COMUNICADO 54
Ante la JEP, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, excoordinador en Incoder, detalla vinculación entre despojo de tierras con alianzas con paramilitares en Cesar
- Reyes Jiménez fue escuchado en el marco del Caso 08, en relación con crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en alianza con paramilitares y terceros civiles en el Gran Magdalena.
- Reyes expuso detalles sobre los mecanismos que permitieron la legalización del despojo y la explotación de tierras, alineados con los intereses de grupos paramilitares y actores privados.
- Reyes actualmente se encuentra a la espera de que se resuelva su solicitud de sometimiento a la JEP
Bogotá, 30 de abril de 2024. El excoordinador del Grupo Técnico Territorial en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Cesar, de 2003 a 2007, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, expuso detalles de su vinculación con grupos paramilitares en una diligencia ante la JEP, en el marco del subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o por agentes del Estado, en asocio con paramilitares o terceros civiles, durante el conflicto armado.
Reyes Jiménez también mencionó nombres de
servidores públicos y de terceros civiles, quienes aprovecharon su posición en
el Incoder para facilitar operaciones que promovieron el desplazamiento
forzado, la legalización del despojo de tierras a través de compras a precios
irrisorios, el acaparamiento y la reasignación de tierras a través de trámites
irregulares, en varios municipios del corredor minero de Cesar y otros
municipios aledaños.
Estas operaciones ilegales se cometieron en
alianza y en respuesta a los intereses de los frentes ‘Mártires del Cacique de
Upar’ y ‘Juan Andrés Álvarez Pastrana’, del Bloque Norte de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), como también para satisfacer los intereses de actores
económicos privados de la región.
Reyes explicó a la magistratura cómo
funcionaban los mecanismos jurídicos para desplazar y despojar de sus tierras a
campesinos, y cómo estos predios eran luego legalizados y puestos a nombre de
testaferros de las AUC o de terceros civiles afines a estos grupos.
Estas acciones ilegales facilitaron la
explotación económica de los predios, especialmente en el sector minero,
palmero y ganadero. Incluso, Reyes detalló cómo esta situación derivó en una
especie de “contrarreforma agraria” que formalizó el acaparamiento de tierras y
su explotación a costa del despojo en la región.
Lo dicho por Reyes Jiménez se suma a lo
declarado por otros cuatro exmiembros del Bloque Norte de las AUC, quienes
fueron escuchados como testigos en el marco de este subcaso del Caso 08. Estas
declaraciones resultan fundamentales para comprender la complejidad de las
redes criminales que afectaron profundamente a las comunidades rurales del
norte del país, específicamente en la subregión del Gran Magdalena.
La información recabada por la magistratura le
permitirá analizar, identificar y esclarecer los patrones de macrocriminalidad
ejercidos en esta región del país contra parceleros en al menos 11 predios; y
demostrar cómo el desplazamiento forzado y el despojo de tierras tienen una
relación directa con entramados criminales constituidos a partir de alianzas y
connivencias entre miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros
civiles y paramilitares.
Así mismo, la información suministrada por
Reyes sobre sus actuaciones impulsa el llamado de miembros de la fuerza pública
y de terceros civiles a rendir versión voluntaria ante la JEP por estos mismos
hechos.
Reyes Jiménez cuenta aún con investigaciones
abiertas en la justicia ordinaria, y ya cumplió una pena de diez años de cárcel
por desplazamiento forzado, entre otros delitos.
La diligencia se realizó de manera reservada y
fue presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Gran
Magdalena, del Caso 08. El despacho relator invitó a la diligencia a la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas, la cual actualmente tiene en trámite la
solicitud de sometimiento de Reyes a la JEP en calidad de agente del Estado no
integrante de la fuerza pública.