“Hay en marcha una ominosa maquinaria que desalienta las contribuciones a la verdad": magistrado Eduardo Cifuentes ​

 

-  El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, aseguró que cuando los violentos silencian a los líderes sociales y los excombatientes de las Farc-EP se priva a los colombianos de importantes voces de liderazgo, transformación social y reconciliación, pero también compromete la consecución de la paz estable y duradera.

 

Bogotá, 19 de abril de 2021. Rendir un completo informe y adoptar una resolución defensorial que trace una hoja de ruta para ponerle fin a la grave situación de derechos humanos que enfrentan los líderes sociales y los excombatientes de las Farc-EP fue la solicitud que este lunes elevó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a la Defensoría del Pueblo. Así lo exigieron el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Eduardo Cifuentes; el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, en un acto público realizado hoy en Bogotá.

 

Ante los presidentes de las altas cortes y la comunidad internacional, el magistrado Cifuentes realizó una completa y pormenorizada radiografía de la grave situación de derechos humanos que enfrentan estas dos poblaciones en riesgo y reiteró que la Defensoría del Pueblo cuenta con las suficientes herramientas y redes de apoyo para realizar un informe completo y objetivo de lo que está pasando. “A esto se agrega el magisterio moral que le permite emitir recomendaciones que trascienden los intereses inmediatos y apuntan a plantear los remedios de fondo que su conciencia dictamine a la luz de los hechos, las violaciones y amenazas de los derechos humanos", señaló el magistrado Cifuentes.

 

A su juicio, el carácter no vinculante de las recomendaciones que eventualmente haga el Defensor constituye la mayor garantía del trabajo que debe desempeñar esta entidad de cara a la Nación. Por eso, recalcó que en este momento no se trata de “aplicar violencia a la violencia, sino primero, y ante todo, de saber cómo hacer uso de la violencia legítima del Estado y de todos los recursos y medios del Estado social de derecho para proteger la vida de miles de colombianos hoy atrapados en medio de una violencia impuesta por factores reales de poder que el Estado no ha podido neutralizar ni aplacar".

 

Tanto el presidente de la JEP como las otras dos cabezas del Sistema Integral insistieron en que la solicitud no busca suscitar un espacio de confrontación con el Gobierno Nacional, ni desconocer los esfuerzos que hasta ahora se han hecho, sino redoblar esfuerzos y avanzar con una acción eficaz e inmediata del Estado, no retórica, que acabe con estos asesinatos selectivos. Es decir, que se adopten nuevas políticas, se revisen las actuales y que, a la mayor brevedad, se incorporen remedios efectivos, que permitan atender la grave afectación de derechos, en especial a la vida, tanto de los líderes sociales como de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

 

En ese sentido, el magistrado Cifuentes recalcó durante su intervención que el actual contexto de violencia creciente que se está presentando en los territorios amenazan la misionalidad de la JEP, la CEV y la UBPD. Se están generando múltiples factores de riesgo que son incompatibles con su normal funcionamiento. Esto se debe, precisamente, a que las zonas donde el vacío de Estado es evidente es difícil llegar y trabajar conjuntamente con la comunidad. Allí, el vacío institucional es suplido con el ejercicio de una violencia que “el Estado Ausente no puede obviamente controlar", agregó.

 

De acuerdo con el magistrado Cifuentes, los asesinatos de líderes sociales vienen en aumento desde la firma del Acuerdo Final de Paz y suman 904.  De acuerdo con el informe del Sistema de Monitoreo de Riesgo, hay documentadas 334 amenazas de muerte, 99 tentativas de homicidio, 32 desplazamientos forzados, 31 secuestros, 13 desapariciones y 12 masacres entre 2016 y 2020. Frente a los excombatientes de las Farc, el presidente de la JEP advirtió que se han presentado 276 homicidios entre el 1 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021. De estos, 253, fueron contra personas que comparecían ante la jurisdicción.

 

El magistrado Cifuentes también dijo que las políticas de acción integral trazadas en el Acuerdo Final no han sido implementadas a fondo, y ese es uno de los principales detonantes de la violencia. Uno de los puntos que más preocupa es que no se recuperaron las zonas que controlaban las Farc-EP. Este fenómeno constituye una barrera de acceso a la justicia transicional y puede llegar a convertirse en un muro infranqueable a las aspiraciones de víctimas y comparecientes enderezadas a la verdad, la justicia y la reparación.

 

Finalmente, el magistrado Cifuentes recalcó que cuando se silencian estas dos poblaciones no solo se vulneran sus derechos y los de sus familias, sino que se priva a la sociedad colombiana de un irremplazable fragmento de verdad y una fuente de reparación. “Con la muerte de la persona, se extingue, asimismo, el mundo como esta lo percibía. Su consciencia, conocimiento y proyectos quedan atrapados en el cuerpo sin vida, y son sepultados con él. Toda contribución actual o posible a la verdad y a la reconciliación es personalísima e irremplazable", concluyó. ​​