COMUNICADO 100
80 víctimas reaccionaron a lo dicho por comparecientes sobre crímenes cometidos en asocio con paramilitares en Magdalena, Cesar y Atlántico
- Las víctimas, acreditadas en el Subcaso Gran Magdalena del Caso 08, relataron los hechos de violencia y los vejámenes sufridos. Solicitaron a los comparecientes profundizar en la participación de terceros civiles, así como aportar verdad plena sobre los autores intelectuales de los crímenes.
- Un capítulo de las audiencias estuvo dedicado a los crímenes de violencia sexual y basada en género, los cuales hicieron parte de las estrategias de control social y territorial ejercido por estos actores del conflicto.
- Las observaciones de las víctimas serán tenidas en cuenta para determinar a los máximos responsables de estos crímenes.
Bogotá, 29 de julio de 2026. Los pasados 22, 23 y 24 de julio, en Santa Marta (Magdalena), 80 víctimas individuales y colectivas, representadas por sus voceros, hicieron observaciones a lo manifestado por 53 comparecientes de la fuerza pública y terceros civiles en sus versiones ante la JEP sobre crímenes cometidos en asociación con paramilitares en la región del Gran Magdalena que comprende partes de Cesar, Magdalena y Atlántico.
La audiencia pública estuvo presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Gran Magdalena, en compañía de las magistradas Reinere Jaramillo Chaverra y Catalina Díaz Gómez, correlatoras del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles, en el marco del conflicto armado colombiano. Los crímenes contemplados en este subcaso abarcan masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos, persecuciones, así como violencia sexual y de género.
En las intervenciones, realizadas de manera presencial en la Universidad del Magdalena y también de forma virtual, las víctimas relataron los hechos que las afectaron y solicitaron a los comparecientes profundizar en la participación de terceros civiles, así como aportar verdad plena sobre los autores intelectuales de los crímenes. Entre sus principales demandas de esclarecimiento, pidieron identificar a las empresas, miembros de la fuerza pública y representantes del Estado posiblemente involucrados en estos hechos, y solicitaron explicar las motivaciones políticas y económicas detrás de estas acciones criminales.
Los testimonios estuvieron marcados principalmente por las voces de víctimas pertenecientes a la población campesina, organizaciones sindicales, docentes y movimientos estudiantiles universitarios y comunitarios, quienes relataron las graves afectaciones derivadas de la connivencia entre grupos paramilitares, integrantes de la fuerza pública y terceros civiles.
Demandas de verdad de las víctimas
Las jornadas estuvieron acompañadas de actos y elementos simbólicos de las víctimas, presentados como una expresión contra el olvido: pancartas, fotografías, canciones, velas y una ceremonia de armonización, liderada por Jehu Mindiola Rodríguez, representante del pueblo Kankuamo, hicieron parte de la reivindicación de las víctimas. Los crímenes por los que indaga la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP comprenden tres líneas de investigación: violencia bajo justificaciones contrainsurgentes, crímenes para favorecer intereses económicos y violencia para el control de la función pública.
María José Orozco, en representación de la Asociación de Víctimas de la vereda El Platanal (Cesar), narró que su familia fue desplazada debido a la violencia que ejercieron en contra de su padre, quien era un destacado líder campesino en la vereda. Dijo que estos hechos habrían ocurrido por la connivencia de la fuerza pública con miembros del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Orozco cuestionó que miembros de la fuerza pública no protegieran a la ciudadanía. “¿Por qué unos fueron protegidos y otros no? Le pedimos a la sala que no deje esa pregunta sin respuesta”, señaló.
Por su parte, Ligia Torres, mujer buscadora de su hermano Winton Torres Morales, desaparecido en 2003, pidió saber la verdad sobre lo que sucedió con él cuando se desplazaba de Pailitas (Cesar) a Cartagena (Bolívar) para realizar un viaje familiar con su hija y esposa. Winton habría sido desaparecido junto con un amigo suyo por integrantes de las AUC.
Sobre a estos hechos, la magistrada Reinere Jaramillo señaló que “la desaparición forzada no afecta únicamente a quien es privado de su libertad y sustraído del amparo de la ley”, sino que es “un crimen que prolonga el sufrimiento de las familias y de las comunidades porque instala la incertidumbre como una forma permanente de violencia”.
Asimismo, Maira Méndez, víctima acreditada por el asesinato de su padre, solicitó a los comparecientes profundizar en el esclarecimiento del papel que desempeñaron las unidades militares y las estaciones de Policía ubicadas en el corredor minero entre Cesar y Magdalena, particularmente en la muerte de Cándido Méndez, padre de Maira y líder sindical del sector minero asesinado por integrantes del Bloque Norte de las AUC.
Durante su intervención, Méndez sostuvo que el crimen de su padre hizo parte de un patrón sistemático de violencia dirigido contra el movimiento sindical de la región: “El caso de mi papá no fue un hecho aislado; hizo parte de una serie de hechos sistemáticos cuyo objetivo era acabar con Sintramienergética (sindicato nacional de la industria mineroenergética), especialmente con la seccional de El Paso (Cesar)”, dijo. Y agregó que “es importante señalar que estos homicidios ocurrieron en contextos en los que la fuerza pública y otros agentes del Estado conocían la situación y el control territorial que ejercían las AUC”.
Varias víctimas, en representación de comunidades campesinas, participaron reservando su identidad, pues los riesgos contra su integridad física persisten. Relataron los hechos de violencia que golpearon profundamente sus proyectos de vida, sus medios de subsistencia y su permanencia en el territorio como consecuencia de la incursión de grupos armados que habrían actuado en asociación con integrantes de la fuerza pública. Durante sus intervenciones, describieron episodios de despojo, desplazamiento y pérdida de bienes, así como las afectaciones económicas y sociales derivadas de estas acciones: “Hicieron un robo masivo de ganado. Ese ganado desapareció”, denunció una de las víctimas.
Edelson José Monsalve, una de las víctimas acreditadas, relató cómo se dio la incursión del paramilitarismo en Salamina (Magdalena) y cómo se gestó la connivencia con la fuerza pública en varias masacres. “Sacaron a seis personas y a mi hermano. Como él no se dejó sacar, me lo mataron ahí en la casa”, contó.
En respuesta a los testimonios de las víctimas campesinas de la zona, el magistrado Óscar Parra señaló que los daños a esta población fueron sistemáticos: “Los relatos que ustedes han traído a esta audiencia reflejan una realidad compartida por numerosas comunidades rurales de Magdalena; la violencia no se limitó a hechos aislados, sino que constituyó un proceso prolongado que afectó la vida campesina y transformó el territorio”, dijo.
Víctimas de personas asesinadas, perseguidas o desplazadas por ejercer liderazgos al interior de la Universidad del Magdalena también intervinieron para reclamar verdad, justicia y esclarecimiento sobre la posible participación de terceros civiles en estos hechos. Una de ellas, Yolima Ruiz, esposa de Roque Morelli, quien se desempeñaba como decano de la institución educativa y fue asesinado en 2002, manifestó que, pese al paso de los años y al temor, persiste su “hambre y sed de justicia”.
Por su parte, Carlos Morelli, hermano de la víctima, insistió en la necesidad de profundizar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el crimen y de establecer todas las responsabilidades que correspondan. Asimismo, destacó la importancia de estos espacios de participación y el acompañamiento brindado por la JEP: “Antes estábamos solos, pero ahora me siento acompañado”, dijo.
Víctimas de violencia sexual y basada en género realizaron intervenciones marcadas por relatos dolorosos, que evidenciaron las graves afectaciones físicas, emocionales y sociales que estos crímenes dejaron en sus vidas. A través de sus testimonios, las víctimas describieron cómo la violencia sexual fue utilizada como un mecanismo de control, castigo y sometimiento. Entre los casos expuestos estuvo el de un hombre heterosexual que fue víctima de violencia sexual como forma de castigo y humillación. En medio de estas narraciones, las víctimas reiteraron su exigencia de verdad, justicia y no repetición.
“Ya no queremos más impunidad. No nacimos para resistir la violencia, nacimos para vivir en dignidad”, expresó una de las víctimas, quien solicitó la reserva de su nombre. Otra, añadió: “Las víctimas queremos la paz. Nuestros cuerpos no son botines de guerra, somos mujeres libres”.
En respuesta a lo narrado, la magistrada Catalina Díaz reconoció la valentía y el coraje de las víctimas al brindar su testimonio, pese a estar reviviendo el dolor: “La contribución que ustedes han hecho es tremendamente valiosa. Es (una contribución) para que esa verdad se conozca, se diga con todas sus letras, quede en el registro y podamos comprenderla, así como el porqué de esos actos tan atroces”, agregó la magistrada.
El magistrado Óscar Parra, por su parte, señaló que la JEP seguirá trabajando para que las voces de las víctimas de violencia sexual no sigan siendo silenciadas.
El último día de la audiencia estuvo destinado a escuchar las observaciones hechas por los sindicatos acreditados como víctimas en el subcaso. La Asociación de exempleados de Cicolac-Nestlé (Asoexcicnes), el Sindicato nacional de la industria mineroenergética (Sintramienergética), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), y sus representantes judiciales, hablaron de los efectos que produjo la violencia en el Gran Magdalena para el movimiento sindical.
¿Qué sigue?
Las observaciones de las víctimas serán contrastadas con la información y los aportes de verdad que entregaron los comparecientes de la fuerza pública y terceros civiles ante la JEP. Lo dicho por las víctimas también se comunicará a los comparecientes para que puedan ampliar sus declaraciones. Las observaciones de las víctimas serán tenidas en cuenta en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, en el cual se establecen las conductas y se imputa a los máximos responsables en el Subcaso Gran Magdalena del Caso 08.
