La JEP se concentrará en establecer la responsabilidad penal de miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en los crímenes
cometidos directamente por ellos, pero también la responsabilidad penal que les pueda caber por los crímenes ejecutados materialmente por
paramilitares cuando comprometan la responsabilidad penal de la fuerza pública.
Es decir, la Sala se concentrará en esclarecer las diversas formas de cooperación entre agentes estatales –integrantes y no integrantes
de la fuerza pública- y grupos paramilitares.
Del total de presuntos responsables mencionados en los informes, ya 2.840 se han sometido a la JEP: 2.812 integrantes de la fuerza pública,
5 agentes de Estado diferentes a fuerza pública y 23 terceros civiles. Por otro lado, el universo provisional de víctimas, documentado por
la JEP, indica que hay 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.
El Caso 08 avanzará de “abajo hacia arriba" en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales hasta llegar a los
máximos responsables. Pero también de “arriba hacia abajo", pues se acopiarán y analizarán elementos que indiquen la existencia de políticas
nacionales oficiales vinculadas con la promoción de las autodefensas privadas, la transformación de dichos grupos en estructuras paramilitares,
su evolución y confederación y la acción criminal conjunta o coordinada con agentes estatales y terceros civiles.
Las líneas de investigación del caso corresponden a los tres grandes patrones macro criminales identificados hasta ahora, en función de las
motivaciones estratégicas de los crímenes:
1) Crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes
2) Crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares
3) Crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
La apertura del Caso 08 representa una especial contribución a las garantías de no repetición. Esto, en la medida en que permitirá comprender
las motivaciones de los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública directamente o en alianzas, desde una dimensión personal, territorial
e institucional.