Bogotá, 17 de enero de 2019. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con motivo de su primer año de funcionamiento, realizó este miércoles 16 de enero el encuentro "JEP y víctimas. Balance y proyección". Allí se presentaron públicamente los avances en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, respondiendo a las exigencias de justicia y respetando las garantías del debido proceso y seguridad jurídica de las víctimas, los comparecientes y la sociedad.
El evento tuvo lugar en el espacio de memoria que alberga 'Fragmentos', obra de la maestra Doris Salcedo, quien con mujeres víctimas del conflicto armado, fundieron las más de 8 mil armas que entregaron los ex combatientes de las Farc-EP. En este escenario, de fusiles silenciados, la JEP le contará al país y a la comunidad internacional cómo ha trabajado en una justicia que restaura y sana las heridas, después de medio siglo de guerra.
Los resultados
Un año después del inicio de las labores de la magistratura, 11.675 personas han suscrito acta de sometimiento ante la JEP; de este total 9.687 son excombatientes de las Farc-EP, 1.938 de la fuerza pública, 38 de agentes del Estado y 12 de protesta social. La Jurisdicción recibió 168 informes que fueron entregados por parte de organizaciones de víctimas y entidades del Estado, sobre hechos ocurridos en contexto y en razón del conflicto armado. A partir de esta información la JEP abrió sus primeros cinco grandes casos.
Todos estos avances se han materializado escuchando las voces de las víctimas, quienes históricamente han sido excluidas, y fortaleciendo las relaciones con las organizaciones sociales y los entes territoriales, hasta ahora, en 19 zonas del país.
En este proceso ha sido fundamental el desarrollo del marco normativo constitucional y legal de la JEP, que ya cuenta con una Ley de Procedimiento, el Reglamento Interno, una Ley de Amnistía e Indulto, y una ley estatutaria ad-portas de ser sancionada por el Presidente de la República, normas revisadas por la Corte Constitucional. Esto ha garantizado que en la JEP se avance en un modelo de justicia transicional con rigor, con vocación de reconciliación, con responsabilidad y con pleno apego a la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
Estos avances no hubieran sido posibles sin el acompañamiento de las víctimas y de la comunidad internacional, y el respaldo y seguimiento de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional (CPI).
