Sala también realizó un ejercicio
de estimación de los hechos que a pesar de que ocurrieron no fueron registrados. Así, identificó que solo para el periodo de 1996 a
2016, el total estimado de víctimas se ubica entre 19.253 y 23.811 niños y niñas que fueron reclutadas.
Este universo, sumado a la información presentada por 470 víctimas acreditadas, permitió a la Sala definir el camino a seguir en el Caso 07.
De acuerdo con la información recabada, 48% de los hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños, se asocia a la acción
del Bloque Oriental de las antiguas Farc-EP. Este bloque, que operó en Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare,
Vichada, Guainía y Vaupés, es la estructura con mayor número de victimizaciones asociadas. Le siguen los antiguos bloques Noroccidental,
Occidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe. Por ello, la Sala decidió priorizar territorialmente la investigación.
Dadas las características de estos departamentos, en donde se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, la Sala
indaga de forma específica por el impacto diferencial que el reclutamiento y utilización de niños y niñas tuvo sobre pueblos étnicos y
procura su participación en las versiones que se realizan.
La Sala de Reconocimiento ha tramitado 72 solicitudes de medidas cautelares dirigidas a víctimas y comparecientes en el caso, se han
adoptado medidas de protección en 43 de ellas.
Por otro lado, la Sala trabaja de manera articulada con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Entre la Sala
y la Unidad existe una ruta de coordinación para apoyar la búsqueda de niñas y niños que fueron reclutados y que se encuentran desaparecidos.
Con este fin, la Sala ha enviado a la Unidad información sobre 135 niñas y niños desaparecidos y, en conjunto con esta entidad y Medicina
Legal, avanza en el proceso de identificación de 47 cuerpos recuperados en La Unión Peneya, en el departamento de Caquetá.
Análisis de priorización
Para realizar la priorización temporal, la Sala tuvo en cuenta que los datos analizados evidencian cuatro picos históricos de reclutamiento
de personas menores de edad en el país. Uno que comienza a crecer desde el año 1997 hasta llegar a su máximo punto en el año 2000, con 1.817
victimizaciones. Un segundo pico, en 2002, con 1.201 registros; un tercero, en 2007, con 1.140 víctimas registradas; y un último pico, en 2013,
con 1.766 víctimas.
Con base en estas cifras se tomó la decisión de la priorización temporal, dado que el periodo de 1996 a 2016 concentra el mayor número de
hechos. Esto permitirá evidenciar con mayor claridad su gravedad y representatividad. Es importante aclarar que esta ventana temporal no
tendrá ningún impacto en el reconocimiento y tratamiento de quienes ya se han acreditado como víctimas de hechos cometidos antes de 1996.
En la priorización atendiendo a la edad de las víctimas, la Sala determinó dos hipótesis de trabajo. De una parte, que las Farc-EP reclutaron
y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas de 15, 16 y 17 años como parte de su política expresa y
formal de reclutamiento.
Sobre los niños y niñas reclutadas teniendo 14 años o menos, la Sala trabaja bajo la hipótesis de que las Farc-EP reclutaron y utilizaron
sistemáticamente, para el desarrollo del conflicto armado, a niños y niñas de este rango de edad, contrariando sus propias disposiciones expresas
y formales.
Para identificar estas conductas asociadas al reclutamiento, la Sala se basó principalmente en la información presentada por las organizaciones
de víctimas en sus informes y en los relatos de 400 personas que, siendo hoy adultas, compartieron con la Sala los detalles su reclutamiento y
fueron acreditadas como víctimas dentro del Caso 07.
De los relatos entregados por las víctimas acreditadas en el Caso 07, la Sala también ha encontrado que, en el marco de la vida ‘intrafilas’ de
las personas menores de edad reclutadas, pudieron haberse cometidos homicidios, torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes, así como otros
actos inhumanos. Esto, principalmente asociado a las sanciones disciplinarias a las que fueron expuestos, a sus condiciones de vida dentro de las
Farc-EP y a retaliaciones en contra de las familias o comunidades de las que provenía la población infantil.
La Sala de Reconocimiento avocó el conocimiento del Caso No. 07 Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado mediante el
auto No. 029 del 1 de marzo de 2019.
Apertura de nueva línea de investigación
La decisión fue tomada en el auto 032 de 2022, en donde se presentó la caracterización de las 400 víctimas acreditadas a la fecha en el Caso 07.
Allí se encontró que 68 de ellas, además de haber sido reclutadas siendo niños y niñas, sufrieron diferentes tipos de violencia sexual y violencia
de género.
El anuncio lo hizo la magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, durante la entrega del informe “A nadie le deseo lo que viví: informe sobre
reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el
conflicto armado en Colombia”, presentado por la Corporación Caribe Afirmativo, el 10 de febrero de 2022.
“La Sala ha encontrado un llamado concreto a visibilizar las experiencias de vida, las demandas de justicia y las afectaciones sufridas -y hasta
hoy silenciadas- de víctimas de reclutamiento que tienen una orientación sexual diversa. Ellos y ellas, por primera vez en su vida, se acercan a un
sistema de administración de justicia a contar su historia. Para responder adecuadamente a sus necesidades, estas violencias se analizarán como una
sub-línea en la investigación de violencia sexual y de género”, manifestó la magistrada Rueda.
En desarrollo de esta sublínea, la JEP comparte la historia de ‘Sebastián’ la primera víctima de orientación sexual diversa, sobreviviente del
reclutamiento por parte de las Farc-EP acreditada en el Caso 07.
Cifras del caso
0 Niñas y niños que fueron utilizados por las Farc-EP para el conflicto armado.
0%
de los hechos de reclutamiento de niñas y niños, se asocia al Bloque Oriental
0 solicitudes de medidas cautelares ha tramitado La Sala de Reconocimiento dirigidas a víctimas y comparecientes
Claves para entender el Caso 07
Llamamiento a versiones voluntarias
Para identificar a las personas que serán llamadas a versión voluntaria, la Sala, en primer lugar, contrastó los informes allegados por organizaciones de víctimas y por parte del Estado, así como las solicitudes concretas presentadas
por el Ministerio Público y por las víctimas. Allí se encontraron menciones directas de personas en relación con hechos de reclutamiento e información sobre cómo, por ciertas posiciones de mando, ciertas personas pueden tener mayor
grado de responsabilidad o conocimiento sobre conductas de reclutamiento y otras conductas asociadas al reclutamiento.
Posteriormente, la Sala rastreó a cada compareciente en los registros del universo provisional de hechos, en los relatos
de las víctimas acreditadas y en las versiones voluntarias rendidas por otros comparecientes ante la JEP. La Sala también
hizo este ejercicio utilizando las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación y los procesos realizados en la
justicia ordinaria.
En diciembre de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del auto 269, llamó a rendir versión a 47
exintegrantes de las Farc-EP que integraron los antiguos bloques Sur, Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto Central,
Magdalena Medio y Caribe.
Entre los comparecientes a los que se les ordenó rendir versión se encuentran Rodrigo Granda, los actuales congresistas
Victoria Sandino y Jairo Reinaldo Cala, y Guillermo Enrique Torres, actual alcalde de Turbaco, Bolívar.
Este llamado hace parte de la estrategia de priorización interna del Caso 07 definida en el auto 159 del 4 de agosto de 2021,
en el cual fueron presentadas las hipótesis de investigación sobre la sistematicidad del reclutamiento y utilización sistemática
de niños y niñas y la prevalencia de violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos
crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos como conductas asociadas al reclutamiento.
Las diligencias se realizarán durante el primer semestre del 2022 y en ellas podrán participar las víctimas acreditadas ante
la JEP dentro del Caso 07. Estas versiones se realizarán de modo presencial, virtual o mixto y serán de carácter individual o
colectiva.
Siguiendo la ruta de priorización, a través del auto 025 de 2022 la Sala definió la metodología y el calendario para la
realización de las versiones voluntarias de 73 exintegrantes de las Farc-EP, pertenecientes a todos los antiguos bloques de esa
guerrilla y comparecientes en el Caso 07.
La Sala también presentó los tres mecanismos de participación que las víctimas tienen en estas versiones: 1. Por vía de las
demandas de verdad que están siendo allegadas a la Sala, 2. Por su participación presencial o virtual en las versiones colectivas
por bloques y nacional, y 3. Por vía de las observaciones que las víctimas y el Ministerio Público podrán hacer a las versiones
voluntarias una vez sean trasladadas.
Estas versiones individuales, junto con 7 versiones colectivas de bloque y 1 versión nacional con ex miembros del Secretariado y
del Estado Mayor Central, se llevarán a cabo de marzo a septiembre de 2022 en las fechas fijadas en el auto 025 de 2022.
Víctimas acreditadas
Con corte al 8 de julio de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad, ha acreditado a 470 víctimas que participan en todas
las etapas del caso aportando sus relatos y nutriendo con sus experiencias la investigación y la contrastación que debe
realizar la Sala.
Del grupo de víctimas acreditadas, 255 fueron reclutadas o utilizadas siendo niñas y niños y 215 son familiares de niños
y niñas que fueron reclutados, y algunos de ellos todavía se encuentran desaparecidos.
Así mismo, de las víctimas participantes, 285 son mujeres y 185 son hombres. Las mujeres representan 61% de los
afectados. 33 víctimas se han identificado con algún tipo de pertenencia étnica y 9 con una orientación sexual o
identidad de género diversa.
A su vez, y teniendo en cuenta las líneas de investigación sobre las violencias graves asociadas al reclutamiento, en
el caso se encuentran participando: 87 víctimas que manifiestan haber sufrido violencia sexual y otras violencias basadas
en género, 85 víctimas que refieren haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de las filas, y 103 víctimas
que han sido reportadas como desaparecidas.
Desde el punto de vista del impacto territorial del reclutamiento, la Sala encontró que el 30,12% de las víctimas acreditadas
sufrieron estas violencias en el Meta, el 15,06% en Caquetá y el 8,43% en Guaviare.
Diligencias de ampliación de la información
El despacho relator del Caso 07 ha realizado cuatro diligencias de ampliación de información, traslados de versiones voluntarias y
recepción de observaciones de las víctimas sobre temáticas relacionadas con las facetas de género del reclutamiento y la utilización
de niños y niñas. Las facetas de género son las experiencias particulares que vivieron las víctimas de reclutamiento y utilización,
en razón de su sexo, identidad de género u orientación sexual, incluidas las violencias que pudieron haber afrontado.
Las diligencias se han concentrado en la escucha de las experiencias de mujeres que sufrieron el reclutamiento siendo niñas; así
como de madres y hermanas cuyos familiares fueron reclutados ilícitamente y hoy se encuentran desaparecidos.
De igual manera, se realizó una diligencia específica con personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas
que vivieron el reclutamiento siendo niños/as.
En estas diligencias, la magistratura escucha a las víctimas sobre la forma particular en la que vivieron el antes, el durante y el
después del reclutamiento. Así como las diferentes violencias que sufrieron al interior de las filas siendo niñas como violencias
sexuales y reproductivas.
El despacho relator también ha escuchado a las madres y hermanas de niñas y niños reclutados (hoy desaparecidos), sobre la experiencia
femenina de la búsqueda de sus familiares y las vivencias diferenciales que afrontaron quienes pertenecen a la población LGTBI dentro
del grupo armado; situaciones basadas en su orientación sexual, su identidad o su expresión de género diversa.
Luego de las intervenciones de las víctimas, el despacho les traslada las versiones de los comparecientes, y finalmente recoge sus
observaciones y demandas de verdad sobre las versiones voluntarias.
Acreditación de víctimas
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz invita a quienes siendo niñas y niños fueron víctimas de reclutamiento
ilícito o de utilización en las actividades de la guerra y a aquellos que sufrieron daños indirectos por este tipo de delitos a acreditarse
como víctimas del Caso No. 07 ante la JEP.
La acreditación como víctimas les dará la calidad de intervinientes especiales y les permitirá participar en las audiencias del caso
incluidas las versiones voluntarias que rendirán los comparecientes y la audiencia de reconocimiento, presentar observaciones a ellas
y solicitar pruebas.
¿Qué se necesita para acreditarse como víctima?
Según el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018:
La manifestación expresa de querer ser acreditada como víctima.
Alguna prueba para demostrar su calidad de víctima. Por ejemplo:
Denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación.
Resolución de inscripción en el Registro Único de Víctimas.
Certificación o registro que expide el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), dando
cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad
de abandonarla.
Certificado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Certificado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) antes Agencia Colombiana para
la Reintegración (ACR) o de una organización de la sociedad civil en la que haya recibido algún tipo de
atención como desvinculada o desmovilizada.
Cualquiera otra prueba o documento que demuestre que la persona fue afectada por una de las conductas investigadas dentro del Caso No. 07.
Un relato de los hechos por los que quiere ser reconocido como víctima, especificando al menos la época y el lugar en el que ocurrieron.
¿Qué derechos tienen las víctimas acreditadas?
Al acreditarse, las víctimas podrán:
Participar en las diligencias que se realicen en las distintas etapas procesales, de acuerdo con lo establecido en la ley.
Aportar pruebas, asistir a las diligencias e interponer recursos contra las decisiones que se profieran.
Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP.
Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos.
Estar informadas del avance de la investigación y del proceso.
Solicitar medidas de protección en el caso en que sus derechos fundamentales sean amenazados por participar ante la JEP.
¿La víctima necesita un representante judicial para acreditarse?
Las víctimas pueden solicitar directamente su acreditación y pueden, por sí mismas, participar en las distintas actividades
procesales. Pero si lo prefieren, pueden designar un abogado que las represente, según las siguientes opciones:
Un abogado de confianza: otorgando poder especial al abogado de su elección.
Solicitar un abogado al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP cuando carezcan de los recursos económicos
necesarios para contratar un abogado.
Un representante judicial de la organización de víctimas a la que pertenezca, otorgándole el respectivo poder.
Representación por autoridad étnica. Si fuere del caso, cuando diligencie su formulario de solicitud de acreditación, la
víctima debe manifestar su interés de ser representado por un abogado del SAAD en el marco del Caso No. 07 y adjuntar el poder
que permita su representación judicial (anexo).