COMUNICADO 42
Desde María La Baja y La Paz, cinco exmandos de Bloque Caribe de las Farc-EP reconocieron ante la JEP su responsabilidad por secuestros y otros crímenes
- De los cinco exmandos del extinto Bloque Caribe que aceptaron su responsabilidad por los secuestros, solo uno de ellos había sido procesado por la justicia ordinaria. Hoy todos responden ante la Justicia Transicional Restaurativa.
- En la audiencia convocada por la JEP, las víctimas cuestionaron a los comparecientes por los secuestros y por las desapariciones forzadas, homicidios y torturas a las que fueron sometidas las personas en el contexto del cautiverio.
- Los comparecientes de la antigua guerrilla, por su parte, admitieron que, tal como encontró la investigación de la JEP, son responsables de estos hechos y no hicieron lo suficiente para controlar el trato que sus subalternos les dieron a los secuestrados.
- El extinto Bloque Caribe implementó la política de secuestro en La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar y la ciudad de Barranquilla.
- La audiencia se realizó en dos jornadas; una en María La Baja, Bolívar, y otra en La Paz, César. Se desarrolló en el marco del Caso 01, en el que se abordan los secuestros de la antigua guerrilla.
La Paz, Cesar. 25 de abril de 2026. Por primera vez en la historia del país, cinco antiguos mandos medios del extinto Bloque Caribe de las Farc-EP comparecieron en audiencia pública ante la justicia, las víctimas y la sociedad para reconocer su responsabilidad por los secuestros perpetrados en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y la ciudad de Barranquilla. Se trata de un hito judicial, pues hasta ahora solo uno de ellos había sido procesado por la justicia ordinaria por estos crímenes.
En la audiencia, comparecieron ante la JEP: Abelardo Caicedo, quien fue conocido como ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, quien fue conocido como ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, quien fue conocido como ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras, quien fue conocido como ‘Leonardo Guerra’ y Uriel Oviedo, quien fue conocido como ‘Mañe’ y quien había sido el único que había pagado cárcel por estos hechos.
Estos cinco comparecientes fueron señalados en el marco del Caso 01, en el que se investigaron los secuestros de las extintas Farc-EP, como máximos responsables regionales de implementar en el Caribe la política de secuestro trazada por el secretariado. Todos ellos también hicieron parte del Estado Mayor del Bloque Caribe, el órgano de más alto nivel decisión por debajo de la cúpula de las Farc-EP.
Con base en 463 secuestros individuales y colectivos documentados, la Sala de Reconocimiento de Verdad, encargada de la investigación, encontró que estos comparecientes fueron determinantes en la ejecución de la política de secuestro siguiendo tres patrones criminales: para financiar el plan de tomarse el poder por las armas, ejercer control social y territorial y para forzar al Gobierno a un intercambio por guerrilleros presos.
Asimismo, la sala los imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. También los imputó por ser responsables regionales de otros crímenes cometidos por hombres bajo su mando como desaparición forzada, asesinato, tortura, tratos crueles y degradantes de la dignidad humana, y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos hechos no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
Esta audiencia se llevó a cabo en dos jornadas. La primera fue en el Museo de Arte y Memoria de Mampuján de María La Baja, Bolívar. Y la segunda se realizó la Universidad Nacional, sede La Paz, Cesar. Estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, y la acompañaron las magistradas Catalina Díaz Gómez, Diana Vega Laguna y el magistrado Óscar Parra Vera. Durante la diligencia, los comparecientes respondieron a las demandas de verdad y de reconocimiento de 11 víctimas que participaron en este espacio, y cuyos casos son representativos de los secuestros de la extinta guerrilla en la región.
Reconocimientos de los secuestros por control territorial
Una de las víctimas que intervino en la audiencia fue Andrea Redondo. Relató que su papá, Oswaldo Redondo, fue secuestrado y desaparecido el 21 de marzo de 2001 en Sincelejo, junto al médico y exalcalde Álvaro Ignacio Ordóñez. En ese momento ella tenía solo 10 años de edad. “No solo perdimos la presencia de nuestro papá, también perdimos la presencia de nuestra mamá”, relató entre lágrimas. La mamá de Andrea tuvo que cambiar de ciudad para sostener a la familia, entonces ella y su hermano se quedaron al cuidado de sus abuelos. La víctima, asimismo, expresó que en estos 25 años de búsqueda ha entendido que “la desaparición forzada es una forma de tortura que se prolonga en el tiempo”, y por eso les exigió a los comparecientes que dijeran los motivos de la desaparición de su papá y que dieran información sobre su paradero.
El compareciente Oviedo admitió que asesinaron y desaparecieron a Oswaldo Redondo porque fue señalado falsamente de ser colaborador de los paramilitares. “Fue uno de los delitos más graves, matar a una persona inocente y desaparecerla”, dijo. El compareciente se comprometió a seguir trabajando con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas “para conseguir los cuerpos. Esto no debió pasar”.
Por su parte, la magistrada Lemaitre señaló que su despacho prioriza los casos de víctimas que continúan en búsqueda de personas desaparecidas. Agregó que ordenará a la Policía Judicial revisar archivos de posibles prospecciones en la zona donde habrían sido enterradas estas dos personas, así como adelantar nuevas entrevistas que permitan verificar información que pueda constituir una pista.
Otras víctimas como Andrea Bautista, quien fue secuestrada en medio de un retén ilegal, cuando era niña, denunciaron la importancia de que la guerra cese para que las nuevas generaciones puedan estar seguras. A este llamado, la magistrada Catalina Díaz destacó que “hacer justicia es también otra forma de cerrar esos ciclos de venganza y de violencia”.
Reconocimientos de los secuestros para forzar el intercambio por guerrilleros presos
La investigación de la JEP encontró que el Bloque Caribe de las extintas Farc-EP cumplió la política de secuestrar a civiles y militares para forzar el intercambio por guerrilleros que estaban en las cárceles. La JEP también concluyó que el Bloque Caribe fue responsable del secuestro y asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo ‘La Cacica’ Araújo, en 2001. También secuestraron a Fernando Araújo, quien permaneció en cautiverio durante 6 años, hasta 2006, cuando logró escaparse.
Luis Alejandro Cuadras, conocido como 'Leonardo Guerra’, reconoció su responsabilidad ante la JEP en el secuestro y muerte de la exministra de Cultura Consuelo Araújo. “No hay forma de justificarlo (...) cometimos un delito de lesa humanidad”. También aseguró que, de haber sido por él, la habría liberado, pero que obedeció la orden de ‘Iván Márquez’ (quien hoy está en las disidencias) “de dejarla secuestrada para fines de canje”.
La magistrada Lemaitre recalcó que “el secuestro resultó ser un crimen contra el amor” y que “en el caso de ‘La Cacica’ vemos que ese crimen contra el amor se extiende más allá de la familia y también es el amor que siente el pueblo por una persona".
En cuanto al secuestro de Fernando Araújo, el compareciente Oviedo reflexionó sobre los sufrimientos del exministro de Desarrollo en seis años de cautiverio. "Cuando yo caigo en la cárcel, entendí que estar privado de la libertad es muy complejo, pero no me quiero comparar con el secuestro de Araújo (...) porque yo tenía las tres comidas, agua, atención médica, y las visitas”, mientras que los secuestrados por las Farc-EP no tenían estos derechos. Por su parte, el compareciente Caicedo lamentó la ejecución de los secuestros con fines de canje que generaron “mucho daño”, pues fueron “los que más se prolongaron en el tiempo”.
Reconocimientos de los secuestros con fines financieros
La investigación de la JEP encontró que la mayoría de los secuestros del antiguo Bloque Caribe tuvieron fines económicos y que, pese a que buscaron afectar a personas con un patrimonio superior a un millón de dólares, en la práctica privaron de la libertad a personas que no tenían dinero suficiente para pagar las extorsiones exigidas por la guerrilla, lo que incrementó el dolor de las familias. La JEP también documentó que esta estructura secuestró al azar a personas en las vías del Caribe, sin tener información clara sobre la capacidad de pago de sus víctimas, lo que provocó, entre otras consecuencias, el desplazamiento de muchos de sus territorios por temor.
Para hablar de este tipo de secuestros, en la audiencia participó Roberto Lacouture, quien fue secuestrado en 1989, en un corregimiento de Becerril. Recordó que fue secuestrado por tres meses, de los cuales la mitad permaneció amarrado a un árbol. También dijo que tras su secuestro su familia se endeudó por una suma que nunca pudo pagarles a los bancos y que el secuestro de la antigua guerrilla le quitó “el futuro” porque “todos los sueños que tenía en esa época con mi novia, que hoy es mi esposa, no los pudimos cumplir”.
Asimismo, Lacouture habló en nombre de las víctimas que están inconformes con lo que ha sucedido con ellas tras la firma del Acuerdo Final de Paz. “No vengo a negar la necesidad de la paz, el valor de la paz, de la comparecencia y los reconocimientos; vengo a pedir algo más difícil: que la paz no se construya sobre el sacrificio permanente de las víctimas”, dijo.
El compareciente Abelardo Caicedo, quien fue conocido como ‘Solís Almeida’, admitió que los malos tratos empezaron desde el instante en que lo secuestraron. También aceptó que el secuestro truncó los sueños de la víctima y le pidió perdón. Asimismo, expresó su vergüenza por lo ocurrido con todas las víctimas. “Para nosotros ha sido difícil dar la cara y tener que reconocer ante la jurisdicción, las víctimas y la comunidad nacional e internacional que existió una guerrilla que iba a luchar por la transformación social y política de este país y que hizo lo contrario”, dijo Caicedo.
La magistrada Lemaitre, por su parte, celebró que a esta audiencia también asistan víctimas críticas con el proceso, pues es su derecho, pero también habla de la diversidad de las víctimas en el país. También destacó a Roberto por su liderazgo y por haber hablado por otras víctimas en el proceso del Caso 01: “La gente ve en usted la valentía, serenidad y el sentimiento para expresarse, y le tiene mucho cariño”.
En la audiencia también participó Alejandro Lara, en representación de su papá, un zootecnista de 80 años, quien fue secuestrado luego de que le robaron cientos de vacas, muchas de las cuales no eran suyas, sino de personas que se las habían dejado a su cuidado. “Cuando eso pasó yo era un adolescente, tenía 15 años y no entendía cómo el trabajo de años de mi papá había desaparecido en un solo día (…) A eso se sumó que la comunidad pensó que mi papá se había hecho un auto robo”. El compareciente Oviedo reconoció, le respondió que se hacían responsables “de ese hecho y del sufrimiento que padeció el señor Efraín”.
El magistrado Óscar Parra explicó que estas audiencias justamente son importantes para entender la guerra. “Lo que estamos haciendo hoy acá es tratar de entender cómo pudieron ocurrir todos estos crímenes (...) cómo 20 años de trabajo se esfuman en un día por el daño del secuestro, y el dolor y el daño que dejó el secuestro”, dijo.
Entre otras víctimas, también participó Víctor Manuel Quintero, quien exige saber dónde están sus hermanos Isaías y Ersaín Quintero, quienes fueron secuestrados, en octubre de 1998, en zona rural de Becerril, Cesar, y luego desaparecidos. En la audiencia, Quintero les entregó una soga con unos nudos a los comparecientes de las Farc-EP y les dijo que les pedía que se la devolvieran desenredada, sin nudos, como un símbolo del compromiso con los aportes a la verdad necesarios para dar con el paradero de los desaparecidos. “Les vamos a dar el honor de que pongan la 10, para que podamos meter goles, todos somos del mismo equipo (…) porque tener un desaparecido es una angustia día y noche”.
La magistrada Lemaitre Ripoll, quien es cartagenera, dijo que se sentía orgullosa de haber crecido en el Caribe, una región donde las víctimas han mostrado una generosidad y solidaridad particular, donde denuncian no solo sus casos, sino también los de la comunidad y donde la gente no ha normalizado la violencia, pese a lo que han sufrido porque “nada de esto es normal. No es normal un solo muerto (un solo asesinato), como tampoco es normal que a uno lo tengan privado de la libertad”.
¿Qué viene?
Ahora, las víctimas tienen 15 días para hacer observaciones a los reconocimientos de los comparecientes. Estos últimos podrán presentar ideas de proyectos de Sanciones Propias para trabajar en favor de las víctimas, sobra las que, las víctimas también podrán pronunciarse. Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará los reconocimientos y aportes de verdad de los comparecientes del extinto Caribe de las Farc-EP. Si cumplen con los requisitos necesarios, emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Esa resolución incluirá los nombres de aquellos que hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad, y sean considerados candidatos para la imposición de Sanciones Propias.
