COMUNICADO 112
+1.000 razones para creer: La JEP ha concedido más de mil renuncias a la persecución penal a comparecientes que han cumplido sus compromisos con las víctimas
- La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha otorgado 1.030 renuncias a la persecución penal a comparecientes que no fueron catalogados como máximos responsables en crímenes cometidos durante el conflicto armado.
- 979 de los beneficiados son comparecientes de la fuerza pública, el 95 % del total.
- La medida también ha cobijado a 46 comparecientes de las Farc-EP, 2 agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, 2 civiles colaboradores de las extintas Farc-EP y 1 tercero civil.
- Los comparecientes cobijados con esta medida estuvieron involucrados en 377 hechos, los cuales dejaron 643 víctimas directas. Más de 950 familiares de dichas víctimas han participado en este proceso.
- Estas decisiones tienen vocación de sentencia y corresponden a comparecientes de distintas regiones del país que cumplieron con el requisito de aportar verdad, reconocer responsabilidad, realizar acciones que contribuyan a la reparación simbólica de las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.
Bogotá, 9 de septiembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un importante hito en la consolidación de la Justicia Transicional Restaurativa en Colombia al conceder más de mil renuncias a la persecución penal para resolver la situación jurídica de comparecientes no catalogados máximos responsables en crímenes cometidos durante el conflicto armado. Se trata de comparecientes que han cumplido sus obligaciones con la justicia, con las víctimas y con el país, lo que le permite transformar sus vidas.
Estos resultados hacen parte de los avances en la Ruta No Sancionatoria, mecanismo judicial diseñado por la JEP e implementado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para resolver la situación jurídica de aquellos comparecientes que, a pesar de haber estado involucrados en graves crímenes, no son considerados máximos responsables, es decir, no tuvieron un rol determinante en la planeación o ejecución del patrón macrocriminal identificado por la Jurisdicción.
El proceso no sancionatorio permite resolver de forma definitiva la situación jurídica de estos comparecientes, pero no es un beneficio gratuito, pues exige el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad y la realización de aportes a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.
La mayoría de los beneficiados con esta medida son comparecientes de la fuerza pública. A la fecha, la sala ha otorgado 1.030 renuncias a la persecución penal, de las cuales 979 fueron concedidas a miembros de la fuerza pública (el 95 %), 46 a comparecientes de las Farc-EP (el 4,5 %), 2 a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, 2 a civiles colaboradores de las extintas Farc-EP y 1 a un tercero civil.
La solución de la situación jurídica de los más de mil comparecientes se ha hecho efectiva por medio de 43 resoluciones expedidas entre mayo de 2024 y agosto de 2026, las cuales tienen vocación de sentencia; es decir, se trata de decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada y tienen carácter inmutable, por lo tanto, son definitivas. Además, imponen la eliminación de los antecedentes penales y la extinción de las sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales derivadas de la conducta penal asociada a cada compareciente.
La renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en diversas leyes que regulan la actividad de la JEP. Se aplica junto con otras decisiones judiciales, como la preclusión transicional de la investigación y la extinción de la responsabilidad por cumplimiento de la sanción, con las que se han beneficiado 28 comparecientes, a la fecha.
Además de brindar dichas garantías jurídicas, estos beneficios tienen un impacto directo en las vidas de los comparecientes, pues les permiten rehacer sus proyectos personales, familiares y laborales, al acceder de manera formal a nuevas opciones de empleo, educación y alternativas de vida estables, protegiéndolos de caer en redes de vulnerabilidad o de criminalidad organizada.
Ahora bien, el acceso a estos beneficios definitivos no culmina con la imposición de la medida, pues está condicionado a continuar con el cumplimiento de las obligaciones ante la JEP y ante las víctimas. Es decir, los comparecientes deben seguir atendiendo los llamados de la Jurisdicción en caso de requerirse. Así mismo, deben solicitar permiso para salir del país.
Los comparecientes cobijados con esta medida estuvieron involucrados en 377 hechos, los cuales dejaron 643 víctimas directas en diferentes departamentos del país: Antioquia, Boyacá, Casanare, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Santander.
A lo largo del proceso dialógico y restaurativo en el que participaron más de 950 víctimas acreditadas, los comparecientes fueron convocados a múltiples audiencias y a actos públicos en los que hicieron manifestaciones de perdón y de reconocimiento de responsabilidad. También, intervinieron en actos simbólicos orientados a contribuir con la reparación del daño causado a las víctimas, a sus comunidades y al territorio, dignificando la memoria y restaurando el buen nombre de las personas afectadas. En algunos casos, los aportes a la verdad o contribuciones de los comparecientes permitieron la entrega digna de cuerpos de las víctimas. A la fecha, la Sala de Definición ha entregado 17 cuerpos a sus familias, en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Bogotá, luego de décadas de búsqueda y espera.
Beneficios con un estricto cumplimiento de requisitos
La JEP enfatiza que la obtención de la renuncia a la persecución penal no constituye un beneficio automático o gratuito. En el marco del proceso dialógico y restaurativo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas somete a cada compareciente a una rigurosa evaluación de su régimen de condicionalidad estricto, respecto a:
- Aportar verdad plena, detallada y exhaustiva que permita reconstruir lo ocurrido con un nivel que supere lo establecido en la justicia ordinaria.
- Reconocer de manera expresa su responsabilidad individual por los crímenes en los que se involucraron, en los casos que así corresponda.
- Comprometerse formalmente con brindar garantías de no repetición de las conductas delictivas.
- Realizar medidas de contribución a la reparación, principalmente de carácter simbólico, en favor del buen nombre y la memoria de las víctimas, así como de las comunidades afectadas.
Cualquier incumplimiento posterior comprobado a estas obligaciones del régimen de condicionalidad acarrea la revocatoria inmediata de los beneficios, la pérdida de las libertades provisionales concedidas, la exclusión del Sistema y la remisión del proceso de vuelta a la justicia ordinaria.
Con estas decisiones, la JEP continúa avanzando en la definición de la situación jurídica de más de nueve mil comparecientes que no son máximos responsables que abarcan prácticamente la totalidad del territorio nacional. La Sala de Definición actualmente trabaja en otras decisiones por hechos cometidos en el Eje Cafetero, la Costa Caribe y departamentos como Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Valle del Cauca, Vichada, entre otros.
Historias de transformación
Más allá de los análisis jurídicos y estadísticos, la efectividad de la Ruta No Sancionatoria se mide en el impacto real sobre las víctimas en cada región y en la transformación positiva en las vidas de los comparecientes.
Resolver la situación jurídica de quienes estuvieron involucrados en graves crímenes es un paso clave para cerrar jurídicamente el conflicto armado y para consolidar la reintegración social. Quienes antes fueron figuras negativas en medio de la confrontación armada se convierten hoy en actores sociales que contribuyen a la reconciliación y a la reparación del tejido social.
Estas son algunas historias de transformación que han sido posibles por medio del trabajo adelantado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP:
Del uniforme militar a la bata de farmacéutico: una nueva manera de servir a la comunidad
Esta historia está relacionada con un compareciente involucrado en hechos ocurridos en 2008, en El Paujil (Caquetá), cuando era integrante del Batallón de Infantería de Selva No. 35 ‘Héroes del Güepí’. En esos hechos perdió la vida Óseas Tapiero Tique, un hombre inocente extraído de su finca y presentado falsamente como una baja en combate.
El compareciente decidió presentarse ante la JEP, aportar una verdad exhaustiva y atender las demandas de las víctimas. Como parte de las acciones restaurativas, fue vocero en el reconocimiento de responsabilidad y el perdón público de los hombres involucrados en este hecho, los cuales se difundieron en medios locales de Caquetá. Asumir el daño causado y pedir perdón a las víctimas significó para él una forma de aliviar la carga de culpabilidad y asumir un compromiso de no repetición para servir a la comunidad de otra manera.
Después de graduarse como auxiliar de servicios farmacéuticos, hoy se dedica a atender su farmacia local, lo que le ha permitido reconstruir los lazos de cuidado con su familia. Según ha afirmado el compareciente: “El fin de la persecución penal me permitió una estabilidad que me facilitó reconstruir la vida”.
El nombre de la inocencia como promesa de transformación
Hay un nombre que el compareciente involucrado en esta historia nunca olvidó: el de una niña asesinada en 2006 junto con sus padres, en una vía entre Garzón (Huila) y Florencia (Caquetá). Era soldado regular y fue seleccionado como guía de la operación por su conocimiento de la zona.
Aquel hecho marcó su vida para siempre. Al punto que decidió ponerle a su hija el mismo nombre de la niña que fue víctima de los hechos. Tras acogerse a la JEP, aportó verdad plena y participó en acciones restaurativas simbólicas como un mural pétreo en Garzón, una charla a miembros de la fuerza pública para enviar un mensaje de no repetición y compuso una canción para las víctimas como reconocimiento del daño causado.
Hoy vive en el mismo territorio donde ocurrieron los hechos. Trabaja con la Junta de Acción Comunal y con el Comité de Conciliación de su vereda. Allí, ayuda a adultos mayores y estudia Comunicación Social y Periodismo para adquirir herramientas que le permitan producir contenidos en beneficio de su comunidad.
Una misión más grande: trabajar en los barrios que más lo necesitan
Fabio Hernando Castiblanco Ríos fue integrante del Batallón de Infantería No. 32 y de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (AFEUR) No. 5, de la Cuarta Brigada del Ejército. Estuvo vinculado a cuatro hechos relacionados con muertes falsamente presentadas como bajas en combate, en el Valle de Aburrá (Antioquia), entre 2003 y 2008.
La justicia ordinaria lo procesó y estuvo privado de la libertad. Decidió acogerse a la JEP y, desde 2022, conformó un grupo con miembros retirados de la fuerza pública para realizar labores sociales en los barrios periféricos y veredas del Valle de Aburrá. Así nació lo que es hoy la Fundación Equipo Restaurador Sanando Heridas.
Entre sus labores se destacan: la construcción de un puente peatonal en la vereda Ajizal, en Itagüí, donde viven víctimas de desplazamiento forzado; obras en el barrio Independencia 3, de la Comuna 13, donde construyeron un sendero peatonal y retiraron tres toneladas de tierra tras un derrumbe que había afectado a una vivienda; y un muro de contención construido en Belencito, en Betania.
Castiblanco recuerda que cuando ingresaban como militares a la Comuna 13 veía “enemigos”; hoy va con sus compañeros de la fundación los fines de semana a hacer ollas comunitarias con los vecinos. “Me di cuenta de que tengo una misión más grande”, afirmó.
Reconocer, aprender y restaurar: una vida marcada por el cambio
Daniel Fernando Estepa Becerra ha compartido su testimonio en espacios religiosos y centros penitenciarios. Sin embargo, sentarse frente a los familiares de las víctimas directas de sus actos fue, según recuerda, el momento más difícil de todo este proceso. “Me encontré con la realidad: hay una mamá que sufre por tus pecados, por tus errores”, manifestó.
Estepa asumió responsabilidad por cinco hechos ocurridos entre 2007 y 2008, cuando pertenecía al Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’. Durante varios años se negó a aceptar su responsabilidad en la justicia ordinaria. Pero, posteriormente, tras su ingreso a la JEP y a partir de un retiro espiritual al que asistió, comenzó una nueva etapa personal que lo llevó a reconocer públicamente lo ocurrido y a realizar actividades de acompañamiento espiritual y charlas psicosociales en establecimientos penitenciarios de distintas regiones del país.
Cuando llegó su retiro del Ejército, tenía 40 años y quería seguir trabajando, pero enfrentó dificultades para acceder a oportunidades laborales debido a sus antecedentes. Por ello, estudió Administración de Empresas y comenzó a trabajar en una agencia de viajes.
