NOTA DE PRENSA
La JEP advierte que actuales condiciones
del Cementerio Central de Cúcuta ponen en riesgo los derechos de víctimas de
desaparición forzada
- Las medidas cautelares al Cementerio
Central de Cúcuta fueron decretadas en 2021.
- La JEP identificó más de 22 sitios de
interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
- En el Cementerio Central de Cúcuta puede
haber más de 770 cuerpos de personas no identificadas y de personas
identificadas no reclamadas.
- Tras dos días de audiencia, la Sección de
Ausencia de Reconocimiento acumuló al trámite otras medidas cautelares del área
metropolitana para facilitar la búsqueda de personadas dadas por desaparecidas
en la zona de frontera con Venezuela.
Cúcuta, 16 de agosto de 2023. En el
Cementerio Central de Cúcuta, la JEP identificó más de 22 sitios de interés
forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. La cifra
se conoció en el marco de la audiencia de seguimiento a la medida cautelar adoptada
por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad para favorecer la
búsqueda y satisfacer los derechos de los familiares de las víctimas,
identificar situaciones de riesgo y dignificar la memoria de quienes buscan a
sus seres queridos desaparecidos.
“No encontramos los registros llevados
acorde con las exigencias normativas. Algunos de los libros respectivos están
en franco deterioro y no hay un sistema actualizado que permita tener una
fuente confiable sobre el número y localización de cuerpos que se pueden
encontrar en este cementerio. Esas y otras fallas importantes están poniendo en
riesgo la satisfacción de los derechos de las víctimas, especialmente de los
familiares que llevan años y décadas buscando a sus seres queridos”, informó la
magistrada María del Pilar Valencia en la diligencia.
La información recabada por la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Unidad de Investigación y
Acusación (UIA) de la JEP indica que en el Cementerio Central de Cúcuta puede
haber más de 770 cuerpos de personas no identificadas y de personas
identificadas no reclamadas. La evidencia científica indica que algunos de
estos cuerpos pueden ser de menores de edad, presuntamente víctimas de reclutamiento
forzado y que hayan sido víctimas en combate o en otras situaciones propias del
conflicto armado.
Durante la diligencia judicial, tanto la JEP
como las entidades que fueron llamadas a rendir cuentas sobre sus acciones en
relación con las medidas cautelares, coincidieron en informar en que el
cementerio no ofrece las condiciones para salvaguardar los cuerpos, toda vez
que existen fosas donde hay un número “indeterminado y muy grande de bolsas que
contienen cuerpos de personas no identificas, algunos de ellos ya con evidencia
de actuación de la Fiscalía o del Instituto de Medicina Legal, pero que se
encuentran arrumados en cuartos o en fosas comunes”, señaló la magistrada
Valencia.
“Una de las cosas más delicadas que se
han observado es que hay una gran informalidad en la administración del
cementerio. Hay riesgos muy grandes. Uno es que no se encuentran debidamente
delimitadas las áreas y los sitios donde se pueden encontrar personas víctimas
de la desaparición forzada”, añadió Valencia, quien presidió la audiencia junto
a los magistrados Reinere Jaramillo y Gustavo Adolfo Salazar.
El auditorio de la Asamblea de la
Gobernación de Norte de Santander fue el escenario donde las autoridades
municipales, departamentales, entidades del Sistema Integral de Paz, y otras
entidades estatales, entre las que se cuentan la Fiscalía y el Instituto de
Medicina Legal, rindieron cuenta de las acciones que han realizado para cumplir
las medidas cautelares que adoptó la JEP en 2021, tras analizar una solicitud
presentada por Aura Rita Navas, lideresa representante de víctimas.
Durante su intervención, Giovanni
Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP,
aseguró que, “el cementerio central de Cúcuta tiene un desorden histórico
impresionante (…) Este desorden no es de la actual administración, es un tema
histórico”. Entre tanto, Carlos Antonio Murillo, subdirector de Medicina Legal,
explicó que, durante la intervención, se ha identificado que los cuerpos no se
encuentran donde originalmente los dispuso Medicina Legal y aclaró que “nunca
han hecho inhumaciones colectivas en fosas comunes”.
No obstante, las soluciones todavía no
responden plenamente a la gravedad y magnitud de los problemas estructurales
identificados. Se reconoció que particularmente en los últimos meses la
alcaldía de Cúcuta ha presentado avances positivos en cuanto a la
administración, protección, marcación de áreas y apoyo logístico a la Unidad de
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para facilitar las labores
forenses que se realizan en el cementerio. Así mismo, se encuentra en marcha un
plan de adecuación del cementerio. Se informó además que se han presentado las
correspondientes denuncias penales por y disciplinarias por las irregularidades
identificadas en la administración del cementerio.
Adicionalmente, la Alcaldía de Cúcuta y
la Gobernación de Norte de Santander se comprometieron a realizar acciones para
garantizar los presupuestos necesarios para asegurar el cumplimiento de las
funciones y acciones orientadas a la custodia, conservación de los cuerpos no identificados
y la dignificación de las víctimas.
Nuevas decisiones
Al cierre de la diligencia, la JEP
decidió acumular a la medida cautelar del cementerio Central de Cúcuta, los
trámites iniciados en el corregimiento de Juan Frío, ubicado en el municipio de
Villa del Rosario, y el municipio de Puerto Santander, donde se presume que
existieron hornos crematorios que en su momento usaron las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) para cremar y así desaparecer a cientos de sus víctimas, tal
como lo ha narrado en varias ocasiones el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La JEP también ordenó a la Gobernación de
Norte de Santander y a la Alcaldía de Cúcuta el diseño de implementación y
planes de atención integrales a las víctimas de desaparición forzada. La
Sección también fue enfática al explicar que, “dada la gravedad de urgencia y
la complejidad de la situación del Cementerio Central de Cúcuta, las medidas no
se agotan con esa audiencia ni con la vigencia de las actuales administraciones
municipales y departamentales, sino que tienen una vocación de continuidad”.
A través de un minuto de silencio, velas
encendidas, una cruz adornada de flores, una obra de teatro, las coplas y la
lectura de los nombres de los desaparecidos, las víctimas y la magistratura
honraron la memoria de los desaparecidos. “Es deber del Estado buscarlos, los
seguiremos buscando”, dijo el magistrado Gustavo Salazar. La magistrada Reinere
Jaramillo agregó: “estos dos días de audiencia nos ha permitido honrar la
memoria de sus seres queridos. Reconocemos en ustedes, su valentía, su tesón,
su entrega, su grandeza, su fortaleza y decisión por superar el olvido”.