COMUNICADO 059 de 2022

JEP IMPUTA LA COMISIÓN DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE GUERRA A DIEZ INTEGRANTES DEL EJÉRCITO NACIONAL POR LOS HECHOS RELACIONADOS CON LOS ASESINATOS Y LAS DESAPARICIONES FORZADAS PERPETRADAS EN EL CEMENTERIO LAS MERCEDES (DABEIBA): TRES CORONELES, TRES MAYORES, 3 SUBOFICIALES Y UN SOLDADO PROFESIONAL

• Debido a la inexistencia de informes oficiales y de víctimas, la destrucción de documentos operacionales, y los muy precarios avances (archivos) de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP.

• Ante la JEP, miembros del BCG-26 Arhuacos, agregados a la 4ª Brigada, comandada por el Brigadier General Mario Montoya Uribe, implicados en el asesinato fuera de combate y desaparición forzada del joven Edison Lexander Lezcano (quienes jamás habían sido imputados por la justicia colombiana), aceptaron su participación en el crimen.
  
   
• Los crímenes relacionados con los cementerios de Dabeiba e Ituango, se encontraban en la impunidad. Los comparecientes ante la JEP, asumiendo un compromiso con la verdad y las víctimas, decidieron confesar espontáneamente la comisión de delitos por los cuales jamás habían sido investigados e involucraron a máximos responsables, quienes tampoco habían sido judicializados. De igual manera, si bien algunos familiares habían recibido una indemnización económica por parte del Estado, no conocían el paradero de sus seres queridos, la verdad sobre lo sucedido, ni a los responsables de los crímenes.
  
   
• Ninguna de las víctimas exhumadas, identificadas y entregadas dignamente pertenecieron a un grupo armado ilegal.
  
   
• El Subteniente Jesús Javier Suárez Caro fue víctima de un atentado que le costó la vida por parte de sus propias tropas, en el marco de una situación de combate y siendo uno de los propósitos del comandante generar terror en el seno del BCG-79 e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal.
  
   

• Además de las imputaciones, la Sala de Reconocimiento remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a un Coronel, dos capitanes, dos sargentos, once soldados profesionales y un intendente de la Policía Nacional. Lo anterior por su involucramiento en los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en los cementerios de Dabeiba, Ituango y Carepa.
  
   
• La investigación continúa en relación con otras temporalidades y otros máximos responsables en el caso 04.

Bogotá, 27 de julio de 2022. La Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, conforme al Código Penal colombiano y al Estatuto de Roma, a integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), a miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79), así como al Comandante de la Brigada Móvil 11 (BRIM 11), por crímenes perpetrados en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre los años 2002-2006.

Se identificaron víctimas exhumadas en diligencias de entrega digna y se recabaron reconocimientos de responsabilidad y patrones criminales asociados a cuatro (4) batallones dentro de un espectro de tiempo entre 1997 y el año 2006, así como declaraciones que se refieren a hechos ocurridos en otros territorios hasta 2010, los cuales comprometen a miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, por estrategia de priorización y cuestiones metodológicas, en este ADHC sólo se resolvió la situación jurídica de integrantes del BCG 79, la BRIM 11 y el BCG 26, absteniéndose de hacerlo en relación con quienes formaron parte del Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot (BIGIR), adscrito a la Brigada 4  y de quienes pertenecieron al Batallón de Ingenieros No. 17 General Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada 17 del Ejército Nacional de Colombia. En tal sentido, la investigación, y futuras imputaciones, quedaron a cargo del  macrocaso territorial 04.

La Sala encontró bases suficientes para imputar como máximos responsables por jerarquía a tres coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos), dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26), Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79). De igual manera, se atribuye responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado.

PARTICULARIDADES  CASO CONJUNTO

El caso sobre asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba ofrece las siguientes notas características:

• Se trata del primer caso conjunto de la Sala de Reconocimiento, es decir, un escenario de priorización en el cual confluye un macrocaso nacional (03) con uno territorial  (04). Se articulan por tanto las lógicas y las metodologías del examen de fenómenos de alcance nacional (ejecuciones extrajudiciales) con las particularidades y la evolución del conflicto armado en los territorios (Urabá).

• Los aportes a verdad de los comparecientes de la fuerza pública, sobre elementos contextuales, dinámicas del conflicto armado en el cañón de La Llorona y Dabeiba, fueron contrastados con los relatos de los comparecientes de las extintas FARC-EP, así como con aquellos de comandantes del Bloque Élmer Cárdenas, entre ellos, David Antonio Úsuga (alias Otoniel), hallando profundas coincidencias entre todos ellos.

• De igual manera, los referidos aportes fueron contrastados con los hallazgos forenses derivados de la intervención científica que desplegó la Sala en el cementerio (vgr. lugares de inhumación, número de víctimas, contextos funerarios atípicos, tipos de heridas que presentan los cuerpos, amarres, bolsas negras, etcétera), habiendo encontrado numerosas concordancias.

• A lo largo de la investigación, la Sala de Reconocimiento se articuló con diversos órganos de la JEP, para distintos fines: (i) la SAR decretó medidas cautelares sobre el cementerio Las Mercedes; (ii) el UIA realizó las exhumaciones y la recuperación de cuerpos en el cementerio de Dabeiba,  y asimismo, elaboró un informe de contexto; y (iii) la SDSJ tramitó el sometimiento de los comparecientes de la fuerza pública.
  
   
• De igual manera, la Sala de Reconocimiento se articuló con las siguientes entidades: (i) el INMLCF, lo cual permitió la identificación y entrega digna de ocho (8) víctimas; (ii) con la FGN, lo cual condujo a la identificación y entrega digna de tres (3) víctimas adicionales del conflicto armado; (iii) así como con la UBPD, la UARIV, la Gobernación de Antioquia, las Alcaldías de Medellín y Dabeiba, entre otras.

PATRONES MACROCRIMINALES Y HECHOS ILUSTRATIVOS

A lo largo de la investigación del caso conjunto se lograron identificar tres patrones macrocriminales. Dado que a cada uno de ellos se asocian diversas conductas delictivas, la Sala de Reconocimiento empleó la técnica de los “hechos ilustrativos", consistente en relatar, con mayor grado de detalle, uno o varios de aquellos sobre los cuales se alcanzó un mayor grado de esclarecimiento y que se encontraban en total impunidad. De allí que no se trate de una investigación del “caso a caso", propia de la justicia ordinaria.

El primer patrón determinado se refiere a un conjunto de homicidios perpetrados contra personas puestas fuera de combate (desmovilizados), así como asesinatos de víctimas señaladas previamente como auxiliadores, informantes o milicianos de la guerrilla, con la finalidad de exterminar al enemigo identificado a partir del prejuicio insurgente sobre los campesinos de la región, entre los años 1997 y 2005. Lo anterior en un contexto de fuertes alianzas entre agentes estatales e integrantes de grupos paramilitares, con un transfondo de presión por resultados operacionales (bajas), así como por el tráfico de armas y drogas por la región de Urabá.

Dos hechos ilustran este primer patrón macrocriminal:

• El asesinato y la desaparición forzada, perpetrados el 14 de noviembre de 1997, contra el joven Eliécer de Jesús Úsuga Manco (menor de 12 años), el señor Félix Antonio Manco (75 años), el joven Wilson Manco Úsuga (26 años) y el joven Alveiro Úsuga Uribe (22 años), acusados por los paramilitares de auxiliadores de la guerrilla y ladrones de ganado, sacados de sus casas con tropas conjuntas de militares y paramilitares, asesinados por soldados de La compañía Delhuyer y dos de ellos presentados como muertos en combate e inhumados en el Cementerio Las Mercedes. Las víctimas fueron inhumadas, identificadas y entregadas dignamente por la JEP, salvo el cuerpo del señor Félix Antonio Manco, desaparecido en condiciones que hacen imposible su rescate.

• El asesinato y la desaparición forzada del joven Edison Lexander Lezcano Hurtado, perpetrada el 18 de mayo de 2002, cuyo cuerpo fue inhumado en el cementerio Las Mercedes, identificado por el INMLCF y entregado dignamente por la JEP a sus familiares el 17 de febrero de 2020. Por estos hechos, la JEP imputa responsabilidad, en calidad de coautores, al Coronel Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos), a los Mayores  Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, y remitió a la SDSJ al soldado profesional Richard de Jesús Barroso Torres.

El segundo patrón hallado coincide con el señalado en otros sub-casos referidos a territorios críticos del Caso 03 y demuestra hechos repetidos y uniformes de homicidio contra civiles, de nuevo, con el fin de presentar resultados operacionales y demostrar control territorial, entre los años 2005 y 2007, en un contexto de desmovilización de grupos paramilitares, entre víctimas que no son consideradas enemigo, pero si percibidas como “ fungibles", traídas bajo engaño y trasladadas en transportes intermunicipales desde Turbo, Medellín y otras localidades, hasta el lugar donde se les daría muerte. El caso ilustrativo es el siguiente:

Al joven reservista y desempleado de Medellín, Jhon Jarvi Cañas Cano, lo mataron al bajarse de un bus urbano que venía de Medellín, en un retén del BCG 79, cuando venía con los sargentos Jaime Coral y Fidel Ochoa, quienes lo habían convencido de viajar para aceptar un trabajo como obrero en una despulpadora de fruta en Dabeiba. La tropa no había dado bajas en un mes y necesitaban presentar resultados porque la presión era muy alta.

El comandante del batallón, entonces mayor David Herley Guzmán Ramirez organizó el retén, disparó contra la víctima y supervisó a sus subalternos para que vistieran al cadáver, falsearan la escena del crimen, destruyeran las piezas de identidad y efectos personales de la víctima e inhumaran el cuerpo como guerrillero muerto en combate sin identificación. Los grupos paramilitares del Frente Dabeiba aportaron los pertrechos militares para falsear la escena del crimen.

Por decisión del Comandante Guzmán Ramírez el cuerpo fue conducido a Carepa y no a Dabeiba, por temor a que los familiares de la víctima encontraran fácilmente la pista y recuperaran el cuerpo.

El tercer patrón criminal determinado, de carácter autónomo y transversal, se encuentra conformado por un amplio espectro de hechos repetidos y uniformes de desaparición forzada, perpetrados en los cementerios de Dabeiba e Ituango, durante muchos años (el primer crimen esclarecido data de 1982 y los demás casos promedian los 20 años), con la finalidad inmediata de encubrir los homicidios cuya ilegalidad es conocida por sus autores, impidiendo la identificación de las víctimas y con el propósito estratégico de reforzar la idea de control territorial. El caso ilustrativo es el siguiente:

El joven Jorge Andrés Ortíz Zapata, desempleado trasladado de Medellín, fue asesinado el 23 de marzo de 2007 y presentado por miembros del BCG-79 como un “bandido de las FARC-EP" dado de baja en combate en el cañón del Mohán, jurisdicción de Dabeiba, Antioquia. Posteriormente, fue desaparecido en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, por la misma unidad militar. Gracias a un aporte a la verdad plena de un compareciente de fuerza pública, la JEP recuperó el cuerpo de la víctima y la entregó dignamente a sus familiares.

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PRINCIPALES HALLAZGOS FORENSES EN EL CEMENTERIO LAS MERCEDES (DABEIBA)

A lo largo de cuatro jornadas, la UIA intervino un total de 29 fosas y una bóveda, correspondientes a setenta y cinco (75) hallazgos forenses. Posteriormente, el INMLCF determinó que aquéllos correspondían a cuarenta y nueve (49) cuerpos.

La UIA encontró lo siguiente: (i) enterramientos colectivos (78.38%); (ii) cadáveres depositados en bolsas negras o con emblemas de la Policía Nacional; (ii) distintivos de unidades militares (Batallón Arhuacos); (iii) cadáveres en los que se valoró, preliminarmente, lesiones traumáticas de temporalidad peri-mortem o circun-mortem, producidas por un mecanismo de alta energía compatible con proyectiles de arma de fuego; y (iv) cadáveres en los que se encontraron características y elementos asociados que permitieran inferir contextos de muerte violenta (amarres en manos y pies, mordazas, vendas).

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL CEMENTERIO LAS MERCEDES (DABEIBA)

La JEP constató la existencia de un conjunto de graves irregularidades en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, las cuales ayudaron a que, por años (desde 1982 y hasta el 2010), se convirtiera en un lugar “ideal" para perpetrar el crimen de desaparición forzada: (i) inexistencia de unos lugares de inhumación, debidamente demarcados para personas no identificadas, cuyos cuerpos eran enterrados de forma aleatoria por todo el cementerio; (ii) autorización, hacia el año 2016, de la realización de unas labores de “embellecimiento" del camposanto, apoyadas por efectivos de la Brigada XVII del Ejército Nacional, incluida la plantación de árboles, aplicación de pintura blanca sobre todas las cruces y reescritura de los datos existentes sobre las mismas; (iii) ausencia de registros sobre inhumaciones y exhumaciones; y (iv) falta de controles sobre las labores realizadas en la morgue. Todo lo anterior, en un contexto de fuerte disputa, entre todos los actores del conflicto armado, por el control sobre el municipio de Dabeiba y el cañón de La Llorona.

EL UNIVERSO DE VÍCTIMAS DEL CASO CONJUNTO

El universo inicial de víctimas del caso corresponde con 508 necropsias obtenidas en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba, entre los años 1995 y 2008. El 98% de las muertes fueron causadas con arma de fuego.

Luego de constrastar información, la JEP considera que los integrantes del BGC 26 Arhuacos, el BGC 79 y el Comandante de la BRIM 11 son responsables por el asesinato y la desaparición forzada de 46 víctimas, asociadas en 23 hechos, relacionados con los cementerios de Dabeiba e Ituango. Adicionalmente, la Sala determinó verdad y responsabilidad acerca del asesinato del subteniente Suárez cometido por las propias tropas.

Hasta el momento, y en el curso de una investigación adelantada en un corto periodo de tiempo, las órdenes proferidas por la JEP permitieron recuperar, identificar y entregar dignamente en diligencia restaurativa a ocho (8) víctimas inhumadas en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, y a tres (3) más conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación:

• 17 de febrero de 2020: Edison Lezcano Hurtado (campesino de Dabeiba desaparecido en 2002)

• 10 de noviembre de 2020: Eliécer de Jesús Manco Úsuga (12 años) y Alveiro Úsuga Uribe. (campesinos de Dabeiba, desaparecidos en 1997)
  
   
• 10 de noviembre de 2020. Yulieth Andrea Tuberquia (16 años) y Nelson Antonio Goez Manco –entregados conjuntamente con la FGN- (reclutados por FARC).
  
   
• 25 de septiembre de 2021: Wilson Jairo Manco Úsuga (campesino de Dabeiba, desaparecido en 1997) y Ormedis Zapata Durango (Joven de 14 años de edad, entregado conjuntamente con la FGN, desaparecido desde 2012)
  
   
• 20 de febrero de 2022: José Antonio Quesada Alian (desempleado de Medellín, desaparecido en 2002)
  
   
• 13 de mayo de 2022: Germán Darío Flórez Jiménez (desempleado de Medellín, desaparecido en 1982)
  
   
• Por medio de este Caso conjunto, la Sala de Reconocimiento de la JEP seguirá haciendo aportes concretos a la construcción de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto colombiano. Anunciamos, en este marco, las próximas diligencias de entrega digna y restaurativa que tendrán lugar en el municipio de Dabeiba y la ciudad de Medellín, los días 1 y 2 de agosto de 2022, respecto de las víctimas identificadas Jorge Andrés Ortíz Zapata y Oscar de Jesús Durango Pino.
  
   
• Hacia el futuro, se conocerán nuevas líneas de investigación contra el Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot (BIGIR), adscrito a la Brigada 4 y el Batallón de Ingenieros No. 17 General Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada 17 del Ejército Nacional de Colombia, aquí investigados. Igualmente, se continuará sobre la línea de intervención de cementerios, como el cementerio de Ituango, Antioquia, en la medida en que el orden público lo permita y es posible que más personas sean identificadas.
  

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