COMUNICADO 11
JEP rechaza atentado en Barrancabermeja contra CREDHOS, víctima colectiva acreditada en Caso 08
- La JEP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca y determine los responsables de esos hechos que dejaron tres personas heridas, entre ellas un niño.
- Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, el pasado 8 y 9 de febrero, el excapitán del Ejército José Eduardo González Sánchez, antiguo coordinador del Departamento de Seguridad de Ecopetrol entregó versión ante la JEP.
- En audiencia, el compareciente vinculado al Caso 08, contó cómo operó la alianza entre militares, paramilitares y Ecopetrol para la toma paramilitar del Sur de Bolívar y Barrancabermeja, ciudad donde se perpetraron por lo menos seis masacres entre 1998 y 1999.
- A la fecha, en la región del Magdalena Medio, el Caso 08 ha acreditado a tres víctimas colectivas y 97 víctimas individuales.
- Víctimas, testigos, abogados y comparecientes que participan en los distintos casos de la JEP, que investigan los crímenes cometidos por agentes del Estado, han sido amenazados y están en situación de riesgo extraordinario. Estos hechos criminales permanecen en la impunidad.
Bogotá, 14 de febrero de 2024. La Jurisdicción Especial para la Paz rechaza el nuevo atentado perpetrado contra la vivienda de una integrante de la Corporación Regional Para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), víctima colectiva acreditada en el subcaso Magdalena Medio del Caso 08 que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
De acuerdo con lo informado a esta Jurisdicción, a las 8 de la noche, de este martes 13 de febrero, hombres no identificados a bordo de una motocicleta, arrojaron un artefacto explosivo contra la vivienda. Aunque la integrante de CREDHOS no se encontraba en casa en el momento del incidente, tres de sus familiares resultaron heridos, incluyendo un menor de edad.
Este atentado ocurrió tres días después de la versión voluntaria que presentó el excapitán del Ejército, José Eduardo González Sánchez, antiguo coordinador del Departamento de Seguridad de Ecopetrol. Durante los días 8 y 9 de febrero, en Bogotá, el compareciente vinculado al Caso 08, habló frente a la JEP, CREDHOS y 26 víctimas de distintos crímenes ejecutados por los paramilitares en asociación con agentes del Estado en el Magdalena Medio.
Durante la diligencia, entre otros detalles, González Sánchez le narró a la magistratura de la JEP cómo surgió y se consolidó la alianza que facilitó la comisión de estos crímenes, además, respondió las preguntas sobre dos de las masacres más emblemáticas de la toma paramilitar del puerto petrolero, la del 16 de mayo de 1998 y 28 de febrero de 1999.
La JEP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante una investigación seria, pronta y efectiva para determinar quiénes son los responsables de los hechos. Víctimas, testigos, abogados y comparecientes que participan en los distintos casos de la JEP, que investigan los crímenes cometidos por agentes del Estado, han sido amenazados y están en situación de riesgo extraordinario. Estos hechos criminales permanecen en la impunidad.
Ante este escenario, además, la JEP exhorta a las distintas agencias gubernamentales con competencias en la materia para que garanticen la seguridad de las víctimas del conflicto armado que participan ante la Jurisdicción buscando justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
A la fecha, la JEP, en el Caso 08, subcaso Magdalena Medio, ha acreditado tres grupos de víctimas colectivas y 97 víctimas individuales, en su mayoría, por hechos ocurridos en Barrancabermeja, Barbosa, Cimitarra y Simacota.
De las seis masacres perpetradas en Barrancabermeja, la ocurrida el 16 de mayo de 1998 dejó siete personas asesinadas y 25 desaparecidas. A la fecha, 11 cuerpos han sido entregados a sus familias y 14 continúan sin información de ellos. Las víctimas de estas masacres están acreditadas en el Caso 08 y han presentado solicitudes de medidas cautelares ante la JEP, tanto para proteger su vida e integridad y su derecho de acceder a la justicia, como para proteger los cementerios de Rionegro y Cimitarra, donde se presume podrían hallarse sus familiares desaparecidos.
