Comunicado 180
107 comparecientes de la fuerza pública dignificaron la memoria de 58 personas presentadas falsamente como bajas en combate, en un acto público de perdón en Meta
- El acto colectivo de memoria y solicitud de perdón público se trató de un evento de carácter restaurativo, en el cual 107 comparecientes que pertenecieron a siete unidades militares pidieron perdón ante 31 familias de víctimas que fueron asesinadas y desaparecidas para presentarlas falsamente como bajas en combate en Meta.
- El acto hace parte del proceso restaurativo en el marco de la medida de contribución a la reparación denominado: Proceso de Reparación Simbólica y Memorialización del Meta ‘Voz de los Ausentes’.
- Se trata de comparecientes de la fuerza pública que transitan la ruta no sancionatoria en la JEP, el proceso que consiste en resolver de forma definitiva la situación jurídica de comparecientes no catalogados como máximos responsables.
- 19 oficiales del Ejército Nacional, entre los que se encontraban tres coroneles, cinco tenientes coroneles, seis mayores, cuatro capitanes y un subteniente, pidieron perdón en público, asumiendo su responsabilidad como altos mandos de la fuerza pública.
- El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, y la magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, presidieron el acto público.
- El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez, anunció la firma de un convenio entre la JEP y la Gobernación del Meta para garantizar la implementación de acciones restaurativas y medidas de contribución a la reparación en favor de las víctimas de este departamento.
Villavicencio (Meta), 10 de noviembre de 2025. La verdad, el simbolismo y la dignificación de las víctimas fueron los ejes del acto colectivo de memoria y solicitud de perdón público, como parte del proceso de reparación simbólica de la JEP en Meta, que se llevó a cabo en Villavicencio este jueves 6 de noviembre.
En el evento de carácter restaurativo, 107 comparecientes sometidos a la JEP, que pertenecieron a siete unidades militares, expresaron su arrepentimiento, reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón ante 31 familias de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado en Meta.
Se trata de comparecientes que transitan la ruta no sancionatoria en la JEP, proceso que, según el Acuerdo Final de Paz y la Corte Constitucional, consiste en resolver de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes quienes, a pesar de haber participado en los hechos victimizantes, no son considerados máximos responsables o partícipes determinantes en los patrones macrocriminales de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado colombiano.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, y la magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, presidieron el acto público, el cual marca un hito en la búsqueda de la verdad, la reparación simbólica y la no repetición en Meta, que es uno de las regiones priorizadas por la JEP, por haber sido el segundo departamento del país con más registros de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario que fueron víctimas de homicidio y desaparición forzada para ser presentadas en forma ilegítima como bajas en combate.
El magistrado Ramelli subrayó el valor de lo público para darles voz a las víctimas por medio de este proceso judicial restaurativo, pues “el miedo paralizante sumió a muchas víctimas en la imposibilidad de tomar acción sobre lo que les hicieron a ellas o a sus familiares. (...) Ese es el valor de este acto público: demostrarle al país que el miedo ya no es el dueño de sus corazones, y que son las propias víctimas las que nos están enseñando el camino para salir de ese estado de parálisis al que nos sometió el conflicto armado”, expresó.
Por su parte, la magistrada Castro explicó que este acto público y colectivo forma parte de las condiciones que deben cumplir los comparecientes para resolver su situación jurídica de forma definitiva sin que se les imponga una sanción: ️“Este es un acto de construcción colectiva de verdad, justicia y reconciliación. Es un acto público del que cada ciudadano, cada familia, los municipios, los departamentos y el territorio nacional en su integridad pueden aprender”, dijo. Y agregó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a la fecha, analiza en este territorio los casos de 348 comparecientes que hicieron parte de 20 unidades militares de Meta, los cuales deben aportar verdad clara, exhaustiva y detallada, además de reparar de manera simbólica a las víctimas para acceder a los beneficios transicionales.
El acto contó con la presentación artística del grupo teatral El Tente, una agrupación llanera de mujeres buscadoras que encontraron en la dramatización un lenguaje para narrar sus dolores y sus luchas en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto.
Este acto colectivo refuerza el papel de la JEP en la implementación de mecanismos restaurativos que van más allá de la sanción penal, priorizando la verdad, la reparación simbólica y la no repetición como ejes centrales de la construcción de paz en los territorios.
Un diálogo que sana heridas
Atendiendo a que en el proceso transicional de la JEP las víctimas son la centralidad, este acto público dio respuesta a una de sus solicitudes que consistía en que los comparecientes reconocieran de viva voz y en un acto público que las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión, para reivindicar no solo su buen nombre, sino el de sus familias. Pues estos crímenes, además de haber arrebatado la vida y sueños de sus seres queridos, estigmatizaron a sus hijos, hermanos, padres y esposos, a quienes señalaron como integrantes de grupos armados ilegales, sin serlo. Las familias de las víctimas narraron su sufrimiento tanto por el dolor de la pérdida de sus seres queridos, como por el señalamiento social.
Este encuentro contó con el respaldo de la cooperación alemana GIZ, las entidades que conforman el Sistema Integral para la Paz, la administración departamental y las organizaciones de víctimas.
“Este acto público para Meta, el país y el mundo, es una muestra de persistencia y compromiso. Celebramos estar siendo parte de esta persistencia que cree en la verdad, justicia y la paz en Colombia”, manifestó Rebekka Rust, directora del Clúster de Paz de GIZ en Colombia.
La JEP, por medio del trabajo del despacho de la magistrada Castro y el apoyo de las oficinas asesoras de la Secretaría Ejecutiva, desarrolló un proceso de acompañamiento jurídico y psicosocial a víctimas y comparecientes desde julio de 2024, para garantizar que el acto público de perdón fuera un espacio seguro y enfocado en la reparación, con la sensibilidad para el reconocimiento y la escucha, elementos fundamentales para proteger los derechos de las víctimas y construir paz.
Harvey Danilo Suárez Morales, secretario ejecutivo de la JEP, sostuvo que lo presenciado en este acto público define el valor de la Justicia Transicional Restaurativa: rendir cuentas de cara a las víctimas y darles rostro a las historias de vida que fueron truncadas violentamente.
“Reitero el mensaje de la Jurisdicción: para nosotros es un honor servirles, cuentan con nosotros”, dijo el secretario ejecutivo, quien, además, anunció la firma de un convenio interadministrativo entre la JEP y la Gobernación del Meta para garantizar la implementación de acciones restaurativas y medidas de contribución a la reparación en favor de las víctimas de este departamento.
Voces que le dan vida a la memoria
Al inicio del acto colectivo y público de memoria y solicitud de perdón, los familiares de las víctimas ingresaron al recinto portando las fotografías de sus seres queridos. Cruzaron una calle de honor organizada por el público que acompañó el acto y que encabezaron el magistrado Alejandro Ramelli y la magistrada Sandra Castro, quienes, con la entrega de una flor amarilla, rindieron homenaje a estas víctimas y a sus persistentes luchas en la búsqueda de la verdad y justicia por las vidas de sus familiares.
El acto se dividió en tres franjas en las que voceros de los familiares de las víctimas compartieron sus historias de dolor, pero también de resistencia. Reflexionaron sobre los diferentes daños y afectaciones que les causaron. Hablaron sobre los efectos de haber sido señalados por quienes tenían el deber de protegerlos, sobre la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, así como sobre los daños colectivos, a la ciudadanía en general, a las nuevas generaciones y al territorio.
“Somos las voces vivientes de los que están ausentes. Este acto público es importante porque representa un paso hacia la sanación personal y colectiva. Permite que se reconozcan el impacto que dejaron los hechos, la pérdida de los seres queridos y la no repetición, como un compromiso ético y social”, manifestó Dora Rangel, la primera vocera de las víctimas en intervenir en el acto público.
“Por años tuvimos que atender este dolor callado, pero nuestra verdad siempre ha sido clara como el agua y merece que la escuchen con respeto. Hoy estamos aquí parados firmes, con la frente en alto, porque siempre hemos tenido la razón. Queremos que reconozcan este daño que hicieron para seguir adelante”, dijo Carmelo Zurbarán, vocero de las víctimas, dirigiéndose a los comparecientes presentes en el acto. Señaló también que a muchos de sus seres queridos los mataron sin compasión, que a otros ‘se los tragó’ la noche y no supieron más de ellos, dejando un vacío y angustia en el pecho.
“El daño fue al buen nombre, nos señalaron como si fuéramos los culpables. Tuvimos que salir desplazados de nuestros territorios. Estamos aquí para que sepa el mundo entero que esos daños fueron reales y que nos han acompañado durante 20 años”, dijo Yolanda Repizo, vocera de las víctimas.
Olga Rodríguez señaló que ️“estas prácticas sembraron terror en las comunidades rurales. Los ‘falsos positivos' no solo segaron vidas, causaron daños profundos en la ciudadanía, rompieron el lazo de confianza entre el Estado y el pueblo, alimentaron la desconfianza en la fuerza pública y minaron la esperanza en un sistema que debía proteger y no perseguir”, dijo.
“Hoy alzamos la voz, no solo para recordar el dolor, sino también para reconstruir. El Meta no puede ni debe ser recordado por el horror, sino por la resistencia de su gente, las madres que buscan justicia y por las comunidades que tejen nuevamente los lazos de respeto y de dignidad”, dijo el vocero de las víctimas Ólger Peñuela.
Orquídeas y cartas por la memoria y la dignidad
La ceremonia simbólica incluyó la entrega de orquídeas y cartas de perdón por parte de los comparecientes dirigidas a cada una de las familias, en un gesto que buscó no solo el reconocimiento de la verdad, sino la reparación del buen nombre y la memoria de las víctimas, para admitir públicamente que sus familiares eran personas que se encontraban indefensas, que estos crímenes no debieron ocurrir y pedirles perdón por tantos años de sufrimientos, angustias y desesperanzas.
Los comparecientes que hacen parte de este proceso y que manifestaron sus solicitudes de perdón en el acto público pertenecieron a estas siete unidades militares de Meta: Batallón de Infantería No. 19 'General José Joaquín París' (BIPAR); Batallón de Contraguerrilla No. 42 'Héroes de Barbacoas' (BCG42); Batallón de Infantería No. 20 'General Manuel Roergas Serviez' (BISER20); Batallón de Contraguerrilla No. 83 'Teniente coronel Henry Gómez Navas' (BCG83); Batallón de Contraguerrilla No. 84 'Capitán Eduardo Figueroa Carrascal' (BCG84); Batallón de Contraguerrilla No. 85 'Teniente coronel Jaime Quintero Cardona' (BCG85); y al Gaula Militar Meta (GAMET).
“Reconocemos que estos actos nunca debieron haber ocurrido. Fueron grandes vulneraciones a la dignidad y a los derechos humanos de estas personas. Sabemos que el dolor causado trascendió a las víctimas directamente, afectando a las comunidades”, dijo el compareciente Helber Francisco Herrera Hernández. Quien también reconoció que estos crímenes hicieron parte de una práctica que se repitió en distintos momentos y lugares, dejando “una herida profunda que atraviesa nuestra memoria colectiva”.
“Hoy me presento ante este auditorio y ante las víctimas para expresar una sincera solicitud de perdón por los hechos ocurridos en marzo de 2006, cuando fueron asesinados Arcadio Torres Peña y Rosendo Holguín Bohórquez. Queremos solicitar perdón. Reconocemos que el señor Arcadio y Rosendo no debieron haber perdido su vida y que, como resultado de nuestras acciones, generamos este gran dolor en sus familias y en el territorio”, dijo Sergio Cruz, en representación de los comparecientes que integraron el Batallón 'José Joaquín París'.
“Pedimos perdón porque, con nuestros actos, no solo dañamos el buen nombre de una persona humilde, honesta y trabajadora, sino que también desmoronamos los sueños y esperanzas de toda una familia. Venimos a reconocer y asumir los terribles crímenes cometidos”, expresó el compareciente Luis Miguel Monsalve, quien hizo parte del Batallón de Contraguerrilla No. 85.
Al igual que los integrantes de todos los demás batallones, los comparecientes que integraron el Gaula Meta también presentaron orquídeas blancas como acto simbólico de solicitud de perdón, además de reconocer su responsabilidad por planear, ejecutar y encubrir estos crímenes que no estaban relacionados con los deberes y misión de esa unidad militar.
Nelson Eduardo Díaz, quien reconoció haber participado en el asesinato de William Acosta Ruiz el 26 de febrero de 2007 en Granada, Meta, le pidió perdón a la familia por cometer este hecho y presentarlo ilegítimamente como baja en combate: ️“Con el corazón en la mano, les ruego nos den el perdón”, expresó.
Un crimen contra la región
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha identificado un total de 348 comparecientes implicados en los crímenes cometidos en Meta durante el conflicto armado, hasta diciembre de 2016, con aproximadamente 350 víctimas directas.
Con respecto a los hechos relacionados con las 58 víctimas homenajeadas en este acto público de perdón, la región del Ariari, sur del departamento, y la capital de Meta fueron las zonas más afectadas. El municipio con más víctimas es Vista Hermosa, con 19; Granada, San Juan de Arama y Villavicencio registran cada uno seis hechos; Mesetas, cinco víctimas; Uribe y San Martín, cuatro hechos cada uno; Barranca de Upía, Restrepo y Puerto Concordia, dos víctimas en cada municipio; y Cumaral y Puerto Gaitán registran una víctima respectivamente. El acto colectivo público de memoria y solicitud de perdón del Meta es la primera fase de la medida de contribución a la reparación denominada: Proceso de Reparación Simbólica y Memorialización del Meta ‘Voz de los Ausentes’. La subsala a cargo de estos hechos pretende avanzar en tres fases más, una de ellas para documentar el trasegar en la JEP de las víctimas del Meta y los comparecientes que perpetraron los crímenes; otra, referente a las historias de vida de las víctimas, lo que se haría en documentos audiovisuales y gráficos. Finalmente, se pretende promover la creación, o bien, de un monumento o antimonumento, en Villavicencio, como parte de la memoria colectiva de los efectos de la violencia y para propender por la no repetición. Cada etapa o fase será el resultado de lo concertado con las víctimas y los comparecientes, para lo cual el arte, las expresiones culturales y el apoyo que brinden las autoridades y el sector privado, será muy importante.
Estos escenarios de encuentro entre víctimas y comparecientes son la demostración tangible de que el diálogo, la verdad y el reconocimiento pueden abrir el camino hacia la reconciliación y la paz en Colombia.
El despacho de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, encargado de impulsar y sustanciar los hechos, avanza en otros acaecidos en Meta, para lo cual ya han programado talleres preparatorios y audiencias para el primer semestre de 2026.
