​​​​Plan de Participación Ciudadana​


La Constitución Política de 1991 define la Participación Ciudadana como un derecho fundamental para los colombianos. Este derecho ha permitido que la ciudadanía incida significativamente en el ámbito de lo público y en su cotidianidad mediante ejercicios permanentes de deliberación, concertación y transformación de decisiones en espacios e instancias institucionales. 

La Participación Ciudadana en el marco del desarrollo de las políticas públicas resulta fundamental, en tanto que hace posible que sea escuchada la opinión de la ciudadanía en las diferentes etapas de formulación e implementación y en consecuencia permite generar procedimientos qué en efecto sean más efectivos y cercanos a las necesidades y derechos de la población y sus diversos grupos de interés.

La Participación Ciudadana en la gestión pública de las entidades estatales y gubernamentales es el principal mecanismo que materializa la construcción social de las políticas públicas dirigidas a la consolidación del Estado de Derecho y un régimen democrático que buscan la prevalencia del interés general y el respeto por los grupos minoritarios en procura de la realización de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos y al medioambiente.

La Participación Ciudadana significa también en la práctica uno de los principales mecanismos para ejercer los derechos y cumplir con los deberes correlativos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones.

Los actuales desarrollos tecnológicos, en términos generales, facilitan el acceso a información relevante y aportan significativamente a la construcción de una democracia participativa e incluyente, al brindarle elementos necesarios a la ciudadanía para reflexionar sobre el rol que desempeña y la manera como podría incidir de manera colectiva en las actividades y decisiones que asumen las entidades públicas y que la afectan de manera directa.

En este orden de ideas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encuentra su sentido en la concreción de un sistema de justicia abierta al escrutinio público, sustentada en los pilares de transparencia, apertura de datos, participación ciudadana y colaboración entre Gobierno y ciudadanía, así como en la prestación de los servicios dirigidos a los titulares de derechos –víctimas, comunidades afectadas, comparecientes y ciudadanía en general– así como a los diversos grupos de interés asociados a la implementación del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Las relaciones establecidas por la JEP con la ciudadanía, con los titulares de derechos y con los grupos de interés configura, en buena medida, las condiciones de credibilidad, confianza y legitimidad de la gestión e impacto social de la entidad.

Para materializar lo anteriormente expuesto, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, presenta el Plan de Participación Ciudadana, cuyo alcance, objetivos y actividades se enuncian a continuación.​