JEP FIJA LAS FECHAS PARA LAS
AUDIENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE SECUESTRO Y DE ‘FALSOS POSITIVOS’ - CATATUMBO
- La audiencia de reconocimiento del
Secretariado de las Farc-EP por su responsabilidad en secuestro se realizará en
Bogotá durante los días 28 y 30 de marzo y el 1de abril. Se trasmitirá por
Canal Capital y por www.jep.gov.co
- El 21 y 22 de abril, se llevará a cabo
la audiencia de reconocimiento de 10 miembros de la fuerza pública, incluidos
un General, cuatro Coroneles y otros cinco oficiales y suboficiales, y el tercero
civil reclutador, imputados por ‘falsos positivos’.
- En julio, la JEP emitirá la
resolución de conclusiones de cada uno de estos casos para que el Tribunal de
Paz proceda con la imposición de las primeras sanciones.
Bogotá, 24
de febrero de 2022. Los miembros del antiguo
Secretariado de las Farc-EP responsables de más de 21.000 secuestros y los diez
miembros de la fuerza pública, además de un tercero civil, que fueron imputados
por el asesinato de, por lo menos, 120 personas en estado de indefensión para
ser presentados como bajas en combate en
Catatumbo (Norte de Santander) fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad a participar en las primeras audiencias públicas de
reconocimiento que realizará la JEP desde cuando entró en funcionamiento.
En Bogotá,
durante
el 28 y 30 de marzo y el 1 de abril, se llevará a
cabo la primera audiencia pública de reconocimiento. En presencia de
organizaciones víctimas que han participado en el proceso judicial, las instituciones
del Estado y la sociedad civil, que podrán seguir la diligencia en vivo, los
máximos responsables de la extinta guerrilla, dentro del caso 01, conocido como
secuestro, tendrán que dar a conocer si reconocen o no su responsabilidad
frente al país por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la
libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.
A través
del Auto 019 de 2021, de Determinación de Hechos y Conductas, la magistratura también les había imputado
otros graves crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio,
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y
desplazamiento forzado. De acuerdo con los
hallazgos, las Farc-EP ejecutaron los secuestros con tres finalidades: 1) financiar sus operaciones militares, 2) forzar el intercambio de
guerrilleros presos y 3) secuestrar para controlar el territorio donde hicieron
presencia.
Para
llegar a este momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastó 17
informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que
participaron 257 comparecientes. Un total de 1.028 víctimas, de las 2.456
acreditadas, hicieron observaciones a las versiones. La Sala de Reconocimiento también
incluyó en la contrastación la información aportada por la Fiscalía General de
la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta
guerrilla en diversas operaciones militares. Además, tras hacer pública la
imputación, ordenó 16 audiencias territoriales y nacionales, en las cuales se
garantizó la participación de las víctimas. En el caso 01 están acreditadas
2.899 víctimas y de estas, 300 presentaron observaciones al reconocimiento
escrito que hizo el antiguo Secretariado de las Farc-EP.
SEGUNDA AUDIENCIA DE RECONOCIMIENTO
La segunda
audiencia de reconocimiento de verdad se llevará a cabo el 21 y 22 de abril. El
lugar, la metodología y el programa de la audiencia se están concertando con
las víctimas, en el marco del proceso restaurativo que puso en marcha la JEP
con el Auto 208 de 2021. Allí, frente a las víctimas y el país, 10 máximos
responsables de la fuerza pública, entre ellos un general y 4 coroneles, además
de un tercero civil, imputados dentro del caso 03, conocido como el de ‘falsos
positivos’, tendrán la oportunidad de reconocer su responsabilidad por el
crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa
humanidad de asesinato y desaparición forzada.
A través
del Auto 125 de 2021, de Determinación de Hechos y Conductas, los magistrados
concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos
delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra
la población civil. De acuerdo con la investigación, los crímenes no hubieran
ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin
la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes
sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”.
Para
llegar a este momento, la Sala contrastó 8 informes, 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales,
incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares), las
observaciones de las víctimas acreditadas y de la Procuraduría a las versiones.
También hubo inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria
y 28 de la jurisdicción penal militar, así como la contrastación y análisis de
258 libros de documentos oficiales obtenidos en los archivos de la
Brigada 30 y del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula
Santander'.
¿QUÉ VA A PASAR EN LA AUDIENCIA?
Tanto el antiguo
Secretariado de las Farc-EP como los 10 miembros de la fuerza pública, además
del tercero civil, deben pasar del reconocimiento escrito, que presentaron en
abril y diciembre de 2021, respectivamente, al reconocimiento público ante la
justicia, las víctimas y el país de los crímenes de guerra y de lesa humanidad
que la JEP les imputó a través del Auto 019 de 2021 que investiga: “Toma de
rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, así como del Auto 125
sobre “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en
combate por agentes del Estado”.
En el primer caso, los
comparecientes de las Farc-EP han reiterado su voluntad de avanzar en el
proceso dialógico y de reconocer tanto los hechos como los daños causados a las
víctimas. Se refirieron a su trabajo de preparación de la mano de su equipo
psicosocial y el despacho relator para abordar de manera adecuada las demandas
de verdad y de reconocimiento, pero manifestaron su inconformidad por la
adición a las conductas determinadas por la Sala con el crimen de lesa
humanidad de esclavitud, aclarando que no pretendían negar o desconocer los
hechos y conductas ya reconocidos o el daño causado a las víctimas por ello.
Por otro
lado, en sus escritos de reconocimiento por los crímenes cometidos en el
Catatumbo, el general ( r ) Paulino Coronado, cuatro coroneles, cinco oficiales
y suboficiales más, y un tercero civil han reconocido de manera individual y
voluntaria su participación en los hechos, expresaron su decisión de ampliar
sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y
manifestaron su voluntad de reconocer verdad y, en algunos casos, aportaron
nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda
de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en sus objetivos.
Precisamente,
a través de las audiencias públicas de reconocimiento, la Sala busca además
contribuir a restaurar los daños causados por los responsables. Por eso se
espera que, durante las diligencias, los comparecientes: 1) Aporten verdad plena,
detallada y exhaustiva. 2) Reconozcan la naturaleza criminal no amnistiable de
los hechos y conductas en las que participaron como máximos responsables y, además,
3) Su reconocimiento debe responder a la gravedad de las conductas con el
reproche moral que implica el supuesto de abstenerse de justificarlas, reconocer
el daño causado, aceptar la responsabilidad individual y dar cuenta de la
voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes.
¿QUÉ SIGUE DESPUÉS?
En
caso de que haya reconocimiento, además de verdad plena, detallada y
exhaustiva, la Sala debe producir en los siguientes tres meses las respectivas resoluciones
de conclusiones ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del
Tribunal para la Paz. Así mismo, en ambos casos se solicita a la Fiscalía
General de la Nación que remita a la JEP la totalidad de las investigaciones
que tenga sobre dichos hechos y conductas, como lo prevé expresamente la ley.
Una
vez se expida la resolución de conclusiones, los casos de secuestro contra el antiguo
Secretariado de las Farc-EP y los miembros de la fuerza pública imputados en el
subcaso Norte de Santander, que investiga falsos positivos, pasarán a manos del
Tribunal para la Paz, que impondrá las sanciones estipuladas por la Ley.
