COMUNICADO 119
Estos son los riesgos que enfrenta la JEP por su presencia en los territorios
- La abogada Sandra Mónica Herrera, defensora de comparecientes de las Farc-EP ante la JEP, y su esquema de seguridad fueron retenidos y encañonados por hombres armados cerca a Páez (Cauca).
- La defensora ya había sufrido constantes amenazas y había denunciado los hechos ante la UNP, que el pasado 6 de mayo le asignó esquema de protección, tras la solicitud de la magistratura.
- Pese a que la abogada y sus dos escoltas fueron liberados, la JEP deja claro que se trató de un secuestro, toda vez que las tres personas fueron retenidas mediante coacción.
- La JEP rechaza categóricamente este acto violento y hace un llamado a las autoridades para proteger a defensores y equipos técnicos en las regiones para sostener el trabajo de la Justicia Transicional Restaurativa.
Bogotá, 20 de septiembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denuncia ante la opinión pública y las autoridades nacionales la grave situación de seguridad y la retención violenta de la que fue víctima la abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria, defensora de comparecientes de las antiguas Farc-EP. La abogada está vinculada en la Justicia Transicional mediante el convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD).
Los hechos ocurrieron en el sector del cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), mientras la abogada se desplazaba en desarrollo de sus labores de representación legal hacia La Plata (Huila). También tenía planeado atender a otros comparecientes en Florencia (Caquetá).
En el trayecto, sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encañonaron a sus ocupantes y sometieron a la abogada y a sus dos escoltas a una retención bajo coacción durante aproximadamente 40 minutos, en una vía destapada de la zona.
Luego, los agresores despojaron al esquema del vehículo blindado, las armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos, dejándolos incomunicados en el lugar. La JEP rechaza el hecho de violencia contra la abogada y sus esquema de seguridad y subraya que este hecho constituye un acto de intimidación en el ejercicio de la defensa judicial.
Asimismo, la Jurisdicción rechaza categóricamente cualquier intento institucional o mediático de restar gravedad al suceso o desvincular a la profesional del sistema de Justicia Transicional por el solo hecho de laborar mediante la modalidad de convenio.
Ante las constantes amenazas denunciadas por la abogada, la magistratura de la Jurisdicción ordenó la UNP garantizar su seguridad. En respuesta, el pasado 6 de mayo le fue asignado el esquema de protección.
Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura. La JEP exige al Gobierno Nacional y a la UNP la revisión inmediata de los esquemas y garantías de seguridad de todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la jurisdicción en las regiones de Colombia.
