COMUNICADO 31
La JEP escuchó a víctimas de crímenes cometidos presuntamente por integrantes de la fuerza pública en alianza con paramilitares en el Magdalena Medio
- La Jurisdicción Especial para la Paz escuchó durante tres días, en audiencia pública realizada en la ciudad de Barrancabermeja, a víctimas acreditadas en el marco del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08.
- Un total de 601 víctimas acreditadas en el Subcaso Magdalena Medio participaron en la audiencia mediante vocerías, presentando observaciones a las versiones voluntarias rendidas por 35 comparecientes.
- La Audiencia de Observaciones reunió a víctimas de distintos sectores sociales y territorios del Magdalena Medio, incluyendo campesinos, sindicalistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Barrancabermeja, 21 de marzo de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz escuchó durante tres días a víctimas acreditadas en el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, en el cual investiga crímenes cometidos presuntamente por antiguos integrantes de la fuerza pública y otros agentes estatales, en asociación con grupos paramilitares y con la posible participación de terceros civiles. La investigación de la JEP profundiza en lo que se conoce como la ‘toma paramilitar’ de Barrancabermeja, ocurrida en esta ciudad santandereana entre 1998 y 2000.
En audiencia pública, celebrada en Barrancabermeja los días 27 y 28 de febrero y el 21 de marzo, las víctimas del Magdalena Medio presentaron observaciones sobre lo dicho por 35 comparecientes de la fuerza pública en versiones voluntarias rendidas ante la JEP en el marco de este subcaso.
En total, 601 víctimas individuales y 15 víctimas colectivas han sido acreditadas dentro del subcaso, quienes se expresaron en la Audiencia de Observaciones de Víctimas mediante la intervención de sus voceros y representantes legales. Entre ellas se encuentran sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes campesinos y estudiantes. En total, fueron escuchadas las intervenciones de 72 víctimas.
Las víctimas se pronunciaron en la audiencia a través de sus voceros y representantes judiciales, quienes aportaron información sobre la violencia ejercida presuntamente por integrantes de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares, sobre sus antecedentes históricos y sobre el proceso de expansión de estos grupos ilegales en la región.
Las víctimas hablaron de las finalidades de esta violencia y señalaron que, detrás de la misma, hubo asuntos como intereses económicos relacionados con la industria de los hidrocarburos y la minería, la apropiación y acumulación de tierras fértiles y la disputa territorial contra grupos insurgentes. En ese contexto, se ejerció violencia de manera indiscriminada contra la población civil mediante asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y amenazas contra sindicalistas, líderes, defensores de derechos humanos y sus comunidades.
José Vicente Ordóñez, integrante de la Asociación de Contratistas del Magdalena Medio, dijo en la diligencia: “Para nosotros, una de las intenciones de la violencia paramilitar fue el apoderamiento, por parte de ciertas clases sociales y políticas, de los recursos de hidrocarburos, es decir, una concentración de la riqueza petrolera (…). Pedimos a la JEP que se haga énfasis en las motivaciones económicas”.
Por otro lado, Carlos Guillermo Gayón Valle, comisionado nacional de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera (USO), dijo que “el ataque contra los integrantes de la Unión Sindical Obrera tenía como objetivo avanzar en la privatización de la empresa e imponer la tercerización, para lo cual el sindicato se convirtió en un obstáculo”.
En la audiencia, las víctimas también expusieron los daños individuales, colectivos y ambientales que causó la violencia paramilitar en el Magdalena Medio, como la ruptura de proyectos de vida, afectaciones psicológicas y emocionales, el debilitamiento de organizaciones sociales y sindicales, la fractura del tejido social y comunitario, el abandono forzado de territorios y el deterioro de los ecosistemas de la región.
Respecto a los daños individuales y familiares que causó la violencia en la región, la señora Yolanda Corzo Solano, esposa de Rafael Jaimes Torra, empleado de Ecopetrol y sindicalista asesinado el 20 de marzo de 2002, dijo: “Las balas no solo entraron a los muertos. Las balas entraron a nuestras familias… entraron desasosiego, miedo, abandono. Las sobrevivientes fuimos hostigadas, perseguidas y desplazadas”.
La audiencia reunió durante tres jornadas a víctimas de distintos territorios y sectores sociales del Magdalena Medio. En el primer día de la diligencia, realizada el 27 de febrero, intervinieron campesinos e integrantes de organizaciones campesinas de la región, provenientes de departamentos como Antioquia, sur de Bolívar, sur del Cesar y Santander. En sus intervenciones expusieron los perjuicios que provocó el accionar de la fuerza pública, presuntamente en connivencia con grupos paramilitares, en zonas rurales del Magdalena Medio, incluyendo desplazamientos forzados y asesinatos, y narraron el impacto que estas dinámicas tuvieron en las comunidades campesinas y en sus procesos organizativos.
Yenidia Rafaela Cuéllar Pérez, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, dijo en la audiencia que la violencia causó grandes afectaciones ambientales y destruyó el tejido social y cultural en la región: “El Sur de Bolívar no fue un territorio sin Estado, fue un territorio con presencia estatal que coexistió con el accionar paramilitar", señaló la señora Cuéllar Pérez.
Durante el segundo día de audiencia, el 28 de febrero, participaron representantes de distintos gremios y renglones económicos de la región, entre ellos transportadores de embarcaciones que navegan por el río Magdalena y contratistas vinculados a actividades relacionadas con la industria petrolera. Sus observaciones permitieron ampliar la comprensión sobre los impactos sociales, económicos y laborales que la violencia tuvo en distintos sectores de la vida regional.
En ese contexto, Erik Yesid Payares, integrante de la Junta Progresista de la Ladera Santandereana del Corregimiento de El Guayabo de Puerto Wilches, se refirió al efecto que tuvo la violencia sobre el río Magdalena y sobre la labor de los pescadores. “A los pescadores les rompía el corazón: en lugar de sacar pescado con la atarraya, sacaban eran muertos (…). El río fue cementerio de este conflicto armado”, recordó el señor Payares.
En la última jornada de la audiencia intervinieron víctimas de Barrancabermeja que han documentado durante décadas los hechos ocurridos durante la llamada ‘toma paramilitar’ de la ciudad. Sus intervenciones se centraron en las masacres, desapariciones forzadas y homicidios selectivos ocurridos entre 1998 y 2000, así como en las dinámicas de violencia que afectaron a comunidades, barrios y organizaciones sociales de la ciudad.
“Quisieron justificar los crímenes mancillando el nombre de las víctimas, intentando presentarlas como delincuentes, subversivos y objeto de otras calumnias. Ellos eran hijos e hijas de Barrancabermeja, por eso estamos aquí haciendo memoria, exigiendo verdad y justicia”, dijo Rocío Campos Pérez, hermana de Daniel Campos Pérez, una de las 25 personas desaparecidas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998 presuntamente por integrantes de grupos paramilitares.
En el mismo sentido, Leidy Barroso dijo en la audiencia que la violencia contra la población civil a finales de los años noventa debe entenderse en el contexto de la toma paramilitar y de una fuerte estigmatización de los habitantes de barrios populares de la ciudad: “Nos señalaron de ser insurgentes o colaboradores de la guerrilla solo por vivir en la parte nororiental de Barrancabermeja. Esa estigmatización fue utilizada como justificación para la violencia que sufrimos, para las masacres y las desapariciones forzadas, y para la persecución sistemática contra nuestras familias”.
En la noche del 27 de febrero de 2026, las magistradas Catalina Díaz y María del Pilar Valencia, correlatoras del Caso 08, acompañaron la conmemoración de la masacre ocurrida el 28 de febrero de 1999, cuando integrantes de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC) asesinaron a ocho personas y desaparecieron a otras dos en varios barrios de Barrancabermeja.
El acto conmemorativo fue organizado por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), el Colectivo de Víctimas del 28 de Febrero y el medio de comunicación Rutas del Conflicto, que presentó su propuesta de periodismo en vivo ‘Los desaparecidos del petróleo en Barrancabermeja’.
Los testimonios y observaciones que aportaron las víctimas son un valioso insumo para el ejercicio de contrastación judicial de todo el acervo probatorio del caso que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
La investigación judicial sobre estos hechos se sustenta en un amplio acervo probatorio que también incluye 60 informes elaborados por organizaciones de víctimas, 33 sentencias de Justicia y Paz, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miles de documentos obtenidos mediante inspecciones a archivos oficiales de unidades de la fuerza pública, entre ellas la Quinta Brigada del Ejército Nacional, el Batallón de Artillería de Defensa Aérea N.º 2, el Batallón de Inteligencia N.º 2 y el Batallón de Contraguerrillas N.º 45, entre otras.
Con la realización de la Audiencia de Observaciones de Víctimas, la JEP culmina una etapa fundamental del proceso dialógico del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08. A partir de este momento, la Sala de Reconocimiento avanzará en la contrastación integral del acervo probatorio recaudado —que incluye informes, expedientes y sentencias de la justicia ordinaria, así como documentos oficiales, versiones voluntarias, declaraciones juradas e inspecciones judiciales— con el propósito de esclarecer los hechos más representativos, los crímenes cometidos y las responsabilidades individuales, y de avanzar hacia la emisión del Auto de Determinación de Hechos y Conductas.
