​Comunicado 79

Del compromiso a la sanción: JEP verifica el cumplimiento de condiciones antes de imponer sentencia por crímenes cometidos en Dabeiba (Antioquia)


  • En audiencia pública, la Sección de Reconocimiento de Verdad evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos por comparecientes de la fuerza pública antes de la imposición de Sanciones Propias en el Caso Conjunto 03 y 04 Cementerio Las Mercedes.
  • Víctimas, comparecientes, entidades del Estado y autoridades territoriales revisarán los proyectos restaurativos que harán parte de la Sanción Propia y las condiciones para su implementación.
  • Durante la diligencia, la magistratura verificará si se cumplen las condiciones judiciales y técnicas para que las Sanciones Propias sean viables, monitoreables y sostenibles; y, en consecuencia, emitir la sentencia.
  • Los máximos responsables de crímenes cometidos en el noroccidente antioqueño reafirmarán su compromiso con la restauración de las víctimas y las comunidades.

Medellín (Antioquia), 24 de junio de 2026. "No se trata solamente de salir y responder: 'Dije la verdad'. Es seguir construyendo con mis manos". Con estas palabras resumió el sentido del proceso dialógico y restaurativo ante la JEP, el compareciente de la fuerza pública William Capera. Un proceso que busca transformar la sanción por graves crímenes cometidos durante el conflicto en acciones concretas para reparar a las víctimas y restaurar los territorios afectados por el conflicto armado.

En esta instancia del juicio de los máximos responsables imputados en el Caso Conjunto 03 y 04, que aborda los crímenes cometidos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP verificará en audiencia pública el cumplimiento de los compromisos y las condiciones necesarias  antes de emitir sentencia contra siete comparecientes de la fuerza pública que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad por 35 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas, entre 1997 y 2007, en el noroccidente de Antioquia.

La diligencia judicial, que se realizará en Medellín estos 25 y 26 de junio, constituye un paso trascendental en el proceso dialógico adelantado por la Sección de Reconocimiento de Verdad. En ella, víctimas y comunidades, comparecientes, entidades públicas y privadas, así como autoridades territoriales, se reunirán para revisar de forma detallada que se cumplan las condiciones necesarias para satisfacer el compromiso del Estado y de los responsables de reparar a las víctimas y su territorio.

Los comparecientes involucrados en esta etapa de juicio son el sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas, el sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo, el mayor (r) Efraín Enrique Prada Correa, el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo y el sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco.

En la audiencia, la magistratura escuchará a las partes intervinientes en este proceso para garantizar que los proyectos restaurativos que harán parte de la Sanción Propia sean una realidad concreta y tangible en este territorio. Asimismo, los comparecientes expondrán su proceso de transformación durante su tránsito por la JEP, al tiempo que ratificarán su compromiso adquirido para aportar a la restauración de las víctimas y sus comunidades.

Puentes para la restauración previos a la sentencia

Durante los últimos dos años, la Sección de Reconocimiento de Verdad desarrolló un escenario jurídico que ha sido, en sí mismo, un puente para la restauración, pues permitió escuchar a las víctimas, contrastar los aportes de los comparecientes y verificar que los reconocimientos de responsabilidad correspondieran plenamente con los hechos investigados.  Al mismo tiempo, se llevó a cabo la construcción de Trabajos, Obras y Actividades que contribuyen a la Reparación (TOAR), de manera que víctimas, comparecientes, comunidades e instituciones del Estado hicieran parte del camino que conduzca a convertir las sanciones en realidades que impacten de forma positiva en los territorios.

Las actividades que han desarrollado los comparecientes, y que pueden tomarse en cuenta como acciones anticipadas a la sanción, han sido: ‘Horizontes Seguros’ y ‘Abriendo Caminos para la Reconciliación y la Paz’, los cuales son proyectos relacionados con la Acción Integral de Minas Antipersonal (AICMA), llevados a cabo en Antioquia; ‘Siembras de Vida’, el cual contempló acciones de restauración ecológica en el corredor Chingaza-Sumapaz, en el sur de Bogotá; ‘Aquí Florece la Búsqueda de la Verdad’, una intervención artística de memoria y dignificación realizada en Dabeiba y Medellín; y la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, que permitió el hallazgo, identificación y entrega digna del cuerpo de Óscar Chaverra Grisales, la primera víctima de falsas bajas en combate identificada como habitante de calle en este caso conjunto, por parte de la Sección de Reconocimiento.

La intervención y el trabajo de los comparecientes en estas acciones será uno de los principales aspectos que evaluará la magistratura durante la Audiencia Pública de Verificación, como aportes tempranos a la restauración de víctimas y de sus comunidades.

Iniciativas de Sanción Propia para la restauración

En este juicio dialógico, que se ha desarrollado desde mayo de 2024, se definieron diez propuestas de Sanción Propia, las cuales responden a necesidades reales de la población afectada por estos graves crímenes y buscan aportar a la transformación del desarrollo social y económico del territorio como restablecimiento de los derechos vulnerados durante el conflicto armado.

Los proyectos que podrían integrar el componente restaurador de la Sanción Propia en este caso conjunto son: 1) Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA); 2) labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con un Plan Integral de Memorialización que incluye cinco proyectos; 3) intervención del cementerio Las Mercedes de Dabeiba; 4) intervención de la Terminal del Norte de Medellín; 5) la realización de murales y otras intervenciones artísticas en memoria de las víctimas, en Medellín, Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño; 6) una campaña para la recuperación del buen nombre de las víctimas y del territorio; 7) una publicación con textos escritos por las víctimas; adicionalmente, se contemplan posibles proyectos de infraestructura, como: 8) el mejoramiento de vías terciarias; 9) la construcción de puentes peatonales destruidos por la violencia; y 10) el desarrollo de iniciativas productivas para aportar a la reactivación económica de las comunidades.

Para garantizar la implementación de los proyectos restaurativos y que estas tengan un impacto real en las comunidades afectadas es primordial la intervención y corresponsabilidad del Gobierno nacional. Durante el juicio, la Sección de Reconocimiento y la Secretaría Ejecutiva de la JEP han realizado 47 encuentros y mesas técnicas con entidades del poder ejecutivo, que se traducen en acciones concretas y compromisos presupuestales. Por ello, a esta audiencia fueron convocadas 26 entidades públicas del orden nacional y territorial, así como instituciones privadas, de las cuales 16 intervinieron y confirmaron su capacidad para acompañar la ejecución de los proyectos y articularlos con las necesidades del territorio.

El juicio como ejercicio de verificación jurídica y garantías judiciales

Esta audiencia pública se convoca luego de haber realizado la evaluación de correspondencia, un proceso jurídico que verificó y confirmó la correspondencia entre los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas y las calificaciones jurídicas frente a lo investigado por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el caso conjunto y la imputación de los siete comparecientes implicados.

Es importante mencionar que, durante esta evaluación de correspondencia, la Sección de Reconocimiento determinó que uno de los ocho comparecientes que reconocieron responsabilidad, Levis de Jesús Contreras Salgado, no cumplía con los criterios de selección como máximo responsable para este caso específico; por lo que su proceso fue remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, instancia que le permitirá resolver su situación jurídica por medio de la Ruta No Sancionatoria.

Lo que sigue

Antes de definir los TOAR que deberán cumplir como parte de su sanción —que no implica cárcel, pero sí una restricción real y efectiva de derechos y libertades—, el Tribunal para la Paz debe verificar que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales y nacionales para estos efectos. Solo entonces será posible imponer sanciones que no solo sean legítimas, sino también transformadoras para las víctimas, sus comunidades y los territorios.
Esta audiencia pública marca el cierre de la etapa de verificación. Ahora, la Sección de Reconocimiento analizará todos los elementos presentados y decidirá si se cumplen las condiciones para emitir la sentencia que imponga Sanciones Propias y que resolverá la situación jurídica de los máximos responsables que reconocieron su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La audiencia será transmitida a través de Inravisión Sistema de Medios Públicos y el canal oficial de la JEP en YouTube:


Día 1:



Día 2: